MENU
Ernesto Álvarez sostiene que la protesta responde a intereses políticos y que parte del sector estaría infiltrado por bandas criminales.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que el paro de transportistas convocado para el 15 de enero de 2026 responde a intereses políticos y que un sector del gremio estaría coludido con organizaciones criminales. Las declaraciones se dieron en una entrevista televisiva, a pocos días de una paralización confirmada por gremios de Lima y Callao que exigen medidas frente a las extorsiones y la violencia.
Antecedentes y contexto
El sector transporte atraviesa una situación crítica por el incremento de extorsiones, ataques armados y asesinatos vinculados a cobros ilegales, especialmente en Lima Metropolitana y el Callao. En respuesta, diversos gremios anunciaron una paralización nacional para el jueves 15 de enero, con el objetivo de exigir mayores acciones del Estado para garantizar la seguridad de conductores y empresas.
La convocatoria se produce en un año preelectoral, con comicios generales programados para 2026, lo que ha añadido un componente político al debate público sobre las protestas sociales y su legitimidad.
Declaraciones y posturas de actores relevantes
En diálogo con Panamericana Televisión, el jefe del Gabinete sostuvo que no todos los transportistas participan de manera legítima en la protesta. “Así como hay malos policías y malos fiscales, también hay malos transportistas que dan información o incluso integran bandas criminales”, señaló Álvarez, al referirse a presuntas filtraciones que favorecerían a las extorsiones.
El primer ministro añadió que el Ejecutivo mantiene comunicación permanente con representantes del sector, entre ellos Martín Ojeda, vocero del gremio Transportes Unidos. Sin embargo, afirmó que los paros anunciados no suelen suspenderse: “Una vez que los anuncian, no los levantan”, indicó.
Desde el lado de los transportistas, Ojeda ratificó la medida y descartó cualquier retroceso. “No se va a modificar por ningún tipo de reunión. Queda establecido el 15 y el 15 será”, declaró el 9 de enero.
Motivaciones políticas y datos del conflicto
Álvarez también atribuyó a la paralización un componente electoral. Según explicó, existirían intereses vinculados tanto a la campaña parlamentaria como a las elecciones regionales y municipales. “Hay pugnas internas en la actividad del transporte y fuertes intereses contradictorios”, sostuvo.
Transportes Unidos agrupa a más de 250 empresas y ha señalado que la protesta busca visibilizar el impacto de la criminalidad organizada en el sector, que en los últimos meses ha registrado múltiples ataques armados contra conductores y unidades de transporte público.
Implicancias políticas, sociales y económicas
Las declaraciones del PCM han generado tensión con los gremios de transporte, que rechazan ser asociados de manera generalizada con actividades criminales. El conflicto plantea un desafío para el Ejecutivo en términos de diálogo social y manejo de la seguridad ciudadana, uno de los principales problemas percibidos por la población.
En el plano económico, una paralización del transporte urbano y de carga podría afectar la movilidad, el abastecimiento y las actividades productivas en Lima y Callao, con impacto directo en trabajadores y usuarios.
Próximas acciones y escenarios posibles
El paro del 15 de enero se mantiene confirmado. Las autoridades han anunciado planes de contingencia para garantizar servicios esenciales, mientras que los gremios evalúan la duración y alcance de la medida. No se ha informado, hasta el momento, de una mesa de diálogo formal previa a la fecha anunciada.
Panorama
A días de la paralización, el Gobierno y los transportistas mantienen posiciones contrapuestas. Mientras el Ejecutivo minimiza la protesta y cuestiona sus motivaciones, los gremios insisten en que la medida responde a una crisis de seguridad no resuelta. El desarrollo del paro y la respuesta estatal marcarán el curso inmediato de la relación entre el sector transporte y el Gobierno.
