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El Tribunal Constitucional declaró prescrita la acción penal y dejó sin efecto la sentencia de 12 años por el caso Hugo Bustíos.
El Tribunal Constitucional del Perú (TC) declaró fundada en parte la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Daniel Urresti y anuló la condena de 12 años de prisión impuesta en 2023 por el asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra. El fallo, emitido en Lima, concluye que la acción penal por hechos ocurridos en 1988 estaba prescrita y que no podía aplicarse retroactivamente la figura de crimen de lesa humanidad. En consecuencia, dispuso su libertad inmediata.
Antecedentes del caso
Daniel Urresti fue condenado el 12 de abril de 2023 a 12 años de pena privativa de libertad por el delito de asesinato con alevosía en agravio de Hugo Bustíos y por tentativa de asesinato en agravio de Eduardo Rojas Arce. La sentencia fue confirmada por resolución suprema del 19 de julio de 2024, que declaró no haber nulidad.
El caso se remonta al 24 de noviembre de 1988, cuando Bustíos y su colega Eduardo Rojas acudieron a la zona de Erapata, en Ayacucho, para investigar un asesinato atribuido a Sendero Luminoso. Según la acusación fiscal, tras un primer contacto con una patrulla militar, ambos periodistas fueron atacados cuando retornaban del lugar. Bustíos falleció tras resultar herido por disparos y la detonación de explosivos.
Fundamentos del fallo
En su resolución, el TC declaró nulas tanto la sentencia condenatoria de abril de 2023 como la resolución suprema que la confirmó. El tribunal sostuvo que se vulneró el principio de legalidad penal y el derecho a la prescripción de la acción penal.
El fallo explica que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tipifica el asesinato como crimen de lesa humanidad en determinadas circunstancias, entró en vigor para el Perú en 2002. Aplicar esa calificación a hechos de 1988 supondría una aplicación retroactiva del derecho penal, prohibida por la Constitución.
Al no corresponder la tipificación como crimen de lesa humanidad, el proceso debía regirse por las reglas de prescripción previstas en el Código Penal vigente en 1988. Según el TC, cuando se dictó la sentencia condenatoria, el plazo máximo para investigar y sancionar el delito ya había vencido.
La decisión fue adoptada con los votos a favor de los magistrados Pacheco Zerga, Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez. El magistrado Monteagudo Valdez emitió voto singular.
Alcances de la decisión
El Tribunal Constitucional precisó que su sentencia no constituye una absolución ni revisa la responsabilidad penal de Urresti en los hechos. El pronunciamiento se limita a declarar que la privación de libertad carecía de sustento constitucional debido a la indebida aplicación de normas penales.
En consecuencia, el TC ordenó la excarcelación inmediata del exministro del Interior.
Reacciones
Tras conocerse la resolución, Sharmelí Bustíos Patiño, hija del periodista asesinado, expresó su rechazo a la decisión a través de redes sociales. En un mensaje publicado el 20 de febrero, señaló que la memoria de su padre “estará siempre por encima” del fallo que anuló la condena.
Desde el entorno de Urresti no se habían difundido declaraciones oficiales al cierre de esta edición.
Implicaciones y escenario
La decisión del TC reabre el debate jurídico sobre la aplicación de la imprescriptibilidad y la calificación de crímenes de lesa humanidad en casos vinculados al conflicto interno. También puede tener efectos en otros procesos judiciales donde se haya discutido la retroactividad de normas internacionales.
En el plano político, la resolución se produce en un contexto de actividad partidaria en el que figuras vinculadas a Urresti mantienen presencia pública.
Panorama
Con la anulación de la sentencia y la orden de libertad inmediata, el caso judicial contra Daniel Urresti por el asesinato de Hugo Bustíos queda sin efecto en el ámbito penal ordinario. La resolución del Tribunal Constitucional se circunscribe a aspectos de legalidad y prescripción, dejando abierto el debate sobre la interpretación constitucional en casos de graves violaciones ocurridas durante el conflicto armado interno.
