Sánchez presenta nuevo plan y enfrenta acusaciones de contradicción

Analistas cuestionan los cambios introducidos por la candidatura presidencial en temas económicos e institucionales.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó esta semana un nuevo documento programático denominado “Prioridades estratégicas para la gobernabilidad y el desarrollo con equidad de la nación peruana 2026-2031”, elaborado de cara a la segunda vuelta electoral. El texto incorpora planteamientos consensuados con agrupaciones y organizaciones que respaldan su candidatura y contiene modificaciones respecto al plan de gobierno presentado durante la primera vuelta, particularmente en temas relacionados con el Banco Central de Reserva (BCR), los Tratados de Libre Comercio (TLC), los contratos ley y la actividad minera. Las variaciones han generado debate político y cuestionamientos sobre la consistencia de las propuestas del candidato.

Un nuevo documento para la segunda vuelta

La presentación del nuevo programa se realizó en una conferencia de prensa convocada por Juntos por el Perú. Según explicó Sánchez, el documento busca construir consensos políticos y sociales para enfrentar los principales problemas del país en un eventual gobierno.

El texto incorpora aportes de organizaciones y agrupaciones políticas que han anunciado su respaldo a la candidatura presidencial, entre ellas Ahora Nación, Obras Primero la Gente, la Alianza Venceremos y la Plataforma por la Democracia, integrada por diversos gremios sociales, culturales y sindicales.

Durante la exposición, Sánchez sostuvo que la nueva propuesta constituye un “programa de consenso” orientado a alcanzar acuerdos amplios para la gobernabilidad y el desarrollo nacional.

Cambios respecto al plan original

Uno de los principales puntos de atención se encuentra en el tratamiento del Banco Central de Reserva.

Durante la campaña de primera vuelta, Sánchez había señalado que “nadie es imprescindible” al ser consultado sobre la permanencia de Julio Velarde al frente del ente emisor. En el nuevo documento, sin embargo, se enfatiza la importancia de preservar la autonomía e independencia del BCR y de garantizar el cumplimiento de su mandato constitucional.

El programa sostiene que el Banco Central “ha sido y será un actor clave en la estabilidad monetaria” y reafirma el compromiso de mantener su autonomía institucional.

Otro cambio relevante se refiere a la política comercial. Mientras el plan de primera vuelta planteaba la posibilidad de renegociar Tratados de Libre Comercio que pudieran afectar los intereses nacionales, el nuevo documento señala que el Perú continuará siendo una economía abierta y respetuosa de los acuerdos comerciales vigentes.

También se observan diferencias respecto a los contratos ley. La propuesta inicial cuestionaba el marco constitucional que protege dichos contratos y planteaba revisar acuerdos relacionados con recursos naturales estratégicos. En contraste, el nuevo texto señala que los contratos estarán protegidos dentro del Estado de derecho y deberán contribuir al desarrollo económico y social de las regiones.

Minería y actividad económica

La minería constituye otro de los sectores donde se registran modificaciones.

El plan presentado durante la primera vuelta proponía que la comercialización del oro procedente de la pequeña minería y minería artesanal fuera una actividad exclusiva del Estado. En la nueva versión, el énfasis se traslada hacia la regulación, formalización y control de toda la cadena productiva y comercial mediante mecanismos de trazabilidad.

Especialistas consultados por distintos medios han señalado que estos cambios reflejan una búsqueda de mayor moderación económica en comparación con los planteamientos iniciales de la agrupación política.

Cuestionamientos y análisis

Las modificaciones han generado críticas desde diversos sectores políticos y académicos.

El analista político Juan Paredes Castro sostuvo que los cambios evidencian una adaptación de las propuestas a las circunstancias electorales y cuestionó la consistencia programática de la candidatura. Según declaró, existe una falta de continuidad entre los planteamientos formulados durante la primera vuelta y aquellos presentados en la etapa final de la campaña.

Por otro lado, desde el entorno de Juntos por el Perú se argumenta que las modificaciones responden a la necesidad de construir consensos y ampliar la base de apoyo político de cara a una eventual gestión gubernamental.

Implicancias políticas y económicas

La difusión del nuevo programa ocurre en una etapa decisiva de la campaña presidencial y podría influir en la percepción de distintos segmentos del electorado.

Para sectores empresariales y financieros, los nuevos planteamientos sobre la autonomía del BCR, los TLC y la estabilidad jurídica podrían interpretarse como señales de continuidad institucional y moderación económica.

Al mismo tiempo, algunos simpatizantes de posiciones más intervencionistas podrían evaluar si los cambios representan una reformulación estratégica de las propuestas o una redefinición más profunda del proyecto político originalmente presentado por la organización.

Escenarios hacia la segunda vuelta

A pocos días de la elección presidencial, es previsible que las diferencias entre ambos documentos continúen ocupando un lugar central en el debate público.

Los equipos de campaña, analistas y actores económicos seguirán examinando el alcance de los cambios incorporados al nuevo programa y su eventual impacto sobre la gobernabilidad, la inversión privada y la política económica del país.

Asimismo, la discusión podría trasladarse a los debates electorales y a las últimas actividades proselitistas previas a la votación.

Panorama

La presentación del nuevo programa de gobierno de Roberto Sánchez ha abierto una discusión sobre la evolución de las propuestas de Juntos por el Perú entre la primera y la segunda vuelta electoral. Mientras la organización sostiene que los cambios responden a la construcción de consensos y a la necesidad de ampliar acuerdos políticos, diversos analistas y sectores de opinión han puesto atención en las diferencias respecto al plan original. El debate continuará en los días previos a una elección que definirá el rumbo político y económico del país para el periodo 2026-2031.