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Se llevaron cámara y computadora, pero dejaron otros materiales valiosos
Más de un año después de que se revelara que era espiado por el gobierno, Jorge Del Castillo fue víctima de un robo en el local de campaña de Alianza Popular, en San Isidro. El aprista señaló que era un hecho muy raro, ya que habían dejado en el lugar artículos de valor sin tocar.
El electo congresista de la República y dirigente del partido de la estrella denunció el delito contra una oficina en San Isidro que hasta hace poco funcionaba como local de campaña de la candidatura presidencial de Alan García.
Según informó una televisora local, habrían sido dos hombres los que ingresaron al edificio ubicado en la cuadra 6 de Libertadores, en San Isidro. Lograron escabullirse por una puerta abierta aledaña.
Asimismo, se dio a conocer que los ladrones rompieron la puerta de la oficina y tomaron una cámara fotográfica y una computadora. Sin embargo, dejaron una televisión, un proyector multimedia y otra computadora.
Para del Castillo este hecho resulta sospechoso pues no se trata de un robo convencional. Según dijo, no es la primera vez que recibe este tipo de "hostilizaciones".
"Se han quemado los que han venido a robar ac{a, pero no es la primera vez que tengo estas actitudes, seguimientos, reglaje, grabaciones, espionaje. No es un robo convencional. Estas cosas pasan en la política", dijo el parlamentario.
Agregó que ahora solo espera el resultado de las investigaciones tras denunciar el hecho en la Comisaría de San Isidro. Los agentes policiales evaluarán las huellas tomadas, así como las imágenes de las cámaras de video ubicadas a pocos metros para dar con los responsables.
En enero del 2015, la prensa reveló cómo personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN) espiaban a Del Castillo, junto a otros políticos y empresarios opositores al Gobierno.
Si bien en un primer momento, el régimen negó cualquier uso irregular de recursos y personal del Estado, luego salieron más documentos que probaban cómo miles de personas habían sido vigiladas y sus propiedades rastreadas.
Esto determinó la censura de la entonces premier Ana Jara, quien tuvo que renunciar meses después, así como la reorganización de la DINI, que continúa hasta ahora, sin resultados concretos, por parte del gobierno.
