Un candidato a alcalde que renuncia un día antes del plazo. Una donación que aparece facturada por unidad. Dos casos en los que el papel dice una cosa y el resultado es otro. Y en ambos se le pide a la ciudadanía que le crea al rótulo y no a los hechos.
Dos episodios distintos, separados por meses y por materia, terminan describiendo el mismo procedimiento. En el primero, el ministro de Transportes, Rafael Rey, sostuvo que los trenes traídos desde Estados Unidos para el proyecto Lima-Chosica no fueron una donación sino una compra de la Municipalidad de Lima a Caltrain; el expediente municipal registra pagos asignados a los vagones y a las locomotoras. En el segundo, la renuncia del candidato a alcalde de Renovación Popular dejó a Rafael López Aliaga —impedido por la Constitución de reelegirse— como el hombre que asumiría el sillón municipal si su lista gana en octubre, sin haber figurado formalmente como candidato a alcalde. Ninguna de las dos operaciones ha sido declarada ilegal. Las dos vacían por completo la regla que decían respetar.
PRIMER CASO — LOS TRENES: LA “DONACIÓN” QUE APARECE FACTURADA
Antecedentes: un proyecto anunciado como donación
El 12 de julio de 2025, la Municipalidad de Lima celebró en el puerto del Callao la llegada del primer lote de trenes procedentes de Estados Unidos. La comuna presentó entonces la operación como una “histórica donación” de Caltrain y destacó que el material sería destinado al futuro servicio ferroviario Lima-Chosica.
Durante la recepción, el entonces alcalde Rafael López Aliaga resaltó la llegada de las unidades y aseguró que la maquinaria se encontraba en perfectas condiciones. En ese momento, la gestión municipal no informó públicamente sobre un eventual pago a Caltrain por los trenes.
La versión del MTC: “Ha sido una compra”
Rafael Rey contradijo directamente esa versión. En entrevista con RPP sostuvo que la operación no fue exactamente una donación, sino una compra realizada por la Municipalidad de Lima.
“Ha sido una compra. Una compra del municipio de Lima a la empresa Caltrain”, afirmó. El ministro agregó que se pagó a la compañía estadounidense “una cantidad de millones de dólares”, aunque evitó precisar cuánto.
Rey también puso el foco en otro punto: el enorme costo que demandaría poner en funcionamiento el servicio. Según señaló, la infraestructura necesaria para operar de manera eficiente y segura el tren de pasajeros entre Lima y Chosica podría requerir alrededor de US$500 millones.
El ministro precisó, además, que corresponde actualmente a ProInversión evaluar la viabilidad del proyecto y determinar las condiciones necesarias para su ejecución.
La respuesta de la Municipalidad de Lima
La Municipalidad de Lima reaccionó a las declaraciones del titular del MTC y negó categóricamente que los trenes hayan sido comprados. La comuna sostuvo que Caltrain entregó el material rodante sin costo y cuestionó que Rey se pronunciara sin contar, según señaló, con toda la información técnica de la operación.
El municipio afirmó que Caltrain, formalmente Peninsula Corridor Joint Powers Board, donó las unidades a Lima para implementar el proyecto ferroviario hacia Chosica. También recordó que las gestiones municipales vinculadas con la donación fueron analizadas por el Jurado Nacional de Elecciones.
Ante la controversia, la comuna invitó al MTC a una reunión técnica para revisar directamente la documentación y esclarecer las diferencias entre ambas versiones.
López Aliaga: “donación con carga” y alerta diplomática
El propio Rafael López Aliaga introdujo en su respuesta un matiz decisivo. Sostuvo que el contrato de los trenes especifica que se trató de una “donación con carga”, modalidad en la que el beneficiario —la Municipalidad de Lima— debía asumir el pago del transporte de las máquinas y de los procesos necesarios para su traslado hasta el Perú.
“El transporte tiene que pagarlo el beneficiario de la donación”, afirmó, y precisó que esos gastos incluyeron el embarque y la extracción de fluidos de vagones y locomotoras. Según su versión, Caltrain asumió inicialmente algunos costos de preparación del material, con reembolso posterior del municipio por el embarque hacia el Perú.
El matiz desplaza el centro del debate. La discusión pública se había planteado como una disyuntiva binaria —donación sin pago alguno frente a compra—, pero la versión de López Aliaga abandona ese binario al admitir que sí hubo un desembolso de dinero municipal hacia Caltrain, aunque lo atribuya al traslado y no al valor de las unidades.
Que existieron desembolsos vinculados a la operación ya no está en discusión; lo que permanece controvertido es su naturaleza y concepto. También queda por determinar el monto exacto y qué parte correspondió al traslado, acondicionamiento u otros conceptos asociados a las unidades.
El exalcalde agregó que el documento que respalda la entrega fue firmado por el entonces secretario de Estado de Estados Unidos y advirtió sobre el efecto de las declaraciones del ministro: “El señor Rey está creando un problema gravísimo, diplomático con Estados Unidos”.
Las cifras oficiales: el informe de la Contraloría
La discusión sobre si los trenes fueron comprados o donados se produce en medio de cifras millonarias vinculadas al proyecto. Un informe de la Contraloría recoge una estimación de la propia Municipalidad de Lima que situó la inversión total del Tren Lima-Chosica en US$447,7 millones.
El presupuesto fue dividido en dos etapas. La primera contempla aproximadamente US$24,5 millones relacionados con la aceptación y transacción de las máquinas. De ese monto, alrededor de US$15 millones corresponden al traslado de los trenes a Lima y US$2 millones a la remoción de piezas.
El expediente también registra más de US$5,4 millones por 93 vagones y repuestos, US$1,06 millones por 20 locomotoras y US$1 millón adicional por cancelación anticipada. La segunda etapa contempla una APP a 30 años con una inversión adicional de US$423 millones para implementar el servicio.
Por qué la “donación con carga” se parece más a una compra encubierta
La figura que invoca López Aliaga existe y es legítima. En el derecho civil peruano, la donación con cargo —o donación modal— es aquella en la que el donante entrega un bien de manera gratuita y el donatario asume, a cambio, una obligación accesoria. La clave está en esa última palabra: accesoria. El cargo puede consistir en destinar el bien a un fin determinado, en asumir gastos logísticos o en cumplir una condición, pero no puede convertirse en el precio del bien. Cuando la obligación que asume el receptor deja de ser un gasto asociado a la entrega y pasa a estar calculada en función del valor de lo recibido, la operación deja de ser gratuita y, jurídicamente, se aproxima a una compraventa, cualquiera sea el nombre que las partes le pongan en el contrato.
Y es precisamente ahí donde la versión de López Aliaga entra en tensión con las cifras que registra el propio expediente municipal. Si el único cargo hubiera sido el traslado, el desagregado debería contener exclusivamente conceptos logísticos: flete marítimo, seguros, desmontaje, extracción de fluidos, estiba y trámites aduaneros. Pero el informe de la Contraloría recoge partidas que no son logísticas: más de US$5,4 millones por 93 vagones y repuestos, y US$1,06 millones por 20 locomotoras. Esos montos aparecen asociados a las unidades mismas y no al concepto de transporte.
A ello se suma una partida que requiere una explicación adicional: US$1 millón por “cancelación anticipada”. La partida denominada “cancelación anticipada” requiere una explicación documental, pues no resulta evidente cómo se integra en una operación presentada como donación.
El contraste con la partida de transporte refuerza el punto. Los aproximadamente US$15 millones destinados al traslado de los trenes a Lima y los US$2 millones por remoción de piezas sí corresponden con nitidez a lo que un donatario asumiría bajo un cargo logístico. Que esos conceptos aparezcan separados de los montos consignados por vagones y locomotoras plantea una interrogante que solo el contrato completo puede resolver.
Por eso el planteamiento del ministro Rey mantiene abierto un cuestionamiento de fondo. Su afirmación fue que la Municipalidad de Lima desembolsó millones de dólares a Caltrain y que, en consecuencia, presentar públicamente toda la operación simplemente como una donación no reflejaría la totalidad de lo ocurrido.
Que existieron desembolsos vinculados a la operación ya no está en discusión; lo que permanece controvertido es su naturaleza y concepto. La comuna sostiene que corresponden a las obligaciones asociadas a una donación con carga; Rey afirma que existió una compra. La documentación contractual completa debería permitir zanjar esa diferencia.
Queda además un problema de transparencia que agrava el debate sobre la etiqueta jurídica. La Municipalidad de Lima celebró públicamente una “histórica donación” sin informar, en ese momento, que la operación traía aparejadas obligaciones de pago con cargo a recursos públicos. Recién cuando el MTC puso el tema sobre la mesa apareció el matiz de la “donación con carga”. Para el ciudadano que financia el proyecto, la diferencia entre una donación gratuita y una operación que implica desembolsos millonarios no es semántica: es presupuestal.
La calificación definitiva —donación modal o compraventa— solo puede establecerse leyendo el contrato completo. Mientras ese documento no sea de conocimiento público, los datos disponibles muestran que hubo desembolsos, que existen partidas diferenciadas para transporte y que el expediente registra montos asociados a vagones y locomotoras. Determinar exactamente qué se pagó y bajo qué obligación contractual sigue siendo la pieza central del debate.
Observaciones previas sobre operatividad e infraestructura
Las dudas sobre el proyecto comenzaron antes de las declaraciones de Rey. Durante la anterior gestión del MTC, el entonces ministro César Sandoval ya había advertido que los trenes no podían empezar a operar sin una evaluación técnica y sin contar con la infraestructura necesaria.
Sandoval señaló que la ruta carecía de elementos indispensables como doble vía, estaciones, paraderos, señalización y cruces adecuados. A su juicio, poner en marcha el servicio en esas condiciones podía comprometer la seguridad de los pasajeros.
El estado del material rodante
Las unidades también han sido objeto de cuestionamientos por su antigüedad y estado de conservación. Tras su llegada al país, una verificación periodística constató que parte de los vagones almacenados en el Callao presentaban signos propios de sus más de cuatro décadas de uso.
Entre las observaciones se encontraron piezas oxidadas, cadenas y tornillos deteriorados, además de telarañas y nidos de aves en algunas zonas. En los interiores también se identificaron limitaciones de diseño, como techos de poca altura, escaleras estrechas y ausencia de espacios destinados al equipaje.
El antecedente ambiental en California
La historia de los trenes en Estados Unidos también generó controversia. Una investigación periodística reveló que las locomotoras antiguas de Caltrain habían llegado al final de su vida útil y estaban destinadas originalmente a ser desmanteladas como parte de un programa ambiental que permitió reemplazarlas por unidades eléctricas.
Sin embargo, gestiones de autoridades estadounidenses permitieron modificar esa disposición y autorizar su traslado a Lima. En noviembre de 2024 se aprobó una adenda que evitó la destrucción de las locomotoras y abrió el camino para su envío al Perú.
Implicancias y próximos pasos
La controversia deja ahora una pregunta central: ¿los trenes fueron efectivamente donados o existió una compra por parte de la Municipalidad de Lima?
La respuesta resulta relevante no solo para determinar la naturaleza jurídica de la operación, sino también para esclarecer qué conceptos fueron pagados con recursos municipales y cuáles corresponden exclusivamente al traslado, acondicionamiento e implementación del proyecto.
Mientras el MTC sostiene que hubo un pago a Caltrain, la Municipalidad insiste en que las unidades fueron donadas. ProInversión, por su parte, continúa evaluando la viabilidad del Tren Lima-Chosica.
Estado actual del caso
Por ahora, las posiciones permanecen enfrentadas. El MTC afirma que hubo una compra; la Municipalidad de Lima, actualmente encabezada por Renzo Reggiardo, sostiene que se trató de una donación y respalda su posición en las actuaciones realizadas ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Entretanto, las locomotoras y vagones permanecen en el país sin entrar en operación, la infraestructura necesaria para implementar el servicio Lima-Chosica continúa pendiente y ProInversión mantiene en evaluación la viabilidad del proyecto. La controversia sobre la verdadera naturaleza de la operación sigue abierta.
SEGUNDO CASO — LA CANDIDATURA: “TENIENTE ALCALDE” PARA LLEGAR A ALCALDE
El mismo procedimiento —cumplir la forma, vaciar el fondo— gobierna el frente electoral. El artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes: para volver a postular debe transcurrir, como mínimo, un período completo. López Aliaga fue elegido alcalde de Lima para el período 2023-2026 y dejó el cargo en octubre de 2025 para postular a la Presidencia. No fue elegido. Obtuvo un escaño en el Senado para 2026-2031 y también renunció a él.
Y en junio de 2026 anunció el camino de regreso: no como candidato a alcalde, lo que la Constitución le impide, sino como candidato a teniente alcalde —primer regidor— en una lista encabezada por Luis Rubio, fundador de los Hospitales de la Solidaridad y aliado suyo desde los tiempos de Solidaridad Nacional.
Los términos de la renuncia
El martes 4 de agosto de 2026, Luis Israel Rubio Idrogo presentó su renuncia irrevocable a la candidatura a la Alcaldía Metropolitana de Lima mediante un escrito de cuatro folios ingresado ante la Mesa de Partes del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro. En el documento invoca escuetamente “razones estrictamente personales” y pide al secretario general del JEE que certifique su firma.
El detalle del calendario importa. La dimisión se produjo un día antes del vencimiento del plazo fijado por el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 para la publicación de listas admitidas y la presentación de renuncias, previsto para el 5 de agosto. Y se presentó pese a que la candidatura de Rubio ya había sido formalmente admitida el 26 de julio, es decir, cuando ya figuraba en la relación definitiva de postulantes.
La lista sigue vigente, con López Aliaga como primer regidor
La salida de Rubio no tumbó la lista. La nómina de Renovación Popular se mantiene en competencia, ahora sin candidato a alcalde, y el reglamento no permite que nadie ascienda para ocupar ese lugar vacante.
El efecto práctico es directo: si Renovación Popular gana los comicios del 4 de octubre, quien asumiría la conducción de la Municipalidad de Lima sería el número uno de la nómina de regidores, Rafael López Aliaga, sin haber figurado formalmente como candidato a alcalde. El JEE de Lima Centro inscribió la lista al no haberse presentado tachas dentro del plazo de tres días previsto en el reglamento.
La reacción de López Aliaga y las críticas de la oposición
Horas después de conocerse la renuncia, López Aliaga se pronunció en redes sociales: “Hoy con profunda tristeza veo publicada la decisión de Lucho Rubio de no continuar. Especular los porqués para una decisión tan importante, es no solo absurdo sino infame”. Dijo no contar con autorización para dar detalles, aseguró que Rubio “lo intentó” y atribuyó su salida a “circunstancias muy personales”.
El candidato de Somos Perú a la alcaldía, Carlos Bruce, cuestionó de inmediato el episodio y lo describió como una línea de conducta orientada a satisfacer intereses personales por encima del bienestar de la ciudad, recordando que López Aliaga ya había renunciado antes a la propia alcaldía para postular a la Presidencia.
No era la primera vez que lo advertía: en junio de 2026, cuando se confirmó la fórmula, Bruce calificó la estrategia como un “fraude de ley”, al considerar que apuntaba a que Rubio asumiera el cargo para luego dimitir y abrir el paso al retorno de López Aliaga.
Consultado entonces por RPP sobre esa posibilidad, el propio López Aliaga no la descartó. Dijo que le había pedido a Rubio mantenerse los cuatro años, pero precisó que la decisión final correspondía a su compañero de fórmula.
La eventualidad que en junio se discutía como una hipótesis dio su primer paso concreto en agosto con la renuncia de Rubio.
Una “reelección encubierta”
Los especialistas en derecho electoral no han sido ambiguos. La abogada Silvia Guevara advirtió que una renuncia presentada justo en el límite del plazo puede evidenciar una voluntad de “reelección encubierta”, dado que, de ganar la lista, sería el primer regidor quien conduzca el municipio.
El exjefe de la ONPE Fernando Tuesta lo describió con crudeza: el partido colocó a una persona subordinada al frente de la lista para que, ante cualquier eventualidad —y la eventualidad llegó—, dejara el paso libre; no es ilegal, precisó, pero es una reelección encubierta. El constitucionalista Alejandro Rospigliosi fue más directo y la llamó una burla a la ley.
La propia secretaria general de Renovación Popular, la diputada Norma Yarrow, no se molestó en negarlo: admitió el vacío legal y resolvió que si el organismo electoral se deja sacar la vuelta, el problema es del organismo electoral. Es la formulación más limpia del método. La ley no se cumple porque obligue, sino hasta donde alcance a fiscalizar quien debe hacerla cumplir.
La práctica, hay que decirlo, no es exclusiva suya. Guevara identificó 131 autoridades en ejercicio que postulan como primeros regidores en este proceso; en 23 casos el candidato a alcalde ya renunció y 11 de esas renuncias fueron aceptadas por los distintos Jurados Electorales Especiales.
Pero ninguna otra involucra la alcaldía más importante del país ni a un exalcalde que hace meses fue candidato presidencial y declinó además el Senado que acababa de ganar. Que muchos lo hagan no lo vuelve legítimo: lo vuelve una epidemia.
Antecedentes: de la promesa de completar el mandato a la carrera presidencial
López Aliaga dejó la Alcaldía de Lima en octubre de 2025 para competir por la Presidencia en las Elecciones Generales de 2026, proceso en el que no resultó elegido. Antes de esa renuncia había prometido públicamente completar su mandato municipal; después explicó que la promesa estaba condicionada a encontrar un candidato presidencial propio para Renovación Popular, tras buscar sin éxito a figuras como Phillip Butters, Carlos Añaños y Hernando de Soto.
La fórmula con Rubio se confirmó el 16 de junio de 2026 y la inscripción de listas para la alcaldía de Lima —con 22 candidaturas en competencia— cerró el 19 de junio.
Escenarios posibles
Corresponde al JEE de Lima Centro definir el procedimiento tras la renuncia. Con la fórmula vigente y López Aliaga como primer regidor, una victoria en octubre bastaría para que asuma la conducción del municipio sin haber figurado formalmente como candidato a alcalde; y si el organismo electoral dispusiera algún reemplazo en la cabeza de lista, cualquier renuncia posterior de ese nuevo candidato produciría el mismo desenlace.
Especialistas y rivales lo han calificado como una forma de eludir las restricciones legales a la reelección. López Aliaga rechaza esa lectura y la atribuye a especulación infundada.
LA SÍNTESIS: LA LEY COMO FORMALIDAD, EL VACÍO LEGAL COMO HERRAMIENTA
Puestos uno al lado del otro, los dos episodios dejan de parecer casos aislados. No son un malentendido de nomenclatura ni un accidente administrativo: son la misma técnica aplicada a materias distintas. Cumplir la letra de la norma con precisión notarial mientras se destruye, sin dejar huellas, aquello que la norma existía para impedir.
Nada es ilegal. Todo termina exactamente donde la ley quería evitar que terminara. Y cuando alguien lo señala, el problema pasa a ser el que señala.
La arquitectura del argumento es idéntica y por eso resulta reconocible. Con los trenes: no hubo compra porque el papel dice “donación”, aunque el expediente municipal registre montos asociados a los vagones y a las locomotoras y consigne incluso una partida denominada “cancelación anticipada”. Con la candidatura: no hay reelección porque la ficha dice “teniente alcalde”, aunque el desenlace posible sea el mismo hombre en el mismo despacho.
En ambos casos la defensa es la etiqueta. En ambos casos lo que la etiqueta tapa apunta exactamente en la dirección contraria. Se le pide a la ciudadanía que le crea al rótulo y no a los hechos.
Y en ambos casos, ante la pregunta incómoda, aparece la misma maniobra: subir el volumen para no responder. Cuando el ministro Rey señaló que hubo un desembolso millonario, la respuesta no fue publicar el contrato, ni desagregar el monto, ni exhibir el comprobante que habría zanjado la discusión en cinco minutos. La respuesta fue advertir que el ministro estaba creando “un problema gravísimo, diplomático con Estados Unidos”.
Cuando Bruce anticipó la maniobra electoral, la respuesta no fue explicar el diseño de la lista, sino calificar la especulación de “infame”.
La desproporción se delata sola: que un ministro peruano describa la naturaleza contractual de una operación no pone en riesgo por sí mismo la relación con Washington, y quien acierta parcialmente un pronóstico no comete una infamia. Invocar a la primera potencia mundial o el agravio personal para desplazar la discusión no responde las preguntas de fondo.
Nada de esto es delito. Ese es, precisamente, el problema. Estamos ante un estilo de ejercicio del poder que ha hecho del vacío normativo una herramienta de gobierno y de la formalidad una coartada permanente: se anuncia una donación histórica que implicó desembolsos millonarios, se postula a un cargo distinto para quedar en posición de llegar al que la Constitución impide disputar directamente, y cuando el andamiaje queda a la vista se apela al escándalo o a la ofensa.
La legalidad formal no puede seguir funcionando como certificado de decencia.
Mientras tanto, las preguntas que importan siguen sin respuesta: cuánto dinero público desembolsó Lima por la operación de esos trenes, exactamente qué conceptos se pagaron, por qué el contrato que podría aclararlo no se ha hecho público y por qué la vía elegida para el eventual retorno de un exalcalde impedido de reelegirse conduce precisamente al cargo que la Constitución le impide disputar de manera inmediata.
