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El exmandatario, sentenciado en EE.UU. a 45 años de prisión por tráfico de drogas, podría quedar en libertad tras el perdón presidencial anunciado por Donald Trump, a días de las elecciones en Honduras.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), condenado en junio de 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico por un tribunal federal de Nueva York, podría salir en libertad luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el 28 de noviembre de 2025, a través de su red social Truth Social, que le concederá un indulto. El anuncio se produce en vísperas de las elecciones generales hondureñas, en las que se elegirá al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, y ha reactivado el debate sobre las acusaciones de que Hernández convirtió a su país en un “narcoestado”, así como sobre el uso político de la potestad de perdón presidencial en Washington.
Antecedentes: de aliado en seguridad a expresidente condenado por narcotráfico
Juan Orlando Hernández, abogado de profesión y dirigente histórico del Partido Nacional de Honduras, fue presidente del país entre 2014 y 2022, tras haber presidido el Congreso y ejercer cuatro periodos como diputado. En su primera campaña prometió “recuperar la paz” frente a la violencia asociada al narcotráfico, en un contexto en el que Honduras llegó a figurar entre los países con más homicidios del mundo, según datos de Naciones Unidas.
Durante varios años fue considerado por Washington como un socio relevante en la lucha antidrogas, recibiendo decenas de millones de dólares en asistencia y cooperación militar de Estados Unidos. En 2019, el entonces presidente Trump agradeció públicamente su colaboración.
Sin embargo, las sospechas sobre sus vínculos con el crimen organizado crecieron a partir de la detención, en 2018, de su hermano, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, posteriormente condenado a cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico. A esto se sumaron denuncias de corrupción, protestas masivas por el desvío de fondos del Seguro Social y cuestionamientos a su reelección en 2017, autorizada por un fallo de la Corte Suprema pese a la prohibición constitucional de reelección inmediata.
El anuncio de Trump: un indulto en plena campaña hondureña
El 29 de noviembre, Trump comunicó en Truth Social su intención de indultar a Hernández, argumentando que el exmandatario “ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”, sin detallar el alcance ni las condiciones del perdón.
El anuncio llega a menos de 48 horas de las elecciones generales en Honduras, en las que el Partido Nacional, al que pertenecen tanto Hernández como el candidato Nasry “Tito” Asfura, busca regresar al poder. En el mismo mensaje, Trump expresó su apoyo explícito a Asfura, gesto que algunos analistas interpretan como una señal de respaldo político al espacio heredero de JOH en un momento clave para la disputa electoral. ([Animal Politico][1])
La decisión también contrasta con la ofensiva reciente de Estados Unidos contra el tráfico de drogas en el Caribe, donde la armada estadounidense ha interceptado y hundido embarcaciones sospechosas, causando decenas de muertes, según reportes oficiales.
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no habían divulgado, hasta el momento de publicarse este artículo, los detalles administrativos sobre el procedimiento y el calendario para formalizar el indulto, lo que abre interrogantes sobre cuándo podría hacerse efectiva la excarcelación de Hernández.
El caso judicial: “pavimentó una autopista de cocaína hacia EE.UU.”
Hernández fue detenido en Honduras en febrero de 2022, pocas semanas después de dejar la presidencia, y extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de drogas y armas.
Según la acusación presentada por fiscales estadounidenses, desde al menos 2004 habría colaborado con carteles de la región para facilitar el envío de unas 500 toneladas de cocaína hacia suelo estadounidense, a cambio de millonarios sobornos. De acuerdo con testimonios de narcotraficantes arrepentidos y registros telefónicos incorporados al juicio, el entonces mandatario habría permitido el uso del territorio hondureño como corredor para la droga procedente de Colombia y Venezuela “con virtual impunidad”.
En el proceso, la fiscalía sostuvo que la alianza con los carteles no solo buscaba enriquecimiento personal, sino también asegurar el control político interno: el dinero ilícito habría sido utilizado para financiar campañas, sobornar funcionarios y manipular procesos electorales a favor del Partido Nacional.
Hernández se declaró inocente y calificó las acusaciones como “calumnias”, insistiendo en que fue “acusado errónea e injustamente”. No obstante, en junio de 2024 el juez federal Kevin Castel lo condenó a 45 años de prisión y le impuso una multa de 8 millones de dólares.
Paralelamente, en Honduras se le confiscaron 33 inmuebles, ocho empresas y 16 vehículos, según el Ministerio Público de ese país, en el marco de procesos por presunto enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico.
Trayectoria política y episodios clave de su presidencia
La carrera política de JOH comenzó en el ámbito estudiantil universitario y se consolidó en el Congreso hondureño, al que llegó en 1998 como diputado por el departamento de Lempira. Tras ocupar la presidencia del Legislativo durante el gobierno de Porfirio Lobo, se posicionó como figura central del Partido Nacional.
En 2013 ganó la presidencia con un discurso centrado en la seguridad y la “mano dura” contra el crimen organizado. Su administración promovió reformas en cuerpos policiales y militares, y amplió la cooperación con Estados Unidos en materia de extradición de sospechosos de narcotráfico.
No obstante, su segundo mandato estuvo marcado por fuertes cuestionamientos:
- La reelección en 2017, habilitada por un fallo judicial pese a la prohibición constitucional, generó protestas masivas y denuncias de irregularidades; la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó al menos 23 personas fallecidas en el contexto de la represión de esas movilizaciones.
- Las denuncias de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social impulsaron nuevas manifestaciones ciudadanas.
* La decisión de no renovar el mandato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada con apoyo de la OEA, fue interpretada por organizaciones de la sociedad civil como un retroceso en la lucha institucional contra la corrupción.
Reacciones y lecturas políticas del indulto
El anuncio de Trump ha generado reacciones encontradas en Honduras y en la región.
Dirigentes y simpatizantes del Partido Nacional han presentado el indulto como una reivindicación frente a lo que califican de “persecución política” contra el exmandatario, insistiendo en que las acusaciones en su contra se habrían basado en testimonios de narcotraficantes con incentivos para reducir sus propias condenas.
Sectores críticos, incluidos representantes de la oposición hondureña y organizaciones de derechos humanos, advierten que el perdón presidencial podría enviar una señal contradictoria en materia de lucha contra la corrupción y el narcotráfico, al beneficiar a un exgobernante al que fiscales de EE.UU. acusaron de haber convertido a Honduras en un “narcoestado”.
Analistas consultados por medios regionales señalan además que la decisión se inscribe en la estrategia de Trump de reforzar sus alianzas con liderazgos conservadores en América Latina y de influir, de forma indirecta, en la política interna de países como Honduras, particularmente en contextos electorales ajustados.
En Estados Unidos, especialistas en derecho penal y política de drogas destacan la tensión entre el discurso oficial de combate al narcotráfico —que incluye operaciones militares para interceptar cargamentos ilícitos— y el uso del indulto en favor de un condenado por introducir grandes volúmenes de cocaína en el país.
Implicancias regionales y escenarios futuros
El eventual indulto a Hernández plantea varias interrogantes a corto y mediano plazo:
- Situación jurídica de JOH en Estados Unidos y Honduras
El perdón presidencial podría extinguir o reducir los efectos de la condena federal en EE.UU., permitiendo su excarcelación. Permanece abierto, sin embargo, el impacto que ello tendría sobre procesos y medidas patrimoniales en Honduras, donde se han decomisado bienes vinculados al exmandatario. - Repercusiones en la política hondureña
La liberación de Hernández podría reordenar el mapa interno del Partido Nacional y motivar debates sobre su eventual retorno activo a la política, aunque su figura sigue fuertemente asociada a acusaciones de corrupción y narcotráfico. - Mensaje en la lucha regional contra el narcotráfico
Para observadores internacionales, el caso puede alimentar percepciones de doble rasero en la política antidrogas: mientras se intensifican operaciones contra organizaciones criminales y se exige cooperación a países de tránsito, se perdona a un ex jefe de Estado condenado por facilitar el tráfico a gran escala. - Relación de Washington con gobiernos de Centroamérica
La decisión podría influir en la forma en que otros gobiernos de la región evalúan los costos y beneficios de colaborar con Estados Unidos en materia de seguridad y extradición, especialmente en contextos donde figuras políticas de alto nivel enfrentan señalamientos penales.
Panorama
El anuncio de Donald Trump de indultar a Juan Orlando Hernández introduce un nuevo capítulo en un caso que combina acusaciones de narcotráfico a gran escala, discusiones sobre la calidad de la democracia hondureña y el uso de herramientas de poder presidencial en Estados Unidos. La formalización del indulto, los efectos concretos sobre la situación jurídica del exmandatario y las reacciones en Honduras y la comunidad internacional definirán en las próximas semanas el alcance real de esta decisión en el ámbito judicial, político y diplomático.
