Las conversaciones atribuidas a su exasesora describen presuntos descuentos sobre su sueldo, gratificación y beneficios parlamentarios.
Conversaciones de WhatsApp atribuidas a Zoila Soledad Yauri Aquino, exasesora del entonces congresista Roberto Sánchez, contienen referencias a presuntos recortes mensuales de su remuneración y coordinaciones relacionadas con dinero dentro del despacho parlamentario del excandidato presidencial de Juntos por el Perú.
Los mensajes fueron difundidos la noche del domingo 26 de julio de 2026 por el programa Cuarto Poder. El lunes 27, Sánchez negó haber pedido transferencias o devoluciones de dinero a sus trabajadores y anunció que colaborará con las indagaciones que correspondan.
El material no fue obtenido originalmente como parte de una investigación por corrupción. Según el reportaje, apareció durante el análisis de teléfonos incautados por la Fiscalía Antidrogas y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional en el denominado Caso Mavi, una investigación sobre el presunto desvío de insumos químicos fiscalizados hacia organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas en el Vraem.
La fiscal antidrogas Edith Ccora declaró que las conversaciones relacionadas con las remuneraciones no corresponden al objeto de ese expediente. Por ello, anunció que se remitirán copias a la Fiscalía Anticorrupción para que evalúe si existen elementos suficientes para iniciar una investigación independiente.
Hasta el cierre de esta versión no se encontró un comunicado público del Ministerio Público que confirme la apertura formal de una carpeta fiscal contra Roberto Sánchez por estos hechos.
Una investigación antidrogas que abrió otro frente
El Caso Mavi se concentra en una presunta red dedicada al abastecimiento de sustancias químicas fiscalizadas, entre ellas acetona y ácido, que habrían sido desviadas hacia el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
En esa investigación aparece Romario Flores Palomino, identificado por los medios como pareja de Zoila Yauri. Las publicaciones consultadas presentan una discrepancia sobre su primer nombre: El Comercio lo identifica como Edison, mientras que América Televisión, Caretas y otras fuentes emplean Edwin. Al no encontrarse un documento fiscal público que permita resolver la diferencia, se mantiene únicamente la parte coincidente del nombre.
Durante las diligencias se revisaron dispositivos móviles incautados y se localizó un chat familiar en el que Yauri conversaba con integrantes de su familia sobre supuestos descuentos aplicados mientras trabajaba en el despacho de Sánchez.
No está confirmado que los mensajes hayan sido extraídos específicamente del teléfono personal de Yauri. Las fuentes principales señalan de manera más general que fueron encontrados durante la lectura o revisión de los celulares incautados.
Tampoco debe confundirse el alcance de ambos casos. Según los reportes consultados, Yauri no está comprendida como investigada en el expediente por desvío de insumos químicos. Sin embargo, figura como propietaria de un inmueble ubicado en Ancón que, de acuerdo con la hipótesis fiscal expuesta por Ccora, habría funcionado temporalmente como punto de acopio.
Esa hipótesis pertenece al Caso Mavi y no demuestra por sí misma participación de Yauri en actividades ilícitas ni guarda relación directa con los presuntos recortes salariales.
Los mensajes atribuidos a Zoila Yauri
Las conversaciones difundidas abarcan el periodo comprendido entre noviembre de 2021 y diciembre de 2023, cuando Yauri trabajaba como asesora II en el despacho parlamentario de Roberto Sánchez.
En un mensaje familiar fechado el 19 de noviembre de 2021, Yauri afirmó que se le retiraba el 40% de su sueldo y señaló a una persona identificada como “Marisol” como encargada de cobrar el dinero.
Otro intercambio difundido por el programa está fechado el 1 de noviembre de 2021. En esa conversación, una cuenta atribuida a Sánchez recordó a Yauri que debía cumplir un acuerdo relacionado con aspectos remunerativos. La entonces asesora respondió que los montos y giros eran coordinados con “Marisol”.
El significado exacto de ese intercambio deberá ser determinado por la Fiscalía. Las expresiones mostradas por el reportaje resultan relevantes, pero aisladas de una pericia completa no demuestran automáticamente la existencia de un delito ni permiten establecer el destino final del dinero.
En una conversación del 20 de octubre de 2023, Yauri manifestó a sus familiares que ese mes volverían a descontarle S/1.800. En otro mensaje, del 19 de diciembre de ese año, indicó que había entregado S/1.500 y relacionó el pago con su sueldo y gratificación.
El reportaje también sostuvo que los presuntos recortes habrían alcanzado otros beneficios laborales, incluido un bono parlamentario de S/9.900 entregado en 2023. Familiares de Yauri le habrían recomendado conservar fotografías y comprobantes de las transferencias.
Las cantidades de 40%, S/1.800, S/1.500 y S/9.900 proceden de las conversaciones y del reportaje periodístico. Hasta el momento no se ha publicado una pericia bancaria, contable o fiscal que permita comprobar cuánto dinero fue entregado, a quién se transfirió o cuál habría sido su destino.
La respuesta de Roberto Sánchez
Sánchez rechazó el lunes 27 de julio cualquier participación en un sistema de recorte de remuneraciones. Afirmó que nunca solicitó transferencias vinculadas con los salarios de su equipo y sostuvo que no reconoce la validez ni el contexto atribuido a los chats difundidos.
El líder de Juntos por el Perú señaló que se someterá a las investigaciones necesarias y ofrecerá las facilidades que le requieran las autoridades. También dijo que las acusaciones carecen de fundamento y que espera que las diligencias permitan esclarecerlas.
Esta respuesta difiere de la formulación inicial incluida en el artículo, según la cual Sánchez no habría negado la autenticidad del chat. La información más reciente de América Noticias señala que sí cuestionó la validez y el contexto de las conversaciones. Por esa razón, no corresponde afirmar que haya reconocido los mensajes.
Queda pendiente que Sánchez explique de manera específica a qué se refería el intercambio sobre el cumplimiento de lo acordado en materia remunerativa. La determinación de su autenticidad, integridad y significado requerirá una evaluación técnica de los dispositivos y no solamente la reproducción televisiva de capturas.
El vínculo político entre Sánchez y Yauri
Yauri trabajó como asesora parlamentaria de Sánchez entre 2021 y 2023. El reportaje también señaló que colaboró con su campaña electoral de 2021 mediante la entrega de pinturas valorizadas en más de S/6.000.
Posteriormente postuló como candidata a diputada por Lima con el número 6 de Juntos por el Perú en las elecciones generales de 2026. Estos antecedentes acreditan una relación laboral y política prolongada, pero no permiten por sí solos establecer responsabilidad penal de ninguno de los involucrados.
La identidad y funciones de la persona mencionada como “Marisol” tampoco han sido establecidas públicamente mediante documentación oficial. El reportaje le atribuye la presunta recepción o coordinación de los pagos, pero no se conoce hasta ahora su versión ni si ha sido citada por alguna autoridad.
La Fiscalía Anticorrupción deberá evaluar el material
La fiscal Edith Ccora explicó que las conversaciones serán separadas del expediente antidrogas y remitidas para una indagación especializada. Esto significa que el hallazgo constituye información potencialmente relevante, pero todavía debe superar varias etapas antes de convertirse en evidencia dentro de un proceso por corrupción.
La Fiscalía Anticorrupción deberá determinar, entre otros aspectos:
- Si las conversaciones son auténticas e íntegras.
- A qué dispositivos y cuentas corresponden.
- Si existieron transferencias o entregas de dinero.
- Quién recibió los presuntos pagos.
- Si el dinero fue solicitado directa o indirectamente por Sánchez.
- Si los hechos podrían configurar algún delito contra la administración pública.
Hasta que esas diligencias se produzcan, debe mantenerse la presunción de inocencia de Sánchez y de las demás personas mencionadas.
Reacciones políticas
La senadora Ruth Luque, integrante de Ahora Nación, pidió que el caso sea investigado. Indicó que, si los hechos se comprueban y el asunto llega al Senado, respaldaría las medidas correspondientes, incluida una eventual inhabilitación.
Alfonso López-Chau, senador y dirigente de Ahora Nación, sostuvo que cualquier presunto recorte de sueldos debe investigarse y ser condenado si se demuestra, sin establecer diferencias por la organización política a la que pertenezcan los involucrados.
Estas declaraciones cobran relevancia porque Juntos por el Perú y Ahora Nación formaron parte de una coalición legislativa anunciada después de las elecciones de 2026. Sin embargo, no se encontró respaldo suficiente para afirmar que López-Chau hubiera acusado directamente a Sánchez o anunciado una ruptura de esa alianza.
Un caso todavía en etapa preliminar
La difusión de los mensajes coloca a Sánchez frente a un nuevo cuestionamiento político, pero jurídicamente el caso permanece en una fase inicial.
No se ha confirmado una acusación fiscal, una formalización de investigación preparatoria ni una imputación penal contra el excandidato presidencial por presunto recorte de remuneraciones. Lo confirmado hasta ahora es la existencia de conversaciones halladas durante otras diligencias, su difusión periodística y el anuncio de que serán puestas en conocimiento de una fiscalía especializada.
Tampoco se encontró respaldo oficial suficiente para vincular este episodio con un supuesto proceso paralelo sobre el financiamiento de Juntos por el Perú. Existen informaciones periodísticas sobre otros procedimientos relacionados con Sánchez, pero no se incorporan a esta versión porque no se acreditó una conexión directa con los chats.
El paso decisivo será la entrega efectiva del material a la Fiscalía Anticorrupción y la evaluación de su contenido completo. Las capturas difundidas pueden justificar una indagación, pero la responsabilidad penal solo podrá determinarse mediante pericias, testimonios, información bancaria y otros elementos obtenidos con las garantías del debido proceso.
Panorama
Los chats atribuidos a Zoila Yauri contienen señalamientos graves sobre presuntos descuentos de hasta el 40% de su remuneración cuando trabajaba en el despacho de Roberto Sánchez. También muestran referencias a coordinaciones monetarias que deberán ser explicadas.
Sin embargo, el contenido todavía no ha sido validado mediante una pericia pública ni existe confirmación oficial de una investigación anticorrupción formal contra Sánchez por este caso. El excandidato presidencial niega haber pedido dinero a sus trabajadores y ha anunciado que colaborará con las autoridades.
La Fiscalía Anticorrupción tendrá ahora la responsabilidad de establecer si las conversaciones reflejan un sistema de recorte salarial, quiénes participaron y cuál fue el destino de los supuestos pagos, o si las explicaciones de Sánchez permiten descartar una conducta delictiva.
