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El director de IDL-Reporteros anunció una acción penal tras la frase “hay que cargarse a Gorriti” dicha por el alcalde de Lima en un acto oficial. La defensa del periodista alega riesgo para su integridad.
Antecedentes y contexto
En un evento municipal del 9 de septiembre, Rafael López Aliaga afirmó “hay que cargarse a Gorriti”, al aludir al periodista como supuesto obstáculo para impulsar la creación de un tribunal militar en el país. Días después, en conversación con César Hildebrandt, Gorriti informó que acudirá a la vía penal por considerar que la frase constituye “una clara incitación” contra su vida. Señaló además que seguidores del alcalde intentarían relativizar el término “cargarse”, aunque —dijo— en el argot delictivo peruano alude a eliminar a una persona.
Declaraciones y posturas
- Gustavo Gorriti (IDL-Reporteros): “Sí, por incitación al asesinato. Es una clara incitación… cuando él dice que hay que cargarse a Gorriti… es una llamada a ello”. Agregó que, de resultar atacado, se defenderá, y recordó que López Aliaga “ha prometido que cuando llegue al poder me va a sacar del país”.
- Rafael López Aliaga (alcalde de Lima): No se registraron nuevas precisiones suyas sobre la frase citada en la entrevista difundida. Este medio consignará cualquier descargo oficial que emita el alcalde o la Municipalidad de Lima.
Marco legal y procedimiento
La denuncia anunciada podría motivar a la Fiscalía a abrir diligencias preliminares para determinar si hubo instigación a cometer delito o amenazas contra la vida e integridad. En esa etapa, el Ministerio Público suele recabar el registro audiovisual del acto, pericias lingüísticas sobre el sentido de la expresión y declaraciones de los involucrados. El investigado tiene derecho a presentar descargos y pruebas de contexto.
Cifras, documentos y datos verificables
- Hecho detonante: acto oficial de la Municipalidad de Lima (9/9).
- Medio que recogió el anuncio de la denuncia: pódcast Hildebrandt en sus Trece.
- Condición del denunciante: periodista y director de IDL-Reporteros.
Implicancias políticas y sociales
El caso reaviva el debate sobre límites del discurso político y protección a periodistas. Organismos de prensa y derechos humanos suelen advertir que expresiones estigmatizantes desde cargos públicos pueden aumentar riesgos de agresiones y afectar el clima de libertades. A nivel institucional, el proceso pondrá a prueba los estándares de responsabilidad de autoridades electas en actos oficiales y el alcance penal de llamados a la violencia, aun cuando no se materialicen.
Próximas acciones y escenarios
- Denuncia formal: Gorriti anunció que la presentará en los próximos días.
- Eventual investigación fiscal: de iniciarse, puede incluir recaudación de videos y citaciones.
- Descargos del alcalde: se espera pronunciamiento de López Aliaga o de la comuna capitalina.
- Seguimiento institucional: eventuales pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo o gremios de prensa podrían solicitar garantías y medidas de protección.
Panorama
La controversia pasará del terreno político al judicial cuando la denuncia ingrese al Ministerio Público. La valoración fiscal del contexto, el sentido de la expresión y las evidencias audiovisuales será determinante para establecer si hubo delito y, en cualquier caso, para fijar estándares sobre el discurso de autoridades respecto a periodistas en un Estado democrático.
