En mayo tenía sus pasaportes retenidos y afrontaba una solicitud de extradición suiza. En agosto participaba en un acuerdo petrolero con dos secretarios del gabinete de Trump.
En mayo de 2026, el empresario venezolano Leopoldo Alejandro Betancourt López tenía restringidos sus desplazamientos en el Reino Unido. La Fiscalía de Zúrich había solicitado su extradición por una investigación sobre presunto blanqueo de capitales relacionado con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), mientras sus pasaportes permanecían retenidos.
Tres meses después, el 28 de agosto, Betancourt apareció como figura central de un acuerdo para explotar 17 campos petroleros venezolanos con aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas, equivalentes al 21,5 % del total del país. Donald Trump presentó la operación como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.
La operadora beneficiaria es North American Blue Energy Partners (NABEP), compañía con sede en Barbados dirigida por Betancourt. Según los términos divulgados por la Casa Blanca el 1 de septiembre, el Departamento de Guerra estadounidense recibirá una participación del 35 % en la empresa matriz. El acuerdo fue negociado con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez y recibió el respaldo de la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría oficialista, aunque una parte de la oposición se abstuvo alegando que desconocía sus condiciones definitivas.
DEL CONFINAMIENTO A LA NEGOCIACIÓN PETROLERA
La Fiscalía de Zúrich retiró el 13 de mayo de 2026 la solicitud de extradición que mantenía a Betancourt bajo restricciones en sus residencias de Londres y Oxfordshire. La decisión, sin embargo, no supuso el cierre del expediente: la investigación penal continuó abierta y la orden internacional de detención fue prorrogada.
Consultada por El País, la institución suiza atribuyó el retiro de la solicitud a “particularidades del derecho de extradición británico”. Una vez levantadas las restricciones, el empresario recuperó sus pasaportes venezolano e italiano y obtuvo una visa estadounidense de múltiples entradas. El 27 de junio viajó en un avión privado desde Palm Beach, Florida, hasta Caracas, de acuerdo con Cuentas Claras Digital.
Investigaciones de The Washington Post y Axios sostienen que funcionarios de la administración Trump realizaron gestiones ante las autoridades suizas en favor del empresario. Entre ellos se encontrarían el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y la entonces fiscal general, Pam Bondi. Según esas publicaciones, las restricciones impedían que Betancourt viajara a Washington y Caracas para participar en las negociaciones petroleras.
La organización suiza Public Eye calificó la secuencia como “muy inusual” y solicitó explicaciones oficiales. Dos días después de la captura de Nicolás Maduro, el Consejo Federal suizo había ordenado congelar los activos de 37 personas vinculadas con el chavismo, entre ellas Betancourt y varios de sus socios. La medida alcanzó 239 millones de francos suizos —aproximadamente US$295 millones— pertenecientes a 21 personas, aunque no se ha precisado qué monto correspondería al empresario.
LOS TÉRMINOS DIVULGADOS POR LA CASA BLANCA
Según la versión estadounidense, NABEP recibió derechos de explotación sobre 17 campos petroleros. A cambio, su empresa matriz otorgará al Departamento de Guerra el 35 % de sus acciones.
El Departamento de Estado tendrá derecho a adquirir, al costo de producción, el 20 % del crudo extraído y contará con una primera opción de compra sobre el 80 % restante. Washington también dispondrá de poder de veto sobre los nombramientos de la junta directiva, cuya mayoría deberá estar integrada por ciudadanos estadounidenses.
El convenio se regirá por las leyes de Estados Unidos y las controversias serán sometidas a sus tribunales, de acuerdo con la información difundida por la Casa Blanca.
Las proyecciones oficiales calculan una inversión de hasta US$100.000 millones en infraestructura y cerca de US$200.000 millones en regalías e impuestos durante los primeros 25 años. NABEP elevó esa estimación a más de US$209.000 millones para el Estado venezolano.
La compañía afirma haber obtenido derechos de comercialización sobre más de 65.000 millones de barriles y proyecta acelerar sus operaciones en el Lago de Maracaibo y la Faja Petrolífera del Orinoco. Su objetivo inicial sería superar el millón de barriles diarios.
Existen, no obstante, diferencias entre las versiones conocidas. El acuerdo respaldado por la Asamblea Nacional menciona una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios y un plazo inicial de 25 años. La Casa Blanca y distintas publicaciones han aludido, en cambio, a derechos de perforación que podrían extenderse durante un siglo.
The Wall Street Journal informó que NABEP prevé instalar más de cincuenta taladros. Expertos legales y ejecutivos del sector consultados por ese medio expresaron dudas sobre la compatibilidad del pacto con la Constitución venezolana y sobre su estabilidad ante eventuales cambios políticos en Caracas o Washington.
DEL NEGOCIO ELÉCTRICO AL CONTROL PETROLERO
Betancourt nació en Caracas en febrero de 1980 y se graduó como economista en la Universidad de Suffolk, en Massachusetts, según el perfil de O’Hara Financial, fondo creado para administrar su patrimonio.
Las estimaciones sobre su fortuna no coinciden. Algunos perfiles internacionales la sitúan alrededor de US$2.600 millones, mientras documentos judiciales citados por El Pitazo la calculan en US$3.470 millones.
Su ascenso empresarial comenzó durante la crisis eléctrica venezolana de 2009. Derwick Associates, firma que fundó junto con un primo, recibió entre 2009 y 2011 doce contratos gubernamentales sin licitación: once para construir plantas eléctricas y uno para modificar una instalación existente. El valor conjunto habría alcanzado aproximadamente US$5.000 millones.
Transparencia Venezuela estimó posibles sobreprecios por cerca de US$2.900 millones. En un informe de 2018 sostuvo que once proyectos debieron costar alrededor de US$2.100 millones, lo que supondría una diferencia del 138 %. La empresa rechaza esos señalamientos y asegura que ejecutó todas las obras contratadas.
El sobrenombre de “bolichico” surgió de una columna publicada en 2011 por el periodista Juan Carlos Zapata para describir a jóvenes empresarios que obtuvieron grandes contratos durante el gobierno bolivariano. Jon Sale, abogado de Betancourt en Estados Unidos, rechaza esa denominación y sostiene que se trata de una etiqueta mediática.
Betancourt amplió posteriormente sus negocios al sector petrolero mediante una participación en Petrozamora, con operaciones en el Lago de Maracaibo. También adquirió una participación mayoritaria en la empresa española de gafas Hawkers y compró entidades financieras en Suiza y África. Transparencia Venezuela vincula su red empresarial con cerca de cincuenta sociedades en 16 países.
El empresario asumió el control total de NABEP después de adquirir la participación del estadounidense Harry Sargeant.
LAS INVESTIGACIONES QUE CONTINÚAN ABIERTAS
Betancourt no ha sido acusado formalmente en Estados Unidos. El Departamento de Justicia inició en 2018 una investigación sobre un posible esquema de blanqueo de capitales relacionado con Pdvsa, pero no presentó cargos.
Su defensa utiliza ese hecho como argumento a su favor. “El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, lo investigó a fondo y nunca presentó cargos”, declaró Sale a BBC Mundo.
El nombre del empresario también aparece en reportes sobre la denominada Operación Money Flight, un presunto esquema mediante el cual se habrían desviado aproximadamente US$1.200 millones de Pdvsa entre 2014 y 2018. En ese expediente figura como acusado su primo Francisco Convit.
Dos demandas civiles interpuestas en Estados Unidos —una por el exembajador Otto Reich en 2013 y otra por Thor Halvorssen, fundador de Human Rights Foundation, en 2014— fueron desestimadas.
La situación es distinta en Europa. En España, el juez Santiago Pedraz archivó provisionalmente en marzo de 2026 la investigación por presunto blanqueo conocida como “caso Atlantic”. La Fiscalía Anticorrupción apeló y la Audiencia Nacional dispuso posteriormente que las pesquisas continuaran.
La investigación examina un supuesto fraude superior a US$3.000 millones desarrollado entre 2011 y 2019. Según El Pitazo, las autoridades investigan transferencias de más de US$3.800 millones realizadas por Pdvsa a cuentas de la sociedad Violet Advisors en Suiza.
En el marco de esas diligencias fueron allanados el castillo El Alamín, en Toledo, y una oficina en Madrid. La investigación penal suiza también permanece abierta pese al retiro de la solicitud de extradición.
WASHINGTON DEFIENDE LA ELECCIÓN
El secretario de Estado, Marco Rubio, expuso tres razones para justificar la participación de Betancourt. Afirmó que el empresario tiene experiencia para producir petróleo, que no existe una investigación activa en su contra dentro del sistema estadounidense y que respaldó a la oposición venezolana durante el periodo de Juan Guaidó.
Funcionarios de la Casa Blanca también han señalado que NABEP dispone de infraestructura en los campos adjudicados y que una revisión interna concluyó que el acuerdo no vulnera las leyes estadounidenses.
Un funcionario citado de manera anónima planteó la operación como una decisión geopolítica frente a las compañías estadounidenses tradicionales y los intereses chinos y rusos en Venezuela. Otro funcionario citado por Axios atribuyó a Betancourt un papel decisivo en el cambio político venezolano.
El empresario agradeció públicamente a Trump, Rubio, Pete Hegseth y Delcy Rodríguez. En su comunicado sostuvo que la operación permitirá aprovechar el potencial petrolero venezolano en beneficio de ambos países.
La necesidad de aumentar la oferta de crudo coincide con la presión interna sobre los precios de la gasolina en Estados Unidos y con la proximidad de las elecciones legislativas de noviembre. Chevron, hasta ahora la principal petrolera estadounidense autorizada para operar en Venezuela, también prepara una ampliación de sus actividades, según Associated Press.
RESPALDO OFICIALISTA Y OBJECIONES DE LA OPOSICIÓN
La Asamblea Nacional venezolana aprobó el 1 de septiembre un acuerdo de respaldo al convenio. El oficialismo lo describió como uno de los instrumentos económicos más importantes del último siglo.
La Fracción Parlamentaria Libertad se abstuvo porque, según explicó, desconocía las condiciones completas. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ofreció debatir el documento cuando corresponda formalizar el acuerdo binacional.
El partido Unión y Cambio pidió que el Ejecutivo explique públicamente su alcance, condiciones y contraprestaciones. La agrupación considera que se trata de un contrato de interés nacional que debe someterse al procedimiento establecido en la Constitución.
El exvicepresidente del Parlamento Juan Pablo Guanipa reclamó una revisión detallada y advirtió que el convenio podría generar rechazo si sus beneficios no llegan directamente a la población.
Juristas y dirigentes opositores cuestionan que el pacto otorgue a un Estado extranjero participación accionaria, capacidad de veto y derechos preferentes sobre la comercialización del petróleo. También señalan que la Constitución reserva al Estado venezolano la administración de las actividades esenciales relacionadas con los hidrocarburos.
Hasta el cierre de esta edición, María Corina Machado y Edmundo González no habían emitido pronunciamientos públicos sobre el acuerdo.
EL DEBATE SOBRE LA SOBERANÍA Y LA TRANSPARENCIA
El convenio se produce después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ocurrida el 3 de enero de 2026 durante la operación estadounidense denominada “Resolución Absoluta”, y de la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Justicia dos días después.
Desde entonces, Venezuela interrumpió el envío de aproximadamente 35.000 barriles diarios de petróleo a Cuba bajo acuerdos de intercambio. El nuevo esquema convertiría esa suspensión en una medida permanente y reorientaría una parte sustancial de la producción hacia Estados Unidos.
En el plano constitucional, la principal interrogante es si un contrato que compromete el 21,5 % de las reservas probadas puede entrar en vigor sin una aprobación parlamentaria previa y específica.
También existen dudas sobre los criterios utilizados para seleccionar a NABEP frente a compañías de mayor trayectoria internacional, como ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips o BP. La limitada información pública sobre la operadora y las investigaciones todavía abiertas contra su principal accionista aumentan el riesgo jurídico y reputacional de la transacción.
LOS TRES FRENTES QUE DEFINIRÁN EL ACUERDO
El futuro del convenio dependerá de tres procesos. El primero será judicial: las investigaciones continúan en Suiza y España, aunque Betancourt no afronta cargos formales en Estados Unidos.
El segundo será político y constitucional. La oposición exige que el texto completo sea divulgado y sometido a un debate parlamentario que permita evaluar sus alcances y su compatibilidad con la legislación venezolana.
El tercero será operativo. NABEP deberá demostrar que cuenta con capacidad técnica y financiera para instalar los más de cincuenta taladros anunciados, rehabilitar la infraestructura y elevar la producción hasta el millón o el millón y medio de barriles diarios.
PANORAMA
En poco más de tres meses, Leopoldo Betancourt pasó de afrontar restricciones de movilidad en Londres a encabezar la empresa seleccionada para explotar 17 campos petroleros venezolanos. La Casa Blanca defiende el convenio como una operación estratégica y sostiene que generará inversiones e ingresos fiscales de gran escala.
Las investigaciones abiertas en España y Suiza, las diferencias entre las condiciones divulgadas y las objeciones constitucionales impiden considerar cerrado el debate. La viabilidad del acuerdo dependerá de la publicación de sus términos completos, de su revisión institucional y de la capacidad real de NABEP para ejecutar las inversiones y metas de producción anunciadas.
