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El Poder Judicial confirmó que Vladimir Cerrón y Juan Silva tienen órdenes de captura vigentes, a pesar de que el Ministerio del Interior los retiró del programa de recompensas y de la lista de los más buscados.
Esto ha generado controversia y cuestionamientos sobre la gestión de las requisitorias y el impacto en la lucha contra la criminalidad.
El Caso de Vladimir Cerrón
El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, enfrenta una orden de captura renovada el 23 de enero de 2025 por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Esta requisitoria está vinculada a las investigaciones por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos relacionados con el financiamiento ilegal de campañas electorales de su partido político.
El pasado 24 de abril, el juez Leodan Cristóbal Ayala evaluó el pedido de Cerrón para anular su mandato de prisión preventiva. Sin embargo, la audiencia fue reprogramada para el 29 de mayo debido a que la defensa del investigado no presentó la documentación necesaria y alegó estar fuera de Lima por motivos personales. El magistrado impuso una multa de 1,070 soles a la defensa por falta de interés en debatir la variación de prisión preventiva.
Fuentes de la Policía Judicial confirmaron que Cerrón tiene una orden de ubicación y detención activa, lo que evidencia un error por parte del Ministerio del Interior al excluirlo del programa de recompensas.
El Caso de Juan Silva
En paralelo, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, también tiene una orden de captura vigente, renovada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Silva enfrenta una prisión preventiva de 36 meses por su presunta participación en el caso Puente Tarata y otros delitos relacionados con organización criminal.
En febrero de este año, Silva intentó anular las órdenes de captura alegando que el plazo de vigencia había expirado. Sin embargo, el juez Juan Carlos Checkley Soria declaró improcedente su solicitud, argumentando que no se presentaron nuevos elementos de convicción para modificar su situación legal.
A pesar de estas órdenes judiciales, Silva fue retirado del programa de recompensas del Ministerio del Interior, lo que nuevamente pone en evidencia errores administrativos en la gestión de requisitorias.
Errores Administrativos y Cuestionamientos
La exclusión de Cerrón y Silva del programa de recompensas ha generado críticas hacia el Ministerio del Interior y su Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad, liderada por Maxfredid Félix Pérez Rodríguez. Este funcionario ha sido cuestionado anteriormente por la falta de vigilancia en casos similares, como el de Nicanor Boluarte, quien también enfrenta una prisión preventiva de 36 meses.
El vacío administrativo que permitió la exclusión de Cerrón y Silva del programa de recompensas pone en riesgo la efectividad de las políticas de seguridad y justicia, y plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación entre el Poder Judicial, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
Implicaciones Legales y Políticas
La renovación de las órdenes de captura contra Cerrón y Silva reafirma la vigencia de las investigaciones en su contra y la necesidad de garantizar que los procesos judiciales se lleven a cabo sin interferencias. Sin embargo, los errores administrativos del Ministerio del Interior podrían dificultar la localización y detención de los requisitoriados, afectando la confianza en las instituciones encargadas de la lucha contra la criminalidad.
