La ONPE cuestiona el uso de S/250 mil de fondos públicos en investigaciones, asesorías y servicios que habrían estado vinculados a la campaña.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso bajo observación S/250.375,34 del financiamiento público directo recibido por Renovación Popular, luego de concluir que cinco servicios contratados durante 2025 habrían tenido una finalidad electoral y proselitista, en lugar de estar destinados al funcionamiento ordinario, capacitación o investigación partidaria.
Las observaciones figuran en un informe de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, difundido el 11 de agosto por La República. Los desembolsos cuestionados fueron realizados entre mayo y diciembre de 2025, durante el periodo previo a las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.
Por el momento, se trata de observaciones dentro de un proceso de supervisión. No se ha informado que la ONPE haya iniciado un procedimiento administrativo sancionador específicamente por estos cinco servicios.
INVESTIGACIONES POR MÁS DE S/113 MIL BAJO LA LUPA
Uno de los principales bloques observados corresponde a servicios registrados como “investigación” los días 16 de mayo, 18 de junio, 7 de julio y 15 de agosto de 2025. En conjunto representaron S/113.325,34.
Tras analizar los requerimientos y propuestas, la ONPE consideró que los trabajos estuvieron dirigidos principalmente a evaluar la coyuntura electoral, la percepción política y estrategias comunicacionales en un escenario preelectoral.
Según el organismo, estos contenidos no corresponderían a investigaciones sobre problemas nacionales de carácter socioeconómico ni se habría acreditado que formaran parte de un proceso integral de investigación, uno de los destinos permitidos para los recursos públicos entregados a los partidos.
S/82.600 EN ASESORÍA PARA PROCESOS ELECTORALES
Otro de los gastos observados asciende a S/82.600 y corresponde a servicios de asesoría legal relacionados con procesos electorales.
De acuerdo con el informe, parte del trabajo comprendió la defensa en procedimientos administrativos sancionadores vinculados con pintas de propaganda electoral colocadas en lugares no permitidos, además de asesoramiento relacionado con las elecciones primarias.
Para la ONPE, estas actividades no encajarían dentro de los conceptos autorizados para el uso del financiamiento público directo.
ESTRATEGIA POLÍTICA, VIDEOS Y FRANJA ELECTORAL
La fiscalización también alcanzó un desembolso de S/33.700 registrado el 11 de diciembre de 2025 bajo el concepto de “Asesoría Integral de Estrategia Política de Comunicaciones”.
El organismo determinó que las actividades estaban vinculadas con estrategias de posicionamiento electoral y propaganda, y no con necesidades operativas o administrativas ordinarias del partido.
A ello se suman S/20.000 destinados a la producción de material audiovisual para las elecciones primarias. Según la ONPE, el contenido tuvo características de promoción partidaria y proselitismo, además de buscar fortalecer la presencia digital de Renovación Popular.
Finalmente, fueron observados S/750 por traducción e interpretación de spots para la franja electoral, al considerar que se trataba directamente de la adecuación de material de propaganda política.
EL ANTECEDENTE DEL LIBRO SOBRE LÓPEZ ALIAGA
Las nuevas observaciones se conocen pocos días después de que otro gasto de Renovación Popular quedara bajo cuestionamiento.
El 2 de agosto, el programa Punto Final reveló que la agrupación destinó US$6.400 —aproximadamente S/25.000— de fondos públicos para elaborar el libro digital Mi gallo es el chancho, escrito por el periodista Francisco de Piérola y centrado en Rafael López Aliaga.
La propuesta fue presentada en septiembre de 2025 y el libro apareció en marzo de 2026, en plena campaña presidencial.
La ONPE cuestionó que el trabajo pudiera ser considerado una investigación sobre problemas nacionales o regionales. También observó que no se habría acreditado la experiencia investigadora requerida del autor y que se presentó una sola cotización cuando correspondía contar con al menos dos.
RENOVACIÓN POPULAR YA TIENE UNA SANCIÓN CONFIRMADA
El partido enfrenta además un antecedente distinto que ya llegó a una resolución administrativa definitiva.
El 2 de julio de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones declaró infundada una apelación de Renovación Popular y confirmó una multa de S/173.875, equivalente a 32,5 UIT, además de la pérdida del 10 % de una asignación semestral de financiamiento público directo.
La sanción correspondió a gastos diferentes de los ahora observados e involucró conceptos considerados no autorizados, entre ellos deudas anteriores, golosinas, intereses y moras.
El caso constituye un precedente relevante porque la ONPE sostuvo que la infracción se produce por el uso de recursos públicos en conceptos no permitidos, independientemente del porcentaje que representen dentro del total recibido.
FISCALIZACIÓN A OTROS PARTIDOS
Renovación Popular no es la única organización sometida a este tipo de control.
En mayo de 2026, la ONPE sancionó a Fuerza Popular con una multa de 36 UIT, equivalente a S/198.000, y la pérdida del 50 % de una asignación semestral, tras observar gastos por S/143.037,52.
Entre ellos figuraban un viaje presentado como actividad de capacitación e intercambio académico, una maestría en gestión pública e intereses moratorios.
Fuerza Popular impugnó esa decisión, por lo que corresponde al JNE resolver el caso en última instancia administrativa.
¿QUÉ PUEDE PASAR AHORA?
La legislación establece que el financiamiento público directo puede utilizarse para actividades de formación, capacitación, investigación y funcionamiento ordinario de las organizaciones políticas. No está destinado a financiar propaganda o actividades proselitistas.
En el caso de los S/250.375,34 observados a Renovación Popular, todavía falta determinar si los cuestionamientos derivarán en una infracción formal.
La agrupación tiene la posibilidad de presentar sus descargos y sustentar la legalidad de los servicios contratados. Si la ONPE considera que las explicaciones no desvirtúan sus observaciones, podrá iniciar el correspondiente procedimiento administrativo sancionador.
Al cierre de esta edición, Renovación Popular no había difundido un pronunciamiento público sobre este expediente.
PANORAMA
Las nuevas observaciones colocan nuevamente bajo escrutinio el manejo de los recursos estatales entregados a Renovación Popular. A los S/250 mil cuestionados por cinco servicios presuntamente vinculados a actividades electorales se suma el caso del libro sobre Rafael López Aliaga y una sanción previa ya confirmada por el JNE.
La decisión que adopte la ONPE después de evaluar los descargos determinará si el expediente permanece como una observación de supervisión o avanza hacia un nuevo procedimiento sancionador contra la organización política.
