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El organismo busca suspender la orden judicial que dispone la restitución de Espinoza y detener también la acción de amparo del IDL sobre la elección de consejeros, mientras especialistas advierten que el TC no debería amparar el pedido.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitó al Tribunal Constitucional (TC) una medida cautelar para suspender la orden del Noveno Juzgado Constitucional que dispone la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación y la paralización de su proceso disciplinario. El pedido también busca detener la acción de amparo presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) que cuestiona la elección de los miembros de la propia JNJ. Según la resolución difundida por Infobae, la institución sostiene que la medida judicial del juez Juan Torres Tasso afecta sus competencias constitucionales. Expertos en derecho constitucional advierten que el TC no debería conceder la cautelar, pues implicaría avalar un desacato a una resolución judicial vigente.
La estrategia de la JNJ ante el Tribunal Constitucional
De acuerdo con el documento presentado ante el TC, la JNJ considera que la medida cautelar emitida el 10 de noviembre por el Noveno Juzgado Constitucional “afecta gravemente las competencias y atribuciones” de la entidad al suspender los procesos disciplinarios contra Espinoza.
La Procuraduría de la JNJ argumenta que el juez habría incurrido en una “extralimitación”, al impedir el avance de cargos disciplinarios no vinculados directamente con la pretensión del amparo. Según el escrito, la suspensión de los cargos 1, 3 y 4 del proceso disciplinario no guardaría relación con el objeto de la medida cautelar, por lo que el fallo interferiría en la función constitucional de control y disciplina sobre magistrados.
El organismo sostiene además que, de no otorgarse la cautelar, los miembros de la JNJ se verían expuestos a denuncias por desobediencia, puesto que la reposición de Espinoza continúa siendo exigible mientras la orden judicial esté vigente.
Tres escenarios posibles tras el pedido al TC
De acuerdo con los plazos procesales y el contenido del pedido, existen tres posibles resultados:
- El TC concede la medida cautelar a la JNJ:
La reposición de Espinoza queda paralizada hasta que se resuelva la demanda competencial. La fiscal suspendida no podría retomar el cargo. - El TC rechaza la cautelar:
La JNJ deberá reponer de inmediato a Delia Espinoza como fiscal de la Nación, y continuar acatando la suspensión del proceso disciplinario. - El TC otorga la cautelar pero declara infundada la demanda competencial:
La suspensión sería temporal; una vez resuelto el fondo, la reposición tendría que ejecutarse.
La medida también busca frenar la acción de amparo del IDL
La JNJ solicita al TC que detenga el proceso de amparo presentado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), que cuestiona la elección de los actuales consejeros del organismo.
El IDL y dos ciudadanas sustentaron la demanda señalando presuntas irregularidades en dicho proceso, y denunciaron que sus tachas no fueron tramitadas adecuadamente. La acción pretende anular la elección completa y convocar un nuevo proceso.
La JNJ advierte que permitir el avance simultáneo del amparo del IDL y del proceso iniciado por Delia Espinoza podría generar “inestabilidad institucional”, al dejar en suspenso tanto la integración como el funcionamiento de la entidad.
Especialistas cuestionan el pedido de la JNJ
El abogado constitucionalista Diego Pomareda sostuvo que el Tribunal Constitucional no debería otorgar la medida cautelar solicitada por la JNJ, pues hacerlo implicaría validar un desacato a la orden judicial que favorece a Delia Espinoza.
En declaraciones a La República, precisó que:
- “La JNJ está desacatando. No se puede —desde mi punto de vista jurídico— avalar un desacato a través de una medida cautelar del TC”.
- “¿Quién debe definir si se está afectando un derecho fundamental de Espinoza? El Poder Judicial, no el Tribunal Constitucional”.
Añadió que el TC no podría limitar decisiones judiciales a través de una delimitación de competencias:
“El TC no puede restringir ni mermar las decisiones judiciales válidamente emitidas en un proceso de tutela de derechos fundamentales”.
Contexto institucional: un conflicto abierto entre órganos del Estado
El pedido de la JNJ al TC se produce en un escenario ya tensionado:
- El Poder Judicial ha ordenado la reposición de Espinoza y la suspensión de su proceso disciplinario.
- La JNJ ha presentado una demanda competencial alegando invasión de funciones.
- La defensa de Espinoza ha advertido que solicitará el uso de la fuerza pública si el órgano constitucional no cumple con el plazo judicial.
El conflicto coloca al sistema de justicia peruano en una situación delicada, en la que se enfrentan directamente dos órganos autónomos llamados a garantizar controles recíprocos.
Próximos pasos: plazos definidos y decisiones pendientes
En el corto plazo, el escenario dependerá de dos elementos clave:
- La decisión del Tribunal Constitucional sobre la medida cautelar solicitada por la JNJ.
- El vencimiento del plazo judicial que obliga a la Junta a restituir a Espinoza, tras la notificación realizada el 18 de noviembre.
Si la JNJ no cumple el mandato judicial dentro del plazo, la defensa de Espinoza podrá pedir el uso de la PNP y la remisión de copias por desacato. Si el TC concede la cautelar antes de ese plazo, la reposición quedaría suspendida.
Panorama
La controversia sobre la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación ha escalado a una disputa competencial entre el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia, ahora en manos del Tribunal Constitucional. La decisión sobre la medida cautelar determinará si la JNJ debe ejecutar la orden de restitución o si la reincorporación de Espinoza queda suspendida temporalmente. Mientras tanto, el conflicto plantea interrogantes sobre los límites de las competencias de cada órgano y la vigencia efectiva de las resoluciones judiciales en el país.
