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El informe aprobado atribuye responsabilidad a ambos por su participación en el intento de golpe del 7 de diciembre de 2022 y pasa ahora a la Comisión Permanente.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó, con diez votos a favor y tres en contra, el informe final que recomienda la inhabilitación política por diez años del expresidente Pedro Castillo Terrones y de la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El dictamen será remitido a la Comisión Permanente para su debate y eventual aprobación final.
Antecedentes y contexto
El informe aprobado por la Subcomisión sostiene que tanto Castillo como Chávez incurrieron en infracciones constitucionales al promover o respaldar el mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, en el cual el entonces mandatario anunció la disolución del Congreso y la instauración de un “Gobierno de excepción”.
El documento, sustentado por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso), indica que Betssy Chávez habría coordinado el ingreso del equipo de TV Perú al despacho presidencial para la grabación del mensaje. Además, se señala que permaneció en Palacio de Gobierno antes y después del anuncio y no expresó objeción pública ni privada frente a las acciones de Castillo, presentando su renuncia horas más tarde.
En el caso del expresidente, el informe concluye que impartió instrucciones a funcionarios y miembros de la Policía Nacional para ejecutar medidas contrarias al orden constitucional, con el respaldo de algunos ministros, entre ellos el entonces titular del Interior, Willy Huerta.
Debate y posiciones enfrentadas
Durante la sesión de la SAC, las intervenciones de los congresistas evidenciaron la polarización política en torno al caso. Legisladores como Martha Moyano (Fuerza Popular) y Patricia Juárez (Fuerza Popular) defendieron la medida, argumentando que los hechos del 7 de diciembre configuraron un delito flagrante que vulneró la Carta Magna.
Por otro lado, parlamentarios como Pasión Dávila (Bloque Magisterial) y María Taipe (Perú Libre) cuestionaron la validez jurídica del informe, señalando que no se ha demostrado penalmente la comisión de delitos por parte de los acusados. Dávila sostuvo que “no existe en el expediente judicial una acusación concreta que pruebe rebelión o conspiración”, mientras que Jaime Quito (Perú Libre) calificó el proceso como una “decisión política premeditada” del Parlamento.
Finalmente, la votación concluyó con 10 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención, siendo los votos favorables emitidos por congresistas de las bancadas Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú y Acción Popular.
Cifras, documentos y consecuencias políticas
De ser ratificada la inhabilitación, Pedro Castillo y Betssy Chávez quedarían impedidos de ejercer cargos públicos o postular a elecciones durante una década. En el caso del expresidente, la sanción impediría cualquier futura candidatura a un eventual Senado o Cámara de Diputados, mientras que para Chávez significaría el cierre de una posible aspiración presidencial, mencionada por ella misma en entrevistas previas.
El informe también dispone archivar la denuncia constitucional contra el exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez Palomino, al no encontrarse evidencia de su participación en los hechos del 7 de diciembre.
Paralelamente, la Fiscalía mantiene acusaciones penales contra ambos exfuncionarios por el presunto delito de rebelión. La fiscal Zoraida Ávalos ha solicitado 34 años de prisión para Pedro Castillo y 25 años para Betssy Chávez, en el marco del proceso judicial que se sigue ante el Poder Judicial.
Implicancias institucionales y escenarios próximos
La aprobación del informe por parte de la Subcomisión marca un nuevo capítulo en el proceso político derivado del intento de golpe de Estado, considerado por el Congreso como una ruptura del orden democrático. El dictamen pasará ahora a la Comisión Permanente, instancia que deberá evaluar su admisibilidad y someterlo posteriormente al Pleno del Congreso, cuya sesión fue programada para el 19 de noviembre.
De aprobarse en el Pleno, la medida sería definitiva y se formalizaría mediante resolución legislativa. La decisión, sin embargo, podría generar repercusiones diplomáticas y jurídicas, debido a que Chávez se encuentra bajo asilo en la embajada de México en Lima, mientras el Gobierno peruano evalúa ampliar el salvoconducto solicitado por ese país.
Panorama
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha dado un paso decisivo al aprobar el informe que propone la inhabilitación política por diez años de Pedro Castillo y Betssy Chávez. El caso avanza hacia la Comisión Permanente y luego al Pleno, donde el Parlamento determinará si ambas figuras quedan oficialmente fuera de la función pública. Mientras tanto, el debate continúa abierto en los ámbitos político, judicial y diplomático.
