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Embargan a Nadine casa de playa en Lurín y residencia de la calle Castrat
También fue incautada su empresa de repostería Bakery 180 EIRL.
El miércoles 27 de diciembre quedará agendado como uno de los días más amargos en la vida de Nadine Heredia Alarcón (47), pues en aquella fecha el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó el embargo de varios de sus inmuebles, incluyendo una lujosa residencia en la calle Castrat, en Surco, y una amplia casa de playa en Lurín.
El juez Leodan Cristóbal Ayala acogió en esa fecha el pedido formulado por la Procuraduría Pública Ad-Hoc del caso Odebrecht y ordenó trabar medida cautelar de embargo en forma de inscripción a la residencia ubicada en la Manzana S, Lote 22, de la calle Fernando Castrat, Urbanización Chama, Santiago de Surco, que figura en la Partida N° 44554488 con un valor de S/ 2’186,316.
Esta residencia corresponde al inmueble de dos plantas y azotea en la que Nadine Heredia vivió con su esposo, el ex presidente Ollanta Moisés Humala Tasso (61), y sus hijos Illary, Nayra y Samin Humala Heredia, durante el mandato presidencial nacionalista, entre los años 2011 y 2016.
El magistrado también trabó embargo en forma de inscripción con el Lote 3 de la Parcela C-26 del predio Las Salinas, en Lurín, que cuenta con la Partida Registral N° 42246138 y tiene un valor de S/ 1’843,187.38.
La cereza de la torta fue el embargo de la empresa Bakery 180 EIRL, la pastelería con Partida Registral N° 14490152 que Nadine Heredia Alarcón creó en julio del 2020 y utilizó un mes después para acreditar ante el Poder Judicial arraigo laboral en el Perú y evitar su reingreso a prisión.
La Fiscalía imputa a la ex primera dama los delitos de asociación ilícita y colusión por haber intervenido en la adjudicación del proyecto Gasoducto en favor de la empresa Odebrecht, sin ser funcionaria pública.
El Poder Judicial inició el lunes 21 de febrero del 2022 el primer juicio oral en el Perú por el caso Lava Jato, que involucra al ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes están acusados de financiar ilícitamente sus campañas electorales del 2006 y el 2011 con aportes de la constructora Odebrecht y el Gobierno venezolano del extinto Hugo Chávez.
