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El 3 de octubre del 2024 el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República el Proyecto de Ley que modifica el Código Penal, al incorporar el delito de terrorismo urbano y establecer variaciones para sancionar a quienes cometan sicariato y extorsión, con la finalidad de fortalecer las acciones contra la inseguridad ciudadana.
El dispositivo legal presentado define el terrorismo urbano como los actos que generen zozobra en la población o un sector de ella, a través de los delitos de extorsión y sicariato; y establece sancionar a quienes lo cometan con pena privativa de la libertad no menor a 30 años.
También considera castigar con cadena perpetua si el perpetrador pertenece a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) o la Policía Nacional del Perú (PNP); emplea armamento, material de guerra o artefactos explosivos; utiliza armas, municiones o explosivos de las FF. AA. y la PNP, o si recurre a un menor de edad. Todo ello forma parte de un gran cuento o un engaña muchachos puesto que esta “ley de terrorismo urbano” esta siendo utilizada para entretener a la tribuna al situarla como la solución mágica a los graves problemas de inseguridad pública que padece el país, agravados por la inoperancia de un gobierno incapaz de crear una estrategia de inteligencia policial eficaz a la altura de las circunstancias.
La intención del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso para crear la denominación de “terrorismo urbano” se trata de una medida que en la realidad no tendrá un impacto real en favor de la ciudadanía. Los que muchos no saben es una decisión similar fue tomada por el Congreso durante la presidencia de Alberto Fujimori en el año 1998, pero que esta no funcionó por que resultó inaplicable.
En ese año se aprobó el decreto legislativo 895 de terrorismo agravado, donde se criminalizaba a las bandas que secuestraban, robaban y cometían delitos graves y se calificó como terrorismo. El año siguiente, se le cambió el nombre por el de terrorismo especial.
Sin embargo, para el año 2001 -durante la presidencia de Valentín Paniagua- el delito desapareció, pero días antes el Tribunal Constitucional ya había declarado que varias de estas normas no eran acordes con la Constitución. El 17 de noviembre del 2001, se dictó la sentencia del TC y prácticamente declaró la inconstitucionalidad de casi todos los artículos de este decreto legislativo.
Revisando los archivos se puede constatar que durante el tiempo en el que estas normas estuvieron vigentes nada cambió, solo fue un nombre con la finalidad de intentar usar la jurisdicción militar, rebajar las garantías penales, las garantías procesales, pero lamentablemente la criminalidad no fue controlada por el solo uso de un nombre para una ley.
En base a estos antecedentes la propuesta actual, en la que coinciden tanto el Congreso como el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte -respaldado por el Ministerio del Interior- es prácticamente lo mismo, solo se cambiaría el nombre.
El abogado Carlos Caro señala al respecto que “Se habla de terrorismo urbano para calificar delitos comunes que ya están en el código penal como el secuestro, el asesinato, la extorsión, que tienen penas que incluso llegan hasta la cadena perpétua, de manera que cambios en el código penal no necesitamos. Lo que necesitamos es inteligencia policial, inteligencia del Ministerio Público, y eficacia en los procesos penales. Normas tenemos, lo que requerimos es aplicación”, aseguró.
Caro resaltó que incluso el Tribunal Constitucional reconoce únicamente como terroristas a quienes tienen la intención de subvertir el orden democrático y tomar el poder por la fuerza.
Las personas que secuestran, que roba, las personas que están cometiendo criminalidad organizada, no quieren tomar el poder, lo que quieren es tu dinero, privar a las personas de su libertad a cambio de rescates. En consecuencia, a lo mencionado la ciudadanía debe estar alerta para no caer en la manipulación por parte del gobierno, en querer hacerles creer que una ley va a frenar de golpe el accionar de cientos de bandas delictivas. Cuando lo que se necesita es repotenciar los sistemas de inteligencia en seguridad interna y brindarle los recursos logísticos a las fuerzas policiales para que desarrollen su trabajo. No más cuentos. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera
