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Esta semana el escándalo político llegó a su punto más alto, pues la presidenta Dina Boluarte optó por liberar al ex presidente Alberto Fujimori pese a los delitos de lesa humanidad por los que fue sentenciado. Haciendo caso omiso a un pronunciamiento del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ricardo Pérez Manrique. Y al darle luz verde al indulto, puso en evidencia el pacto político que tiene bajo la mesa con el fujimorismo desde el Congreso.
Es así que el gobierno de Boluarte dispuso la liberación de Alberto Fujimori, quien venía purgando una condena de 25 años de prisión por violación de derechos humanos. En la víspera de su liberación el Tribunal Constitucional había fallado a favor del irregular indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre del 2017.
Este hecho coloca al Gobierno de Dina Boluarte fuera de la ley internacional. Como bien lo ha señalado el exrepresentante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Harold Forsyth. “Con esta decisión 200 años de historia diplomática basada en el respeto a los tratados se han ido al tacho en un minuto. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de la que el Perú es parte, ningún país puede invocar el derecho interno para incumplir un tratado. Porque si no basta que un país diga que su corte de justicia dice tal cosa para no hacer caso. Tengo que discrepar de mi amigo Javier González Olaechea (canciller) cuando dice que la ejecución del fallo del Tribunal Constitucional no afecta a los compromisos internacionales del Perú. Eso es una contradicción evidente”, subrayó Forsyth en una entrevista.
De esta manera el Perú se aleja del sistema interamericano de justicia. A pesar de que existe una medida de supervisión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este alejamiento de la CIDH podría estar relacionado a que Boluarte actualmente es investigada por los asesinatos de 49 civiles durante las marchas en favor del adelanto de elecciones a finales del 2022 e inicios del 2023.
Objetivamente la liberación de Alberto Fujimori implica un incumplimiento directo a una orden vinculante de la Corte Interamericana, así lo señala Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Quién textualmente dijo: “Es una muestra del deterioro del estado de derecho en el Perú. Ya no se respetan estándares internacionales ni decisiones de cortes internacionales”.
Antecedentes de un indulto arreglado
El Tribunal Constitucional (TC) resolvió el 5 de diciembre un fallo en favor del irregular indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre del 2017. Dicho indulto permitió, en esos días, la primera excarcelación de Fujimori, quien debió regresar a prisión en 2018, luego de que un juzgado de la Corte Suprema anulara dicha gracia presidencial por considerarla no ajustada a ley.
En el 2013, el entonces mandatario Ollanta Humala (2011-2016) había rechazado otorgar el indulto humanitario a Fujimori por no ajustarse a las condiciones de salud requeridas para otorgar dicha gracia presidencial.
Consumación de la impunidad
En horas de la tarde del 6 de diciembre, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó lo siguiente: “En cumplimiento del mandato del Tribunal Constitucional que dispone la inmediata libertad del interno Alberto Fujimori, luego de procesar el documento de conformidad con los protocolos internos, procederá con la ejecución de la libertad”.
Los tres magistrados del TC que votaron a favor de la liberación de Fujimori fueron: Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco y Gustavo Gutierrez Ticse. Helder Domínguez, otro de los magistrados, tuvo un voto singular en que declaró improcedente el pedido. En esta resolución no figuran las firmas de los jueces restantes, César Ochoa y Manuel Monteagudo. Este último dijo que no había sido convocado por los demás magistrados para discutir esta decisión. Acto por decir lo menos irregular.
Reparación civil
Fujimori salió en libertad sin haber pagado aún los 57 millones de soles que debe por concepto de reparación civil, según el estimado de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Además, la Procuraduría aclaró que la excarcelación de Fujimori no lo libera de pagar la reparación civil al Estado. Finalmente, exhortó al Ministerio Público a garantizar la permanencia del procesado en el territorio nacional respecto de los casos pendientes.
Barrios altos y La Cantuta
Las sentencias de la CIDH por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta se dieron en los años 2001, 2006 y 2007, respectivamente. En ambos casos, el órgano supranacional declaró que el Estado peruano era responsable de las violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal de las víctimas de estos ataques ocurridos entre noviembre de 1991 y julio de 1992.
Papelón
Un papelón aparte fue el que protagonizaron el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, a quienes la presidenta Boluarte les ordenó dar la cara y leer raudamente un escueto comunicado con telepronter respecto a la liberación de Alberto Fujimori.
El primero dijo poco convencido que el Perú reafirma su compromiso con el sistema de promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito regional y universal. Mientras que el titular de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, sostuvo de paporreta y sin convicción que ratifican la firme adhesión del Gobierno del Perú a la Convención Americana de Derechos Humanos que garantiza la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad.
Y este último para salvar su responsabilidad agregó que, “conforme a todo Estado constitucional de derecho y acorde con el artículo 118, inciso 9 de la Constricción, es obligación del Ejecutivo cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales.
Es así que culmina momentáneamente un capitulo infame de un indulto negociado políticamente, que de todas maneras les traerá consecuencia legales y políticas a sus actores y sobre todo al gobierno cómplice de Dina Boluarte. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
