Como lo adelantó La Primera el sábado, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial suspendió al juez Juan Gustavo Varillas Solano. La resolución conocida ahora confirma que fue apartado preventivamente por seis meses mientras se investigan presuntas irregularidades en la cautelar que paralizó la transferencia del control del Grupo El Comercio.
La información adelantada por La Primera quedó confirmada. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) dispuso la suspensión preventiva, por un plazo de hasta seis meses, del juez Juan Gustavo Varillas Solano, titular del Séptimo Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. El magistrado es investigado por su actuación en la medida cautelar que paralizó la transferencia del control accionario de la Empresa Editora El Comercio, operación que también alcanza la participación del grupo en América TV y Canal N.
La secuencia es relevante: la separación del magistrado se produjo el viernes 21 de agosto y La Primera la informó al día siguiente, sábado 22, cuando todavía no se había difundido públicamente una resolución que permitiera precisar el plazo de la medida. La documentación conocida posteriormente establece que Varillas fue apartado preventivamente por hasta seis meses.
La suspensión, sin embargo, no equivale a una sanción definitiva. La ANC mantiene abierto el procedimiento disciplinario y deberá determinar si las conductas atribuidas al magistrado constituyen faltas funcionales. Tampoco deja automáticamente sin efecto la cautelar que mantiene detenida la operación de El Comercio.
99 cautelares esperaban, pero la de El Comercio avanzó
Uno de los principales elementos de la investigación se refiere a la velocidad con la que fue atendido el expediente.
Cuando ingresó el pedido presentado por los accionistas minoritarios Hernando López de Romaña Dalmau, Alois Miró Quesada Koechlin y Arthur Do Nascimento Silva, el despacho de Varillas tenía 99 expedientes de medidas cautelares pendientes de calificación. Algunos, según la resolución de la ANC, llevaban meses esperando un pronunciamiento.
Pese a esa carga pendiente, la solicitud vinculada a El Comercio recibió un tratamiento que el órgano de control considera presuntamente preferente y “veloz”. La ANC sostiene que esa actuación podría haber perjudicado a los demás expedientes y representar un trato desigual en el orden de atención de las causas.
La República había informado previamente que el juez habría dispuesto de un máximo de tres días y medio de trabajo efectivo para estudiar la solicitud y conceder la medida.
Ese punto es ahora uno de los ejes de la investigación: no solo se analiza el contenido de la decisión judicial, sino también por qué ese expediente avanzó con tal rapidez cuando casi un centenar de cautelares anteriores permanecían pendientes.
La resolución que salió de un USB
El segundo frente disciplinario se concentra en una práctica reconocida por el propio magistrado: la elaboración de resoluciones fuera de los equipos institucionales del Poder Judicial.
Según la documentación de la ANC, Varillas habría redactado resoluciones comerciales en equipos privados, las habría transportado mediante un USB personal y posteriormente ordenado que fueran cargadas en el Sistema Integrado Judicial (SIJ), sin que existieran registros previos de creación o edición en las computadoras oficiales del juzgado.
El propio juez explicó esa práctica en una declaración del 3 de agosto. Señaló que, por falta de tiempo, llevaba algunas medidas cautelares a su domicilio para trabajarlas y reconoció que el expediente de El Comercio fue elaborado en su casa, trasladado mediante un USB y posteriormente entregado a su asistente para incorporarlo al sistema.
La revisión informática añadió otro elemento. La ANC registró cero minutos de edición del documento en la computadora oficial, lo que, según el órgano de control, indicaría que el archivo fue incorporado desde el dispositivo externo. En el equipo del despacho se encontraron solo cuatro archivos de trabajo pese a que allí se habían resuelto más de 600 casos. El magistrado tampoco entregó el USB cuando fue requerido por la autoridad disciplinaria.
Estos elementos forman parte de las imputaciones y deberán ser evaluados dentro del procedimiento. No constituyen, por sí mismos, una determinación definitiva de responsabilidad.
La cautelar que puso en pausa una operación millonaria
El expediente disciplinario tiene como origen una medida cautelar de no innovar dictada fuera de proceso que detuvo la transferencia del paquete de control de Empresa Editora El Comercio.
La resolución ordenó a los tres accionistas que solicitaron la cautelar iniciar un arbitraje contra la empresa en un plazo de diez días y fijó un máximo de 90 días para la instalación del tribunal arbitral. El incumplimiento de esos plazos podría determinar la caducidad de la medida.
Uno de los aspectos que más controversia generó fue la contracautela establecida por el juzgado: una carta fianza de US$50.000 para detener una transacción valorizada en decenas de millones de dólares.
Las estimaciones sobre el precio de la operación varían considerablemente. Algunas publicaciones la sitúan cerca de US$50 millones, otras alrededor de US$60 millones y otras elevan la valoración hasta aproximadamente US$93 millones. El monto definitivo no ha sido confirmado oficialmente por compradores ni vendedores, por lo que no corresponde presentar ninguna de esas cifras como precio final de la transacción.
Qué estaba en juego con la venta de El Comercio
La operación comprende la adquisición del paquete de control de Empresa Editora El Comercio por Francisco Picasso Candamo y Emilio Rodríguez Larraín.
Su alcance trasciende al diario que da nombre al grupo. La transacción comprende la participación empresarial vinculada a Plural TV, sociedad relacionada con América TV y Canal N. El cierre de la compraventa estaba previsto para el tercer trimestre de 2026, pero quedó en suspenso tras la judicialización del proceso.
La dimensión de la operación explica el impacto de la cautelar. Una resolución dictada por un juzgado comercial terminó deteniendo uno de los movimientos empresariales más significativos del sector peruano de comunicaciones.
Varillas ya había sido suspendido
La actual suspensión tampoco es el primer antecedente disciplinario del magistrado.
El 12 de marzo de 2024, la ANC le impuso otra suspensión preventiva de hasta seis meses. Ese procedimiento estuvo relacionado con una cautelar dictada a fines de 2022 sobre los contratos de transmisión televisiva de la Liga 1 correspondientes a Alianza Lima, Universitario y Cienciano. Posteriormente, aquella suspensión fue ampliada por otros seis meses.
Existe además un pedido de destitución formulado en octubre de 2024 que, según la información recopilada, continúa pendiente. También se han reportado investigaciones penales abiertas contra el magistrado. Es importante precisar que se trata de procedimientos distintos, que permanecen en trámite y respecto de los cuales no existe sentencia condenatoria, por lo que esos antecedentes no prueban responsabilidad en el actual caso de El Comercio.
Suspender al juez no destraba la venta
Este es un punto que La Primera ya había advertido al adelantar la suspensión: separar al magistrado de sus funciones no significa que la compraventa quede automáticamente liberada.
La medida preventiva afecta a Varillas como juez, pero no anula las resoluciones que emitió mientras ejercía el cargo. La cautelar que paralizó la operación continúa vigente mientras no sea revocada por el juzgado o por una instancia superior. Otro magistrado deberá asumir el despacho y recibir el expediente en el estado en que se encuentre.
Esto significa que actualmente avanzan dos asuntos diferentes.
Por un lado, está el procedimiento disciplinario contra Varillas, que deberá establecer si existieron faltas funcionales y determinar las consecuencias correspondientes.
Por otro, continúa la controversia societaria, judicial y arbitral que determinará si la transferencia del control de El Comercio puede concretarse.
La suspensión del juez y la vigencia de la cautelar son, por tanto, dos cuestiones jurídicamente distintas.
Tres definiciones todavía pendientes
El caso entra ahora en una etapa en la que quedan al menos tres asuntos por resolver.
El primero es el resultado definitivo del procedimiento disciplinario de la ANC y la situación del pedido de destitución pendiente ante las instancias correspondientes.
El segundo es el destino de la cautelar: deberá determinarse si es confirmada, modificada o revocada en las instancias judiciales correspondientes.
El tercero es el arbitraje ordenado por la propia resolución, cuyos plazos pueden resultar determinantes para establecer la continuidad o caducidad de la medida y, finalmente, el futuro de la compraventa.
La primicia de La Primera queda confirmada
La secuencia permite establecer con claridad qué se sabía en cada momento.
El viernes 21 de agosto se produjo la separación del magistrado. El sábado 22, La Primera adelantó la noticia cuando todavía no se conocía públicamente una resolución que precisara su alcance. Ahora, la documentación conocida confirma que la ANC dispuso la suspensión preventiva de Juan Gustavo Varillas Solano por un plazo de hasta seis meses.
La información posterior aporta además detalles que entonces no estaban disponibles: 99 cautelares permanecían pendientes en el despacho, se investiga el tratamiento preferente que habría recibido el expediente de El Comercio y el propio juez reconoció haber trabajado la resolución fuera de las instalaciones judiciales y trasladarla mediante un USB.
Lo que todavía no existe es una decisión final que establezca responsabilidad funcional. La suspensión es preventiva y el procedimiento disciplinario continúa abierto.
Panorama
La confirmación de la suspensión abre un nuevo capítulo en un caso que comenzó como una disputa por la transferencia del control de uno de los mayores grupos de medios del Perú y terminó colocando bajo investigación la actuación del juez que intervino en la operación.
La Primera adelantó la separación del magistrado y ahora se confirma que la medida preventiva alcanza hasta seis meses. Pero el dato más importante para el futuro de la operación permanece sin cambios: suspender al juez no significa levantar la cautelar.
Por ahora, la ANC deberá resolver la situación disciplinaria de Varillas; las instancias judiciales deberán pronunciarse sobre la medida que detuvo la transferencia; y el arbitraje seguirá su propio curso.
Son procesos distintos unidos por una misma operación. El juez está suspendido; la investigación continúa y la venta de El Comercio permanece, por ahora, condicionada por una cautelar que sigue vigente.
