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PPK no podrá abandonar el país durante los próximos 30 meses
‘Delatores premiados’ acusan a Kuczynski de usar dinero ilícito en la campaña presidencial del 2016.
Tras cuernos palos. El martes 15 de marzo, el juez Víctor Zúñiga sumió al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en la depresión más profunda, al ordenar que no saliera del país durante los próximos 30 meses.
En febrero último, otro juez ordenó que no pudiera trasponer las fronteras por 12 meses, como parte de una investigación vinculada a la empresa Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Celestino Toledo Manrique (2001-2006).
PPK cumple desde abril de 2019 con una orden de arresto domiciliario en su suntuosa residencia de la calle Choquehuanca, en San Isidro, donde es visitado eventualmente por su hermano Miguel y algunas de sus hijas, cuando pueden venir del extranjero.
Pero en la última decisión del juez Víctor Zuñiga- la de impedir su salida por 30 meses- están comprendidos, además de Kuczynski, Carlos Portocarrero, Alfonso Grados, José Labán, Marcos Prialé, Giovanna Violeta López y Manuel Ramos.
El fiscal provincial Carlos Puma Quispe, de la Segunda Fiscalía Especializada en Delito de Lavado de Activos, atribuyó a Kuczynski Godard la comisión del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal.
Explicó que los coinvestigados, testigos y aspirantes a ‘colaboradores eficaces’ (delatores premiados) han detallado en sus testimonios la forma en la que los dirigentes del partido Peruanos por el Kambio (PPK) usaban dinero ilícito en los gastos de la campaña presidencial del 2016.
Este caso se destapó en diciembre de 2018, cuando cinco ciudadanos que aparecían como contribuyentes económicos a la campaña de PPK negaron haber entregado un total de 161,647 soles (43.688 dólares).
Un aspirante a colaborador eficaz reveló a la Fiscalía que una empresa de construcción aportó 100,000 dólares a la campaña de Kuczynski, que no fueron registrados oficialmente ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Kuczynski, quien renunció a la presidencia peruana en marzo de 2018, cumple desde abril de 2019 una orden de arresto domiciliario mientras es investigado por la presunta vinculación de una de sus empresas con pagos ilícitos de Odebrecht.
El expresidente también ha sido implicado en la investigación de los ‘papeles de Pandora’, ya que se señala que adquirió una empresa en el paraíso fiscal de las islas Vírgenes Británicas cuando era ministro de Economía de Toledo.
