Perú Libre gastó más de 31 mil soles en versos familiares; Renovación Popular, casi 25 mil en un libro sobre López Aliaga.
El organismo electoral concluyó que ambos partidos destinaron más de S/ 50.000 del financiamiento público directo a publicaciones sin contenido de formación política: un poemario vinculado a la familia Cerrón y un libro centrado en la trayectoria de Rafael López Aliaga.
Las organizaciones políticas Perú Libre, liderada por Vladimir Cerrón, y Renovación Popular, liderada por Rafael López Aliaga, utilizaron recursos del financiamiento público directo para publicar libros que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) observó por no ajustarse a los fines de capacitación, formación política o investigación que exige la normativa vigente. El hallazgo fue revelado por el programa dominical Punto Final el domingo 3 de agosto de 2026 y confirmado a través de informes técnicos de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE.
El caso de Perú Libre: un poemario de la familia Cerrón
Perú Libre destinó S/ 31.383 a la publicación del poemario «El amor y la investigación», una obra colectiva de menos de 100 páginas en la que participan Waldemar Cerrón —hermano del prófugo Vladimir Cerrón y excongresista de la República— y Bertha Rojas López, madre de ambos, entre otros militantes del partido. El gasto se dividió en dos componentes: un taller literario realizado el 4 de mayo de 2025 en un local de Breña, valorizado en S/ 14.383 —de los cuales S/ 9.200 correspondieron al pago de un docente por una charla de siete horas, cuyo nombre figura como Edilberto Carhuallanqui, y la impresión de los ejemplares del libro, con un costo de S/ 17.000.
Según el informe técnico de la ONPE, tanto el taller como el poemario tienen un contenido «predominantemente artístico y literario», sin constituir un plan de gobierno, una propuesta de desarrollo nacional o un programa ideológico en los términos que exige el Reglamento de Financiamiento Supervisado de Fondos Partidarios (RFSFP). El organismo concluyó que ambos gastos constituyen un uso indebido de financiamiento público.
El caso de Renovación Popular: un libro sobre López Aliaga
Renovación Popular, por su parte, destinó US$ 6.400 a la elaboración del libro digital «Mi gallo es el chancho», escrito por el periodista Francisco de Piérola y presentado en marzo de este año, en plena campaña presidencial. Aunque el contrato establecía la elaboración de una historia del partido, la ONPE advirtió que el contenido de las 42 páginas del libro se concentra principalmente en la trayectoria personal de Rafael López Aliaga, relatando pasajes de su vida y la relación de amistad que el propio autor —hoy candidato a regidor de Lima— desarrolló con él. Según la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, ese contenido no constituye un trabajo de investigación orientado al análisis o a la propuesta de soluciones frente a problemas nacionales o regionales, tal como exige el artículo 27 del reglamento.
El organismo electoral constató, además, que Renovación Popular no acreditó que De Piérola contara con la experiencia mínima de dos años en investigación o con al menos tres artículos publicados en revistas científicas —requisito exigido por la norma—, dado que su registro en la Sunat corresponde a actividades de telecomunicaciones y consultoría. Tampoco se presentaron las dos cotizaciones adicionales de otros proveedores que exige el reglamento para sustentar este tipo de contrataciones. Consultado al respecto, Fernando Sandoval, representante legal de Renovación Popular, señaló que las observaciones se encuentran en evaluación y que el partido se pronunciará una vez que la ONPE emita una decisión definitiva.
El marco legal del financiamiento público directo
El experto en derecho electoral José Manuel Villalobos explicó que el financiamiento público directo que reciben los partidos tiene como finalidad cubrir su funcionamiento ordinario con una parte de esos recursos, mientras que la otra mitad debe destinarse a capacitación, formación de cuadros políticos e investigación académica partidaria, requisitos que, según la ONPE, no se habrían cumplido en ninguno de los dos casos observados. De acuerdo con Punto Final, Perú Libre recibió más de S/ 10,7 millones de financiamiento público directo durante los últimos cinco años —el monto más alto entre todos los partidos con representación parlamentaria—, mientras que Renovación Popular recibió aproximadamente S/ 9,5 millones en el mismo periodo. A diferencia de Renovación Popular, cuyo representante legal Fernando Sandoval respondió a la consulta periodística, no se identificó un pronunciamiento de Perú Libre específicamente sobre las observaciones al poemario al cierre de esta nota.
Antecedentes: no es la primera observación del organismo electoral
Este no es el primer cuestionamiento de la ONPE al manejo de fondos públicos por parte de estas agrupaciones. En mayo de 2026, el organismo sancionó a Fuerza Popular, partido de la presidenta Keiko Fujimori, con una multa equivalente a 36 UIT y la pérdida del 50% de su financiamiento público directo, tras determinar que la agrupación utilizó S/ 143.037,52 de ese beneficio en actividades no permitidas por la Ley de Organizaciones Políticas, entre ellas viajes a Europa y Estados Unidos, una maestría y la compra de una máquina para hacer ejercicios. Renovación Popular, por su parte, ya había sido observada en enero de 2025 por un gasto de S/ 4.000 en un análisis de la cuenta de TikTok de López Aliaga con estrategias para aumentar sus seguidores, observación ante la cual el entonces vocero alterno del partido, el congresista Alejandro Muñante, sostuvo que todo lo actuado había sido público y transparente.
Perú Libre, a su vez, acumula otros cuestionamientos previos por el uso de sus fondos: en enero de 2025, El Comercio reportó que la agrupación había destinado cerca de S/ 60.000 a la impresión y distribución de un boletín de «propaganda política» escrito por el propio Vladimir Cerrón, su hermano Waldemar y otros congresistas del partido, pese a estar etiquetado como de «distribución gratuita». Ese mismo mes, el diario reveló que el partido había pagado S/ 10.000 a una ponente por una charla en la que participó Bertha Rojas, y que la entonces tesorera de la agrupación, Ofelia Ríos Pacheco, no respondió a los pedidos de entrevista sobre esos gastos. El constitucionalista Alejandro Rospigliosi señaló entonces que el sistema de financiamiento público directo «no ha cumplido su objetivo» y planteó que, de no poder fiscalizarse correctamente, debería reconsiderarse su continuidad.
Implicancias y escenarios posibles
Las observaciones formuladas por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios abren la posibilidad de que la ONPE inicie procedimientos administrativos sancionadores contra Perú Libre y Renovación Popular, que podrían derivar en multas económicas y en la pérdida parcial del financiamiento público directo que ambos partidos reciben del Estado. El desenlace de este proceso dependerá de la evaluación final que realice el organismo electoral sobre los descargos que presenten ambas agrupaciones.
Panorama
Con observaciones formales de la ONPE sobre el uso de más de S/ 50.000 en publicaciones sin contenido de formación política, Perú Libre y Renovación Popular son partidos cuestionados por el manejo de sus recursos públicos, mientras el organismo electoral evalúa los descargos presentados antes de emitir una decisión final.
