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Citas no registradas del presidente con proveedor del Estado, vinculado a obras públicas, son analizadas por penalistas y autoridades fiscales.
Las reuniones no registradas del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua “Tío Johnny” Yang, proveedor del Estado y vinculado a constructoras bajo investigación fiscal, han abierto un frente legal y político de alto impacto. Las citas, difundidas en videos periodísticos y no consignadas en la agenda oficial, han motivado cuestionamientos jurídicos sobre su legalidad y derivado en pronunciamientos de penalistas que advierten posibles infracciones administrativas y penales.
Antecedentes y contexto
La controversia se originó tras la difusión de nuevos videos por el programa “Beto a Saber” de Willax, que muestran al presidente Jerí ingresando en horarios inusuales a dos locales comerciales del empresario Zhihua Yang: un restaurante en San Borja y un establecimiento en las inmediaciones de la calle Capón, en el Cercado de Lima.
Las imágenes confirman la existencia de encuentros no registrados en la agenda presidencial, un punto crítico dado que Yang mantiene contratos vigentes con el Estado peruano, tanto de manera directa como a través de empresas propias y su participación como subcontratista de consorcios chinos adjudicatarios de obras públicas.
El comunicado del empresario y las contradicciones
Tras la difusión de los videos, Zhihua Yang emitió un comunicado público —cuya autoría no ha sido desmentida— en el que negó haber solicitado favores o beneficios al jefe de Estado.
“Niego tajantemente haber solicitado algún favor al señor presidente de la República”, señaló Yang, añadiendo que las visitas del mandatario a sus locales “no fueron coordinadas” y que en ellas “no se trataron temas comerciales o empresariales”.
Sin embargo, esta versión resulta contradictoria con las declaraciones de sus entonces abogados, Edwin de la Cruz Ponce y Elio Riera, quienes afirmaron públicamente que era el propio presidente Jerí quien solicitaba los encuentros. Posteriormente, Yang comunicó que ambos letrados ya no lo representaban legalmente.
El empresario tampoco ha explicado el motivo de las reuniones ni ha aclarado su relación con las constructoras chinas actualmente bajo investigación fiscal.
Condición de contratista estatal
La gravedad del caso radica en la condición de Yang como proveedor del Estado. Registros oficiales muestran que:
- América Sam, empresa de su propiedad, obtuvo contratos por S/2,1 millones.
- Construcciones Capón, otra de sus firmas, registra contratos por S/4,2 millones.
- Hidroeléctrica América, también vinculada a Yang, ganó la concesión de la central Pachachaca (Apurímac) por US$24,4 millones.
Adicionalmente, Yang ha actuado como subcontratista de consorcios chinos que ganaron adjudicaciones del programa Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Vínculos con constructoras chinas bajo investigación
Según la colaboradora eficaz Karelim López, Zhihua Yang mantenía vínculos con empresas chinas que obtuvieron contratos durante el gobierno de Pedro Castillo, a través de intermediarios cercanos al entorno presidencial de entonces.
Documentos oficiales confirman que Construcciones Capón integró un consorcio con China Railway Nº10 Engineering Group para proyectos viales, y que posteriormente Yang actuó como subcontratista en obras adjudicadas por más de S/190 millones.
Dos de las empresas chinas mencionadas —China Railway Nº10 y China Railway Tunnel Group— figuran entre las investigadas en el denominado “Caso Sarratea”.
Aspecto legal: reuniones fuera de agenda
La normativa vigente permite que los funcionarios públicos sostengan reuniones con contratistas del Estado únicamente si estas son registradas y transparentadas. En este caso, las citas no figuran en la agenda presidencial ni cuentan con actas oficiales.
De acuerdo con especialistas consultados, esta omisión podría configurar infracciones administrativas y, dependiendo de la existencia de beneficios posteriores, eventuales delitos penales.
Evaluación de penalistas
El abogado penalista Mario Amoretti sostuvo que:
“Basta la promesa o la entrega de cualquier beneficio para que se configure un delito. Las imágenes muestran un encuentro clandestino, fuera de las normas, entre un funcionario público y un contratista del Estado”.
Por su parte, el penalista Miguel Reyes Arrese explicó que:
“Si después de una reunión se otorga una buena pro o se emite una norma favorable, podría configurarse colusión agravada. Desde el punto de vista administrativo, no registrar reuniones constituye una infracción”.
Implicaciones políticas y administrativas
El caso ha intensificado la presión política sobre el Ejecutivo, en un contexto de fragilidad institucional y creciente escrutinio público. Diversos sectores del Congreso han solicitado explicaciones formales al presidente Jerí, mientras que gremios empresariales han mantenido, hasta el momento, una postura mayoritariamente reservada.
En paralelo, el Ministerio Público evalúa el alcance de las reuniones y la posible existencia de tráfico de influencias o patrocinio ilegal, a partir del material audiovisual y los contratos vinculados a Yang.
Próximos escenarios
Las investigaciones fiscales y el análisis administrativo podrían derivar en:
- Determinación de responsabilidades por omisión de registro.
- Evaluación de posibles beneficios indebidos.
- Eventuales procesos penales si se acreditan actos posteriores favorables al empresario.
El desarrollo del caso dependerá de la trazabilidad de decisiones estatales posteriores a las reuniones y de la documentación que logre recabar el Ministerio Público.
Panorama
Las reuniones no registradas entre el presidente José Jerí y Zhihua Yang, contratista del Estado con vínculos a constructoras chinas investigadas, han colocado al Ejecutivo bajo un escrutinio legal y político creciente. Mientras el empresario niega irregularidades, las evidencias audiovisuales y los contratos vigentes mantienen abiertas interrogantes que ahora están en manos de las autoridades competentes.
