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Hugo de Zela presentará el 3 de diciembre, en Washington, los argumentos del Gobierno peruano frente al pedido de salvoconducto para la ex primera ministra, hoy asilada en la Embajada de México y sentenciada por conspiración de rebelión.
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, acudirá el miércoles 3 de diciembre a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D.C., para sustentar la posición del Perú respecto al asilo concedido por México a la ex primera ministra Betssy Chávez. La exfuncionaria del gobierno de Pedro Castillo se encuentra asilada en la embajada mexicana en Lima desde el 3 de noviembre y recientemente fue condenada por la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, vinculado al intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022.
Antecedentes: intento de autogolpe y proceso penal contra Betssy Chávez
El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un “gobierno de excepción”, decisión que fue calificada como intento de autogolpe y desembocó en su vacancia por el Parlamento ese mismo día.
En el marco de ese episodio, la Fiscalía y luego el Poder Judicial atribuyeron a Betssy Chávez —entonces presidenta del Consejo de Ministros— un rol en la organización y coordinación de las acciones que acompañaron el mensaje presidencial, lo que derivó en un proceso por los delitos de rebelión y conspiración para la rebelión.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dictó sentencia condenatoria contra Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros ex altos funcionarios, señalando responsabilidad penal en la planificación del intento de ruptura del orden constitucional y fijando, en el caso de Chávez, una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de una inhabilitación de dos años para ejercer función pública.
Tras conocerse el fallo, la misma Sala dispuso su ubicación y captura a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la exministra se encontraba ya desde el 3 de noviembre en la Embajada de México en Lima, en condición de solicitante de asilo, lo que introdujo una dimensión diplomática al caso.
Asilo en la Embajada de México y posición del Ejecutivo
El Gobierno de México otorgó asilo a Betssy Chávez en su sede diplomática en Lima, invocando principios tradicionales de la política exterior mexicana en materia de protección a personas perseguidas. El Estado peruano, por su parte, ha evitado pronunciarse de manera definitiva sobre la entrega del salvoconducto necesario para que la exfuncionaria pueda salir del país en condición de asilada.
El canciller Hugo de Zela ha señalado que, pese a la condena judicial, la situación formal de Chávez como solicitante de asilo no ha variado. Según explicó, el Ejecutivo mantiene una posición previamente anunciada: no ingresar por la fuerza a la sede diplomática, reconocer la inviolabilidad de la embajada mexicana y, al mismo tiempo, manifestar reparos sobre el uso de la figura del asilo en casos de personas ya sometidas a procesos penales internos.
En línea con ello, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, ha reiterado que el Gobierno no dispone legalmente de la posibilidad de retirar a la exministra del recinto diplomático, dada la protección que confieren las normas internacionales sobre la inviolabilidad de las misiones extranjeras.
Presentación ante la OEA y propuesta sobre la Convención de Caracas
Durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el 28 de noviembre, Hugo de Zela informó que viajará a Washington para exponer ante el Consejo Permanente de la OEA la interpretación peruana de los alcances del asilo concedido a Betssy Chávez y, en particular, la postura frente al salvoconducto solicitado por México.
El Ejecutivo ha adelantado que uno de los puntos centrales será la propuesta de revisar algunos aspectos de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas (1954), instrumento que regula buena parte de los casos de asilo en la región. La posición del Gobierno, según declaraciones previas del jefe del Gabinete, José Jerí, es que se deben evitar interpretaciones que permitan utilizar el asilo como mecanismo para eludir procesos penales por delitos comunes o contra el orden constitucional en el Estado requirente.
Jerí ha indicado que, mientras no exista un pronunciamiento final sobre el salvoconducto, este no será concedido, lo que en la práctica impide que Chávez viaje a territorio mexicano. La intención de la delegación peruana ante la OEA sería, por tanto, explicar las razones jurídicas y políticas de esa decisión, dentro del marco de los tratados vigentes y de la doctrina regional sobre asilo.
Marco jurídico internacional y debate sobre el asilo
El caso coloca en tensión diversos principios del derecho internacional americano:
- El derecho de asilo, reconocido históricamente por varios países latinoamericanos, que buscan proteger a personas perseguidas por razones políticas.
- La obligación de los Estados de investigar y sancionar delitos graves, en particular cuando se vinculan a intentos de quebrantamiento del orden constitucional.
- La figura del salvoconducto, mediante la cual el Estado territorial permite la salida segura del asilado hacia el país que le otorga protección.
De acuerdo con la doctrina tradicional, el Estado que otorga asilo califica la naturaleza del delito (político, común u otro), mientras que el Estado territorial puede aceptar o rechazar el salvoconducto alegando que se trata de un delito común y no político. El debate gira precisamente en torno a si los hechos por los que fue condenada Betssy Chávez pueden considerarse actos de naturaleza estrictamente política, ligados a un conflicto de poder, o si se trata de delitos que el Estado peruano considera no amparables por la institución del asilo.
En este contexto, la presentación de Hugo de Zela ante la OEA buscará fundamentar que la negativa a otorgar salvoconducto no supone el desconocimiento de las obligaciones internacionales del Perú, sino una interpretación específica de los límites del asilo diplomático en casos de condena penal.
Implicancias políticas y diplomáticas
El caso de Betssy Chávez tiene varias implicancias:
- En el plano interno, mantiene vigente la discusión sobre la responsabilidad penal y política de los integrantes del gobierno de Pedro Castillo en el intento de autogolpe de 2022, así como sobre el alcance de las sentencias emitidas por el Poder Judicial.([Wikipedia][1])
- En el ámbito diplomático, tensiona la relación entre Perú y México, que ya ha pasado por episodios de retiro y llamado en consulta de embajadores en años recientes. La forma en que se maneje el caso podría influir en el clima de la relación bilateral y en la coordinación dentro de foros regionales.
- En el sistema interamericano, reabre el debate sobre la actualización de los instrumentos de asilo frente a escenarios contemporáneos, en los que la distinción entre delitos políticos y comunes resulta cada vez más discutida cuando están involucrados actos de corrupción, violencia o ruptura del orden democrático.
Organismos de derechos humanos y especialistas en derecho internacional seguirán de cerca la presentación ante la OEA, así como cualquier pronunciamiento que pueda surgir del organismo, ya sea en forma de resoluciones, recomendaciones o debates en el Consejo Permanente.
Escenarios posibles tras la presentación ante la OEA
Tras la exposición del canciller, se abren varios escenarios:
- Que la OEA tome nota del informe peruano y del planteamiento de eventuales ajustes a la Convención de Caracas, sin emitir una posición inmediata de fondo.
- Que algunos Estados miembros impulsen un debate más amplio sobre la figura del asilo diplomático y sus límites, incluyendo la posibilidad de crear grupos de trabajo o comisiones especializadas.
- Que el Gobierno de México mantenga su reconocimiento de Chávez como asilada y continúe solicitando el salvoconducto, mientras el Perú sostenga su negativa en base a su interpretación de los tratados.
- Que la defensa de la ex primera ministra recurra a instancias internacionales —como la CIDH— alegando vulneración de derechos, lo que añadiría una nueva dimensión jurídica al caso.
Panorama
La comparecencia del canciller Hugo de Zela ante la OEA el 3 de diciembre se inscribe en un contexto en el que confluyen una condena penal firme por conspiración de rebelión, la vigencia de un asilo diplomático concedido por México y la negativa del Estado peruano a otorgar salvoconducto. Las definiciones que adopten el Ejecutivo, el Poder Judicial y los actores internacionales en las próximas semanas marcarán el curso del caso Betssy Chávez y podrían influir en la futura interpretación regional del asilo diplomático y de sus alcances frente a procesos penales por afectación del orden constitucional.
