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Un gobierno de cartón.
Aunque el fujimorismo lo niegue, sus votaciones reflejan que junto con Alianza para el Progreso son el bloque oficialista que protege a Dina Boluarte: se opusieron a dos informes de la Comisión de Fiscalización, a las denuncias constitucionales por las muertes en las protestas y el Rolexgate, y a la admisión de siete mociones de vacancia presidencial.
El Gobierno de Dina Boluarte no tiene un partido político con representación en el Congreso, pero tiene dos bancadas aliadas que lideran el oficialismo: Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP). Las agrupaciones de Keiko Fujimori y César Acuña constituyen la fuerza gobiernista que le ha permitido, hasta ahora, salir airosa de investigaciones de la Comisión de Fiscalización, de denuncias constitucionales y pedidos de vacancia presidencial.
Fue una excepción que Fuerza Popular promueva la censura del exministro del Interior Juan José Santiváñez. De hecho, fue la única vez que, en la práctica, el fujimorismo operó como una bancada de oposición. En los demás casos controversiales, que involucran directamente a la mandataria, operaron como una fuerza política de blindaje. Así lo reflejan las votaciones y su desempeño legislativo.
El martes último, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó con 12 votos a favor y uno en contra un informe preliminar que solicita facultades investigadoras para seguir el rastro de la presidenta por presunto abandono del cargo tras su cirugía y recomienda suspenderla. Un detalle importante es que cuando el secretario técnico de la comisión llamó a cada congresista para votar hasta en dos oportunidades, ningún parlamentario de Fuerza Popular y APP respondió al llamado. El informe deberá ser votado en el Pleno.
De bloquearse este informe, no sería la primera vez que FP y APP consiguen proteger a la presidenta. El 9 de noviembre del año pasado, la Comisión de Fiscalización solicitó facultades para indagar sobre el caso del Cofre presidencial. En aquella ocasión, el Pleno rechazó el pedido: solo hubo 45 votos a favor, 16 en contra y 23 a favor.
Entre los congresistas que se opusieron, 12 son de FP y 8 de APP.
Fuerza Popular y APP bloquean investigaciones
Además, el fujimorismo ha tenido un rol determinante para entorpecer las denuncias constitucionales contra Boluarte. El viernes 11 de abril, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), que preside la apepista María Acuña, votó la acusación contra Boluarte por el caso Rolexgate.
La denuncia constitucional había sido formulada por la Fiscalía de la Nación, pero la elaboración del informe final quedó en manos de la congresista fujimorista Nilza Chacón, quien terminó recomendando archivar el caso.
La SAC aprobó el informe: 10 congresistas votaron a favor, tres de ellos de Fuerza Popular y una de APP, Nelcy Heidinger. La propuesta deberá ser discutida en la Comisión Permanente, donde ambas bancadas tienen la mayoría.
Las agrupaciones de Keiko Fujimori y César Acuña no han respaldado ninguna acusación constitucional contra Boluarte. El 5 de diciembre del año pasado, la Comisión Permanente otorgó 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y elabore el informe final sobre otra denuncia constitucional que pesa contra Boluarte por las muertes en las protestas.
Se trata de otra denuncia constitucional formulada por la Fiscalía de la Nación cuando el fiscal supremo Juan Villena estaba a cargo del Ministerio Público. Hubo 13 votos a favor y 11 en contra. Entre quienes se opusieron, hubo 5 legisladores de Fuerza Popular y 2 de APP.
La SAC tendrá que elaborar otro informe final para votar este caso. No hay optimismo, porque la indagación sobre las presuntas violaciones de derechos humanos de este Gobierno frente a las manifestaciones de diciembre del 2022 y enero y febrero del 2023 fueron archivadas en el Parlamento.
Como Boluarte es una alta funcionaria, goza del derecho de antejuicio político mientras ejerce el cargo y hasta cinco años después de dejarlo. La Fiscalía puede avanzar la investigación preliminar, pero para formalizar la indagación preparatoria necesita primero presentar una denuncia constitucional ante el Congreso y esta institución debe aprobarla. Mientras eso no suceda, el caso no avanza.
El 18 de julio del año pasado, la SAC declaró improcedente una denuncia constitucional que había presentado la exfiscal de la Nación Patricia Benavides contra Boluarte por ese caso. La mayoría votó a favor de esa decisión: 14 congresistas, 4 de ellos de Fuerza Popular y 1 de APP.
La entonces presidenta de la SAC, Lady Camones, de APP, había presentado un informe para declarar la procedencia de la denuncia constitucional. Pero el fujimorismo se opuso. Sus aliados recomendaron que la propuesta sea archivar el caso. Y así fue.
No era la primera vez que la SAC declaraba improcedente la indagación. El 6 de mayo del 2023, esta subcomisión desestimó otra denuncia constitucional contra Boluarte por la represión a las protestas. En esa ocasión, quien había impulsado la imputación fue la congresista del Bloque Democrático Popular Ruth Luque, pero su iniciativa no prosperó porque la SAC planteó declarar la improcedencia: 11 parlamentarios votaron a favor de esa decisión.
Ese mes, la SAC también mandó al archivo otra denuncia constitucional por presunto delito de lesa humanidad contra Boluarte. El autor de la imputación fue el ciudadano Ciro Silva Paredes. La subcomisión planteó declararla improcedente: 8 congresistas votaron a favor de esa propuesta.
Vacancias no admitidas a debate
Hasta el año pasado, el Congreso recibió 27 denuncias constitucionales contra Boluarte, correspondientes a su papel como ministra de Inclusión Social, vicepresidenta y presidenta. Ninguna ha sido aprobada. El fujimorismo, APP y sus aliados también han impedido que Boluarte vaya al Pleno a rendir cuentas.
La República identificó el año pasado que de siete mociones de vacancia presidencial discutidas en el Pleno, Fuerza Popular fue la única agrupación política que votó en bloque y en contra de la admisión a debate de estos pedidos. La fuerza política que ocupa el segundo lugar de protectora de este Gobierno es APP.
Tras la censura al exministro del Interior Juan José Santiváñez, la congresista del Bloque Democrático Popular Susel Paredes anunció que iba a recolectar firmas para presentar una moción de vacancia presidencial contra Boluarte. El problema es que no basta con las intenciones de Paredes. La admisión a debate de un pedido de vacancia requiere, como mínimo, de 52 votos.
En una entrevista con ‘Cuarto poder’, el año pasado, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, calculó que entre abril y julio de este año Boluarte dejará el poder. La presidenta ya convocó al proceso de elecciones generales, pero el fujimorismo y APP no han dejado el papel de oficialistas.
Esta semana, el Pleno no admitió a debate la interpelación contra el ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, por la inoperancia del Gobierno en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez y el aeropuerto de Jauja. Las bancadas con más votos en contra del control político fueron FP con 10 y APP con 11.
El Congreso también protegió al ministro de Salud, César Vásquez, quien es militante de APP, de ser interpelado por el caso del suero fisiológico contaminado, que ha cobrado siete víctimas hasta ahora. Con 33 votos en contra, 21 a favor y 35 abstenciones fue blindado. El fujimorismo y el acuñismo no apoyaron la moción: 15 parlamentarios naranjas votaron en abstención y 11 de APP en contra.
