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El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias tras revelarse reuniones fuera de agenda con el empresario chino Yang; en paralelo, partidos exigen explicaciones y evalúan medidas para su eventual salida.
La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra el presidente de la República, José Jerí, por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias, a raíz de reuniones no consignadas en la agenda oficial con el empresario chino Zhihua “Johnny” Yang. El proceso, confirmado por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, se inició el 15 de enero y se desarrolla en etapa inicial, bajo el régimen especial que rige para altos funcionarios. En paralelo, el Congreso analiza eventuales responsabilidades políticas que podrían derivar en censura o vacancia.
Antecedentes y contexto
El caso se originó tras la revelación periodística de una serie de reuniones privadas entre el jefe de Estado y el empresario Yang, algunas de ellas realizadas fuera de Palacio de Gobierno, en horarios nocturnos y sin registro en la agenda presidencial. Estos encuentros se produjeron en un contexto de creciente escrutinio público sobre la transparencia del Ejecutivo, a pocos meses del inicio formal del proceso electoral general de 2026.
Las revelaciones reactivaron el debate sobre los límites de la investidura presidencial, el cumplimiento de las normas de transparencia y la eventual existencia de gestiones irregulares en favor de intereses privados.
Investigación fiscal y tipificación preliminar
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó que la hipótesis fiscal preliminar considera los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias, figuras previstas en el Código Penal. Precisó que estas tipificaciones se adoptan como marco inicial y que el alcance definitivo de las responsabilidades se determinará conforme avancen las diligencias.
Debido a su condición de presidente en funciones, la investigación contra Jerí se tramita directamente en la Fiscalía de la Nación. En paralelo, el empresario Zhihua Yang, al no contar con antejuicio político, es investigado por la Fiscalía Anticorrupción, configurándose una doble vía procesal.
Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, una vez agotadas las diligencias preliminares, la investigación podría quedar suspendida hasta la conclusión del mandato presidencial.
Cronología de las reuniones cuestionadas
Los registros oficiales y reportes periodísticos consignan al menos cinco encuentros entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Entre ellos figura una reunión nocturna en un chifa del distrito de San Borja, así como visitas reiteradas de Yang a Palacio de Gobierno acompañado de otros empresarios, algunos de ellos investigados por presuntos delitos ambientales.
Asimismo, se reportó una visita del presidente a un local comercial del empresario en el Cercado de Lima, que fue posteriormente clausurado por la municipalidad distrital. Ninguno de estos encuentros privados fue inicialmente consignado en la agenda oficial del mandatario.
Posturas y declaraciones de los actores involucrados
Horas después de conocerse la investigación, el presidente José Jerí remitió escritos tanto a la Fiscalía de la Nación como a la Comisión de Fiscalización del Congreso, manifestando su disposición a colaborar con las indagaciones y a brindar las explicaciones que se le requieran.
Desde el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sostuvo que el mandatario no habría incurrido en delito alguno y afirmó que fue “víctima de una trampa” derivada de su inexperiencia política. Estas declaraciones fueron desmentidas por el abogado del empresario Yang, Edwin de la Cruz Ponce, quien aseguró que la relación entre su patrocinado y el presidente es de carácter personal y negó la existencia de contratos con el Estado durante el actual gobierno.
Reacción política y correlación de fuerzas en el Congreso
En el ámbito parlamentario, diversas bancadas han anunciado o respaldado mociones de censura y vacancia. Legisladores de Bloque Democrático, Perú Libre, Juntos por el Perú–Voces del Pueblo, Bancada Socialista y congresistas no agrupados han iniciado la recolección de firmas.
De acuerdo con estimaciones preliminares, las iniciativas alcanzarían 52 de los 66 votos necesarios para censurar a la Mesa Directiva, aunque el resultado final dependerá de la posición de bancadas clave como Alianza para el Progreso, Acción Popular y Renovación Popular.
Este último grupo solicitó la convocatoria a un Pleno extraordinario para que el presidente Jerí exponga públicamente su versión de los hechos.
Implicaciones políticas e institucionales
La apertura de la investigación fiscal coincide con un escenario de alta fragilidad política, marcado por la proximidad del proceso electoral y la limitada estabilidad del Ejecutivo. Analistas advierten que la continuidad del presidente dependerá no solo del avance de las diligencias fiscales, sino también de la dinámica parlamentaria y de la capacidad del Gobierno para sostener apoyos mínimos.
Desde el punto de vista institucional, el caso reabre el debate sobre los mecanismos de control del poder, la transparencia en la gestión pública y los alcances del fuero presidencial.
Próximos pasos y escenarios
En el corto plazo, la Fiscalía continuará con la toma de declaraciones y el análisis documental. Paralelamente, la Comisión de Fiscalización ha programado sesiones extraordinarias y una eventual citación del presidente para que informe directamente al Parlamento.
Dos escenarios se perfilan: la continuidad del mandatario mientras se desarrollan las investigaciones preliminares, o una definición política anticipada si prosperan las mociones de censura o vacancia.
Panorama
La investigación preliminar contra el presidente José Jerí marca un nuevo punto de tensión en la vida política nacional. Mientras el Ministerio Público avanza en la verificación de presuntos delitos vinculados a reuniones no registradas, el Congreso evalúa las consecuencias políticas del caso. El desenlace dependerá del curso de las diligencias fiscales y de las decisiones que adopte el Parlamento en las próximas semanas.
