El juez Dias Toffoli declaró jurídicamente inadecuados los archivos de los sistemas Drousys y My Web Day B utilizados en las investigaciones contra el expresidente peruano. La decisión no tiene aplicación automática en el Perú.
El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Dias Toffoli, ordenó anular las pruebas remitidas a la justicia peruana sobre los presuntos sobornos pagados por Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo, según la resolución difundida por medios peruanos el 27 de agosto de 2026.
La medida comprende los archivos extraídos de los sistemas encriptados Drousys y My Web Day B, así como los documentos derivados del acuerdo de lenidad suscrito entre la constructora y la fiscalía brasileña.
Toffoli consideró que este material se encuentra jurídicamente viciado desde su origen debido a irregularidades en la cadena de custodia durante su obtención en el 13.º Juzgado Federal de Curitiba, entonces dirigido por el juez Sergio Moro.
Sin embargo, la resolución no tiene aplicación inmediata en los tribunales peruanos.
¿Qué establece la resolución?
El documento citado señala:
“Concedo la solicitud contenida en este procedimiento y extiendo los efectos de las decisiones dictadas en las Demandas N.° 61.387 y N.° 43.007, para declarar la inadecuación, de acuerdo con el ordenamiento jurídico brasileño, con respecto a los solicitantes en este caso, de las pruebas obtenidas de los sistemas Drousys y My Web Day B, utilizadas en el Acuerdo de Clemencia celebrado por Odebrecht”.
La resolución no responde a una nueva evaluación de las pruebas, sino que extiende los efectos de decisiones anteriores adoptadas por el propio magistrado. El fallo aplica criterios de exclusión empleados previamente en las investigaciones relacionadas con el expresidente Ollanta Humala.
La decisión también declara procesalmente inadecuados los documentos provenientes del acuerdo de lenidad de Odebrecht y dispone que los registros vinculados con los presuntos pagos ilícitos no sean utilizados en procesos tramitados fuera de Brasil.
Para que la medida produzca efectos formales en el Perú, el Ministerio de Justicia brasileño deberá comunicarla oficialmente a las autoridades peruanas mediante el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Internacional (DRACI).
Hasta el cierre de esta edición, no se había confirmado el envío de esa notificación.
El caso Interoceánica
Alejandro Toledo, presidente del Perú entre 2001 y 2006, fue condenado en octubre de 2024 a 20 años de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur.
La tesis del Ministerio Público sostiene que Toledo solicitó US$35 millones a Odebrecht para favorecer a la constructora en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera, entre 2004 y 2005. Según la acusación, el dinero fue canalizado mediante empresas vinculadas al fallecido empresario israelí Josef Maiman.
Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el Perú, declaró ante la fiscalía y la procuraduría que la compañía entregó US$31 millones por esos tramos. Toledo ha negado reiteradamente las acusaciones.
El expresidente fue extraditado desde Estados Unidos en abril de 2023, luego de abandonar el Perú en 2017, cuando el Poder Judicial dispuso su prisión preventiva. Actualmente permanece recluido en el penal de Barbadillo.
El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, ha sostenido que la acusación no se sustentó exclusivamente en la información procedente de Brasil. Según explicó, también se emplearon evidencias obtenidas en el Perú, Suiza y Estados Unidos, además de los testimonios de Maiman y Barata.
La fiscalía y la procuraduría argumentan que ese origen diverso de las pruebas impide que las resoluciones brasileñas anulen automáticamente los procesos tramitados en el Perú.
Una cadena de decisiones sobre Lava Jato
El fallo relacionado con Toledo forma parte de una serie de resoluciones adoptadas por Dias Toffoli sobre las pruebas de la operación Lava Jato.
En 2023, el magistrado anuló pruebas procedentes del acuerdo de lenidad de Odebrecht en favor de Ollanta Humala. En abril de 2024, invalidó los archivos de Drousys y My Web Day B utilizados en el proceso contra Keiko Fujimori, a solicitud de su coacusado Jaime Yoshiyama, tras considerarlos poco fiables por deficiencias en su cadena de custodia.
En mayo de 2024, Toffoli anuló decisiones judiciales contra Marcelo Odebrecht. Tres meses después, prohibió utilizar en el Perú pruebas relacionadas con los exejecutivos Jorge Barata y Luiz Mameri.
En noviembre de 2025 adoptó una medida similar en favor de Nadine Heredia y ordenó que no se realizara en territorio brasileño ningún acto de cooperación basado en esos elementos.
No obstante, en junio de 2025, el propio magistrado rechazó un pedido de Odebrecht para obligar al Perú a devolver las pruebas ya compartidas. Toffoli consideró entonces que la solicitud excedía las competencias del Supremo Tribunal Federal, debido a que se trataba de procesos desarrollados en otro país y sujetos a tratados internacionales de cooperación.
Posiciones enfrentadas
Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio Público, el Poder Judicial peruano, la defensa de Alejandro Toledo y Novonor —actual denominación de Odebrecht— no habían emitido pronunciamientos oficiales sobre esta resolución.
Frente a decisiones anteriores de contenido semejante, la procuradora ad hoc para el caso Odebrecht, Silvana Carrión, sostuvo que los fallos de la justicia brasileña no se aplican automáticamente en el Perú.
“La justicia brasileña aplica para ese país. No tiene injerencia en las decisiones de los jueces peruanos, quienes han rechazado los intentos de las defensas de invocar las decisiones del juez Dias Toffoli”, declaró a Bloomberg Línea en diciembre de 2024.
Carrión también señaló que la colaboración de personas y empresas en el Perú permitió obtener elementos probatorios independientes de la información entregada por Odebrecht.
Los penalistas Carlos Caro y Katherine Ampuero han expresado una posición distinta. Ambos afirmaron en 2024 que las resoluciones brasileñas sí podrían incidir en los procesos peruanos, aunque aclararon que esto no supone necesariamente su anulación.
Un efecto concreto se produjo cuando Jorge Barata se negó a participar en el juicio oral contra Ollanta Humala, amparándose en una decisión de la justicia brasileña, pese al acuerdo de colaboración eficaz suscrito con el Ministerio Público peruano.
Las cifras de Lava Jato en el Perú
Según información de la Procuraduría Ad Hoc divulgada en diciembre de 2024, el Estado peruano había recuperado S/300 millones por concepto de reparaciones civiles y mantenía S/2.500 millones en embargos preventivos relacionados con los procesos de Lava Jato.
En abril de ese mismo año, la procuraduría solicitó que Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski pagaran conjuntamente US$181 millones.
¿Qué efectos podría tener en el Perú?
La discusión judicial se concentrará en determinar qué parte de la evidencia utilizada en el proceso contra Toledo procede directamente de Drousys, My Web Day B y el acuerdo de lenidad, y qué elementos fueron obtenidos de fuentes independientes.
Entre estas últimas se encuentran los registros bancarios remitidos por terceros países, los testimonios de colaboradores y la documentación recabada directamente por las autoridades peruanas.
Esta evaluación corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales, debido a que las decisiones de un tribunal extranjero no obligan automáticamente a los jueces peruanos.
En el caso de Toledo ya existe una sentencia de primera instancia. Por ello, cualquier cuestionamiento relacionado con la resolución brasileña tendría que ser planteado y evaluado durante las etapas de revisión del fallo.
En el ámbito político, la decisión reabre el debate sobre la solidez del legado judicial de Lava Jato, una investigación que involucró a varios expresidentes peruanos.
También podría generar consecuencias económicas y patrimoniales, especialmente en lo relacionado con las reparaciones civiles y los compromisos de pago asumidos por Odebrecht.
Los próximos pasos
El primer paso formal será determinar si el Ministerio de Justicia de Brasil comunica la resolución a las autoridades peruanas a través del DRACI.
La decisión de Toffoli también puede ser impugnada ante el pleno del Supremo Tribunal Federal, encargado de revisar las resoluciones adoptadas individualmente por sus magistrados.
En paralelo, la defensa de Toledo podría invocar el fallo ante la justicia peruana. La fiscalía y la procuraduría, por su parte, deberán demostrar que la condena cuenta con pruebas independientes de los archivos invalidados en Brasil.
Hasta el momento no se han establecido plazos oficiales para estas actuaciones.
Alejandro Toledo continúa recluido en el penal de Barbadillo, cumpliendo la condena de 20 años impuesta en octubre de 2024. El efecto concreto de la resolución brasileña dependerá de la evaluación que realicen los tribunales peruanos y de la eventual incorporación formal del fallo al proceso.
