El Ministerio de Trabajo calcula el pasivo con proveedores en S/2.900 millones, pero solo S/1.700 millones están reconocidos por la propia entidad. De esa cuenta sin cerrar dependen el abastecimiento de medicamentos y las citas de más de 13 millones de asegurados.
Elizabeth Zulema Tomás Gonzales de Palomino asumió la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social de Salud (ESSALUD) el domingo 13 de setiembre de 2026, en medio de una crisis financiera y asistencial cuya dimensión todavía no ha sido establecida oficialmente.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo calcula que la deuda con proveedores podría alcanzar los S/2.900 millones. De ese monto, aproximadamente S/1.700 millones corresponden a obligaciones reconocidas por ESSALUD, mientras que otros S/1.200 millones permanecen observados por distintas áreas de la institución y deberán ser revisados antes de determinar si procede su pago.
La falta de una cifra consolidada constituye el punto de partida de la nueva gestión. El retraso en los pagos afecta la relación con los proveedores y puede repercutir en la disponibilidad de medicamentos, la continuidad de los tratamientos y la capacidad de atención en consultas, cirugías y servicios de emergencia.
El nombramiento fue oficializado mediante la Resolución Suprema N.° 038-2026-TR, suscrita por la presidenta Keiko Fujimori y refrendada por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput. La norma designa a Tomás como representante del Estado ante el Consejo Directivo de ESSALUD y, en esa condición, como presidenta ejecutiva de la institución.
La decisión fue oficializada un día después de que dos organizaciones sindicales de ESSALUD solicitaran dejar sin efecto el nombramiento.
CUATRO CIFRAS PARA UNA MISMA DEUDA
ESSALUD no cuenta todavía con un monto oficial consolidado de sus obligaciones con proveedores. Al menos cuatro estimaciones han sido difundidas públicamente y cada una comprende conceptos, periodos y niveles de reconocimiento diferentes.
La cifra más alta fue proporcionada por el Ministerio de Trabajo: S/2.900 millones. De ese total, S/1.700 millones estarían reconocidos por la institución y los S/1.200 millones restantes continuarían sujetos a revisión por parte de distintas unidades administrativas.
El ministro Sheput sostuvo que las obligaciones debidamente acreditadas deberán ser atendidas mediante un programa progresivo de pagos. También señaló que corresponde proteger los recursos de los asegurados y evitar desembolsos por servicios o productos que no cuenten con la conformidad respectiva.
Una segunda estimación aparece en un documento de la Gerencia Central de Gestión Financiera denominado “Deuda a proveedores de ESSALUD al 31 de enero de 2026”. El reporte, difundido por la prensa en marzo, consignaba S/754 millones pendientes de pago correspondientes únicamente al ejercicio 2025.
El Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de Lima calculó, por su parte, que ESSALUD adeudaba aproximadamente S/382 millones a sus empresas asociadas por los años 2024, 2025 y los primeros meses de 2026. Al incorporar las acreencias de otros gremios del sector, el monto superaría los S/400 millones.
Una cuarta cifra fue presentada por la organización privada Horizonte Laboral, que estimó el pasivo total en S/1.054 millones en un informe difundido el 10 de agosto de 2026.
Estas cantidades no son necesariamente contradictorias, pues pueden abarcar periodos, proveedores y obligaciones diferentes. Determinar el monto definitivo y precisar qué acreencias cumplen las condiciones para ser reconocidas será uno de los objetivos de las auditorías anunciadas por el Ejecutivo y los organismos de control.
DE LA DEUDA AL DESABASTECIMIENTO
La falta de pago a los proveedores ha sido relacionada con los problemas de abastecimiento y la interrupción de tratamientos. Los organismos de control iniciaron intervenciones antes del cambio de autoridades.
El 25 de junio de 2026, la Contraloría General de la República comenzó a recopilar información sobre las compras directas y fragmentadas de medicamentos, después de conocerse una resolución interna que autorizaba la adquisición local de 580 productos farmacéuticos.
El 2 de julio, el organismo dispuso una auditoría de cumplimiento sobre las compras delegadas de bienes estratégicos del sector farmacéutico realizadas entre 2024 y 2026. Previamente, en febrero, otro informe de la Contraloría había identificado un sobrecosto superior a S/3,4 millones en la adquisición de 122 medicamentos mediante esa modalidad en la Red Asistencial Sabogal.
La Defensoría del Pueblo también realizó supervisiones en el ámbito nacional para evaluar las medidas adoptadas por ESSALUD frente a la falta de medicamentos e insumos médicos.
La dimensión del desabastecimiento, sin embargo, continúa en discusión. El 23 de julio, la entonces administración de Jaime Moreno Eustaquio informó que la carencia de medicamentos e insumos críticos había disminuido del 55% al 13,2% en aproximadamente un mes.
Ese porcentaje fue difundido por la propia institución y no correspondió a una evaluación independiente realizada por un organismo de control.
Semanas después, el 22 de agosto, ESSALUD reconoció que afrontaba un nuevo riesgo de desabastecimiento debido a la falta de una programación centralizada para la adquisición, recepción y distribución de productos.
Mediante la Resolución de Gerencia General N.° 001828-GG-ESSALUD-2026 se conformó un equipo encargado de planificar anualmente las compras de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. También se autorizaron adquisiciones extraordinarias para prevenir nuevos quiebres de existencias.
En este contexto, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación relacionada con un proceso de contratación de productos farmacéuticos.
A finales de mayo de 2026, el Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro realizó diligencias en la sede principal de ESSALUD.
Desde julio, el Ministerio Público investiga un proceso frustrado de contratación por aproximadamente S/1.800 millones, impulsado mediante un decreto de urgencia. El procedimiento se habría originado en un requerimiento estimado en S/6,5 millones para adquirir diez medicamentos oncológicos críticos, entre ellos carboplatino, paclitaxel, metotrexato e ifosfamida.
ESSALUD informó que la compra no llegó a concretarse y aseguró que colabora con las autoridades. La investigación tiene un plazo inicial de ocho meses y, al cierre de esta edición, sus conclusiones no habían sido comunicadas públicamente.
LO QUE LA DEUDA LE CUESTA AL ASEGURADO
Los problemas financieros y administrativos tienen consecuencias directas sobre los pacientes. Horizonte Laboral estima que conseguir una cita médica en ESSALUD demanda un promedio de 24 días, frente a los diez días registrados antes de la pandemia.
El mismo informe sostiene que el 74% de los asegurados termina pagando directamente algún servicio de salud. Durante julio, diversos reportes periodísticos recogieron testimonios de pacientes que afirmaban esperar hasta 18 meses por determinadas consultas especializadas o intervenciones quirúrgicas.
La organización también calculó una reducción de hasta 770.000 consultas externas al comparar los registros de 2024 con los de 2019. Al tratarse de estimaciones elaboradas por una entidad privada, deberán ser contrastadas con la información oficial actualizada de ESSALUD.
La institución brinda cobertura a más de 13 millones de personas y administra un presupuesto anual superior a S/16.000 millones. La magnitud de esos recursos contrasta con las denuncias recurrentes por falta de medicamentos, operaciones postergadas y demoras para acceder a especialistas.
Horizonte Laboral atribuye parte del problema a la estructura del gasto. Según su informe, el 52% se destina a planillas y el anterior Consejo Directivo aprobó S/380 millones en bonificaciones que, de acuerdo con esa organización, no estuvieron sujetas a criterios de desempeño.
Estas cifras deberán ser verificadas mediante la revisión financiera anunciada por el Gobierno. La sostenibilidad de ESSALUD dependerá no solo de sus ingresos, sino también de la capacidad de ordenar el gasto, programar las compras y asegurar que los recursos se conviertan en prestaciones efectivas para los asegurados.
DOCE PRESIDENTES EN CINCO AÑOS, NINGUNA CUENTA CERRADA
La falta de claridad sobre las obligaciones financieras coincide con una constante rotación en la dirección institucional. El reporte difundido por RPP en agosto contabilizó 12 presidentes ejecutivos de ESSALUD durante los últimos cinco años.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, los cambios frecuentes de autoridades dificultan la continuidad de las políticas y la aplicación de reformas que requieren resultados sostenidos.
Cada cambio de administración obliga a revisar las obligaciones pendientes, determinar qué compromisos serán reconocidos y evaluar las decisiones tomadas por las gestiones anteriores. Esta situación complica la elaboración de un balance definitivo y retrasa la ejecución de medidas de mediano y largo plazo.
El antecedente inmediato fue la salida de Jaime Moreno Eustaquio, cuya designación concluyó por pérdida de confianza de la autoridad proponente.
Desde el 9 de agosto, la viceministra de Trabajo Hilda Sandoval Cornejo asumió temporalmente la Presidencia Ejecutiva, después de ser nombrada representante del Estado ante el Consejo Directivo de ESSALUD.
Su encargo terminó mediante la Resolución Suprema N.° 037-2026-TR, publicada en la misma edición del boletín de normas legales que oficializó el nombramiento de Tomás.
La nueva presidenta ejecutiva deberá establecer una línea de continuidad administrativa que permita completar las auditorías en curso, determinar el monto de la deuda y evitar que un nuevo cambio de autoridades interrumpa las medidas adoptadas.
QUIÉN ASUME Y CON QUÉ PRIORIDADES
Tomás es médica anestesióloga cardiovascular y fue ministra de Salud entre el 7 de enero y el 15 de noviembre de 2019, durante el gobierno de Martín Vizcarra. Dejó el gabinete en medio de cuestionamientos relacionados con contrataciones de personas de su entorno.
Entre 2014 y 2015 dirigió el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Posteriormente estuvo al frente del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, establecimiento especializado en atención pediátrica de alta complejidad.
Tras dejar el Ministerio de Salud regresó a ese centro especializado y, desde julio de 2020, ejercía nuevamente como directora general, cargo que ocupó hasta su designación en ESSALUD.
La Resolución Suprema N.° 038-2026-TR la incorpora como representante del Estado ante el Consejo Directivo, condición legal necesaria para ejercer la Presidencia Ejecutiva y conducir los órganos centrales y desconcentrados de la seguridad social.
Sheput presentó el nombramiento como parte de un proceso de modernización institucional y lucha contra la corrupción. Indicó que la nueva administración deberá garantizar la disponibilidad de medicamentos, reducir las demoras para conseguir citas, programar oportunamente las operaciones y mejorar los servicios de emergencia.
“A partir de ahora, todo tiene que girar en torno al paciente”, afirmó el ministro. El cumplimiento de esas prioridades estará condicionado por la resolución de la deuda con los proveedores y la recuperación de la capacidad operativa de la institución.
El titular de Trabajo había calificado en agosto la situación de ESSALUD como un “desastre” y anunciado una “auditoría profunda” sobre las adquisiciones de medicamentos. En ese momento no descartó declarar en emergencia la institución, aunque posteriormente consideró que una gestión adecuada permitiría evitar esa medida.
Tomás aseguró que colocará al asegurado en el centro de sus decisiones y que supervisará directamente los establecimientos.
“No dirigiré ESSALUD únicamente desde el escritorio. Estaré donde están los pacientes y los trabajadores, recorriendo hospitales, escuchando sus problemas, identificando las brechas y tomando las decisiones necesarias para resolverlas”, manifestó.
SINDICATOS MARCAN SUS PRIORIDADES PARA ESSALUD
El 12 de setiembre, un día antes de la publicación de la resolución suprema, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social remitió un oficio a la presidenta Keiko Fujimori para expresar sus observaciones sobre la designación de Zulema Tomás.
El gremio solicitó que se evaluaran los antecedentes profesionales de la nueva presidenta ejecutiva y recordó algunas controversias surgidas durante su gestión como ministra de Salud. Entre ellas mencionó la contratación de su esposo en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos en 2019, hecho que concluyó con la renuncia del funcionario.
Tomás negó entonces haber intervenido en esa contratación y rechazó haber incurrido en nepotismo. Hasta el momento, no se conoce una sanción firme contra la actual presidenta de ESSALUD relacionada con este caso.
El documento sindical también hizo referencia al caso de 22 menores que contrajeron hepatitis B en 2008 en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. La responsabilidad atribuida a Tomás no ha sido confirmada mediante una resolución judicial o administrativa de conocimiento público. Posteriormente, el Ministerio de Salud dispuso medidas de reparación para las personas afectadas.
El Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú también se pronunció sobre el nombramiento. Su secretario general, Santiago Vinces, pidió explicaciones al Ejecutivo y sostuvo que las decisiones institucionales deben orientarse a garantizar una atención digna para los asegurados.
Las organizaciones sindicales señalaron que esperan participar en el diálogo sobre las medidas que adoptará la nueva administración. Entre sus principales preocupaciones figuran el abastecimiento de medicamentos, las condiciones laborales, las demoras en las citas, las intervenciones quirúrgicas pendientes y el fortalecimiento de los servicios de emergencia.
La expresidenta ejecutiva de ESSALUD Fiorella Molinelli manifestó que corresponde a Tomás demostrar su capacidad mediante resultados. También recordó que los sindicatos no tienen facultad para decidir una designación, pero consideró necesario escuchar sus planteamientos junto con los de los pacientes y empleadores.
Virginia Baffigo, también expresidenta de la institución, sostuvo que la nueva gestión debe identificar mediante indicadores concretos los problemas más urgentes, especialmente las demoras en las citas especializadas, la escasez de bienes estratégicos y las deudas pendientes con proveedores.
RESPALDO DEL EJECUTIVO
La presidenta Keiko Fujimori había adelantado días antes, durante una entrevista con RPP, que Tomás era evaluada para reemplazar a Sandoval. La mandataria defendió la elección por la experiencia profesional de la médica, pese a que había integrado un gobierno opositor.
“Es una persona que tiene experiencia en el sector, que ha sido ministra de Estado, y cuando yo evalúo un currículum no me fijo si ha trabajado en un gobierno que ha sido opositor a nosotros. Yo me fijo en su capacidad, en su experiencia, y esta doctora cumple con todos estos requisitos”, declaró.
Sheput también respaldó el nombramiento, pese a que el 31 de octubre de 2019, cuando no integraba el Ejecutivo, calificó públicamente como un “trueque escandaloso” la contratación del esposo de Tomás en la Sunarp.
El ministro sostuvo ahora que la trayectoria y la capacidad de gestión de la nueva funcionaria han sido reconocidas por instituciones médicas, universidades, gobiernos regionales y anteriores autoridades de la seguridad social.
“Vamos a rescatar a ESSALUD del poder político nefasto que trastornó sus procesos y la vamos a poner al servicio del ciudadano”, manifestó.
Sheput indicó que la nueva presidenta contará con el respaldo del Ejecutivo, pero deberá presentar resultados en los principales problemas que afectan a la institución: medicamentos, citas, cirugías, emergencias y atención a los pacientes.
LA PRIMERA PRUEBA: CERRAR LA CUENTA
El primer desafío de la nueva administración será establecer cuánto debe realmente ESSALUD. Para ello deberá concluir la revisión de los S/1.200 millones observados, establecer un cronograma verificable para pagar los S/1.700 millones reconocidos y evitar que el pasivo continúe afectando las adquisiciones de medicamentos.
Tomás también deberá presentar ante el Consejo Directivo los lineamientos de su administración y fijar indicadores que permitan evaluar el abastecimiento de fármacos, los tiempos de espera, las operaciones pendientes y el funcionamiento de las emergencias.
Permanecen en curso la auditoría anunciada por el Ministerio de Trabajo, la auditoría de cumplimiento de la Contraloría sobre las compras delegadas entre 2024 y 2026 y la investigación fiscal relacionada con el proceso de adquisición por aproximadamente S/1.800 millones.
Los resultados de esas evaluaciones serán necesarios para conciliar las distintas estimaciones de la deuda, determinar responsabilidades y definir un programa de pagos que no comprometa los servicios destinados a los asegurados.
En el ámbito laboral, la oposición expresada por los sindicatos anticipa un proceso de diálogo con los trabajadores y el cuerpo médico desde el inicio de la gestión.
Zulema Tomás asume ESSALUD con el respaldo del Ejecutivo, el rechazo de organizaciones sindicales y una deuda con proveedores cuyo cálculo máximo alcanza los S/2.900 millones, aunque todavía no existe una cifra oficial consolidada.
Al cierre de esta edición, la nueva administración no había presentado públicamente un plan de trabajo con plazos, metas e indicadores para afrontar los problemas financieros y asistenciales identificados.
