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Silvana Carrión denunció que el alcalde de Lima la presionó con mensajes y amenazas mediáticas para que respalde la estrategia legal de la municipalidad en un litigio internacional.
La exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, denunció al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por presuntos actos de hostigamiento vinculados al denominado caso Discovery, un litigio en tribunales de Nueva York. De acuerdo con los documentos que presentó a la Procuraduría General del Estado (PGE), Carrión habría recibido insistentes mensajes en los que el burgomaestre exigía el “apersonamiento” de la Procuraduría ad hoc en la demanda contra la empresa Brookfield, vinculada a la concesión de peajes de Rutas de Lima.
Antecedentes del caso
La controversia judicial internacional se originó tras la presentación de la municipalidad de Lima contra la compañía Brookfield, en el marco de la concesión de peajes cuestionada por supuestos perjuicios económicos. Según Carrión, López Aliaga buscaba que la Procuraduría ad hoc, encargada exclusivamente de los procesos vinculados al caso Lava Jato, se sumara al litigio en Estados Unidos, lo que habría excedido las funciones asignadas a esa oficina.
La exfuncionaria sostiene que esa exigencia vulneraba los principios de autonomía y objetividad de la defensa jurídica del Estado.
Los mensajes de presión
En los chats que Carrión presentó como prueba se leen expresiones del alcalde como: “Este tema es URGENTE. Me estás obligando a salir a la prensa a denunciar este comportamiento”. La exprocuradora asegura que las comunicaciones, enviadas a fines de mayo y junio de este año, aumentaron en tono y frecuencia cuando no accedió a las solicitudes.
Según su informe, los hostigamientos se trasladaron luego al ámbito público mediante una campaña mediática articulada con congresistas y medios afines a Renovación Popular. Estas acciones, denunció Carrión, tenían como objetivo desacreditarla y generar presión para su apartamiento del cargo.
Estrategia de presión política y mediática
En el informe 010-2025, remitido a la PGE, Carrión describe que la ofensiva política incluyó declaraciones del propio alcalde en entrevistas, en las que la calificó de “ignorante”, así como titulares en medios que la responsabilizaban de supuestas pérdidas millonarias para el Estado. Además, congresistas vinculados a Renovación Popular habrían exigido públicamente su destitución.
La exprocuradora subrayó que la presión directa desde la alcaldía y el respaldo político de legisladores evidencian una “interferencia política” en las decisiones de la Procuraduría.
Destitución de Carrión
El 9 de junio, la Procuraduría General del Estado oficializó la salida de Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lava Jato, alegando pérdida de confianza. La decisión coincidió con los reiterados pedidos de López Aliaga para su retiro.
En declaraciones a Canal N, Carrión afirmó: “Lo que ha ocurrido confirma que no fue una evaluación técnica, sino el resultado de presiones externas encabezadas por el alcalde de Lima y congresistas de su partido”. La abogada añadió que informó oportunamente a la PGE sobre las amenazas recibidas, sin que se adoptaran medidas de protección a su independencia funcional.
Implicancias institucionales
El caso genera preocupación en torno a la autonomía de la Procuraduría General del Estado y la posibilidad de interferencia política en procesos de alto impacto económico y judicial. Diversos especialistas han advertido que una eventual instrumentalización de la defensa del Estado en litigios internacionales podría debilitar la credibilidad de las instituciones peruanas en tribunales extranjeros.
Próximos pasos
La denuncia de Carrión será evaluada por instancias internas de la PGE y podría derivar en investigaciones sobre presunta coacción y abuso de autoridad. Mientras tanto, López Aliaga no se ha pronunciado oficialmente sobre los documentos presentados, aunque en ocasiones previas defendió su derecho a exigir acciones “en defensa de los intereses de Lima”.
Panorama
La controversia refleja la tensión entre la defensa técnica del Estado y la presión política en casos de alta exposición pública. La salida de Silvana Carrión del cargo abre interrogantes sobre la independencia de la Procuraduría en futuros litigios y sobre el alcance de las denuncias de hostigamiento contra el alcalde de Lima.
