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Las contrataciones y reuniones investigadas alimentan el clima de inestabilidad en un gobierno cada vez más cuestionado.
El presidente José Jerí deberá rendir declaración ante el Ministerio Público el próximo 2 de marzo a las 2:30 p.m. en Palacio de Gobierno, como parte de una investigación preliminar ampliada por presunto tráfico de influencias relacionado con contrataciones de personas vinculadas a su entorno y con reuniones sostenidas con empresarios chinos. La Fiscalía ha calificado las diligencias como “complejas” y ha fijado un plazo de 90 días para su desarrollo.
Antecedentes y contexto
La citación se enmarca en la ampliación de la investigación preliminar que ya involucra al mandatario en el denominado caso “Chifagate”, referido a reuniones extraoficiales con empresarios de nacionalidad china.
Según la disposición fiscal, además de la declaración del jefe de Estado, se ha solicitado al secretario general de la Presidencia que, en un plazo máximo de tres días hábiles, remita el reporte de contrataciones y designaciones realizadas en Palacio durante 2025 respecto de nueve personas vinculadas al mandatario.
Entre la documentación requerida figuran los expedientes de contratación bajo el régimen de locación de servicios y el Fondo de Apoyo Gerencial, así como órdenes de servicio, contratos y comprobantes de pago correspondientes, incluido el caso específico de Rubiel Beraún Rojas para noviembre de 2025.
La investigación también solicita la directiva que regula los procedimientos de contratación en el Despacho Presidencial y en la Secretaría General de Palacio.
Declaraciones y posturas oficiales
La Presidencia de la República emitió un comunicado señalando que las contrataciones mencionadas se realizaron conforme a la normativa vigente. En el documento se afirma que las profesionales contratadas “cuentan con experiencia para el desempeño de las funciones asignadas” y que los procedimientos administrativos se ajustaron a ley.
Respecto a visitas vinculadas al caso, el Ejecutivo indicó que estas fueron registradas en el aplicativo correspondiente, en cumplimiento de las disposiciones legales.
Por su parte, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó que el mandatario ya fue interrogado previamente en Palacio por aproximadamente tres horas y que respondió cerca de 30 preguntas. Asimismo, precisó que la Fiscalía recabará directamente cualquier material audiovisual pertinente y que el presidente entregará reportes de sus comunicaciones telefónicas.
Actuación del Congreso y disputa política
En paralelo, el caso ha generado repercusiones en el Parlamento. Un grupo de congresistas promovió una moción de censura y vacancia contra el presidente. Aunque inicialmente se anunció la recolección de 80 firmas, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) validó 29, lo que no permitió avanzar de inmediato con el procedimiento.
Sin embargo, se prevé la convocatoria a un Pleno Extraordinario para evaluar la situación política del mandatario.
El congresista José María Balcázar manifestó que cuenta con experiencia suficiente para asumir responsabilidades de gobierno en caso de un eventual cambio, aunque consideró poco probable que ello ocurra en el corto plazo. También cuestionó decisiones adoptadas por el Ejecutivo, como la reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), señalando que, a su juicio, carecerían de sustento técnico.
Comisión de Fiscalización y nuevas diligencias
La Comisión de Fiscalización del Congreso continúa con actuaciones vinculadas al caso. Han declarado ante el grupo de trabajo el jefe de Estado, el ministro del Interior y el empresario Ji Wu Xiaodong, este último de manera virtual.
El presidente de la comisión, Elvis Vergara, anunció que solicitarán facultades de comisión investigadora para ampliar las pesquisas sobre las reuniones del mandatario con empresarios chinos. El informe de calificación será sometido a votación en el Pleno en los próximos días.
Implicaciones institucionales y escenarios
La investigación preliminar por presunto tráfico de influencias se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política, dado que coincide con intentos de censura y con cuestionamientos públicos a la actuación del Ejecutivo.
Desde el punto de vista jurídico, el proceso dependerá de los resultados de las diligencias documentales y testimoniales que recabe la Fiscalía durante el plazo establecido. En el plano político, la eventual obtención de facultades investigadoras por parte del Congreso podría intensificar el escrutinio institucional sobre el mandatario.
Panorama
La declaración programada para el 2 de marzo constituirá un nuevo hito en la investigación fiscal contra el presidente José Jerí por presuntas irregularidades en contrataciones en Palacio y por el caso “Chifagate”. Mientras el Ejecutivo sostiene que los procedimientos se realizaron conforme a ley, el Ministerio Público y el Congreso continúan con diligencias destinadas a esclarecer los hechos dentro de los plazos establecidos.
