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Un ‘manto de dudas’ ha despertado la decisión del Ejecutivo de no promulgar el tratado de extradición con Francia, pese a que ya había sido aprobado por el pleno del Congreso. Según fuentes palaciegas, la situación obedecería a parte de un plan de fuga de Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, que estarían tratando de tapar con la “cortina de humo” de la crisis en las universidades, generadas por el mismo gobierno nacionalista.
Esta versión se vería corroborada con lo dicho por el congresista Víctor Andrés García Belaunde, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien dijo que le llama particularmente la atención que un tratado negociado por tanto tiempo con Francia no haya sido promulgado.
“Este nuevo tratado de extradición iba a incluir nuevas y diversas figuras delictivas relacionadas a delitos de corrupción”, enfatizó.
Para el congresista Mauricio Mulder, esta situación forma parte de “un plan de fuga del señor Ollanta Humala y la señora Heredia”, pues –según él- el tratado de extradición con el país galo dificultaría la posibilidad de que la pareja presidencial escape a Francia y pueda eludir el tema de las agendas.
“El delito de lavado de activos no se contempla en el tratado de extradición vigente con Francia”, manifestó, dando a entender que por ello habrían detenido su entrada en vigencia.
Recordó, a su vez, que la actual embajadora en Francia, Cristina Velita, también está implicada en el caso de las agendas. Finalmente no descartó que el presidente del Congreso promulgue el tratado de extradición vía el procedimiento de insistencia.
Sin embargo, para el experto en derecho internacional Fabián Novak, el Congreso no tiene la posibilidad de aprobar mediante una insistencia el tratado de extradición.
“De acuerdo a la Convención de Viena sobre derechos de los tratados, estos entran en vigor solo cuando el presidente los promulga y el Ejecutivo cumpla con notificar que se ha cumplido con el trámite de aprobación a través de cancillería. No es posible que lo haga el Congreso”, señala.
Y, eso parece saberlo muy bien el presidente Ollanta Humala, quien en los últimos días viene azuzando el tema del problema surgido en las universidades con un grupo de rectores que se niegan a dejar sus cargos.
Frente a la actual situación, el Ejecutivo puede suspender indefinidamente la promulgación del tratado y, como ha propuesto en su oficio dirigido al Parlamento, iniciar nuevas negociaciones con Francia para la suscripción de otro tratado de extradición, lo cual es más conveniente, pues el gobierno de Humala acaba en julio próximo, señalaron ambos expertos.
LA VERSIÓN OFICIAL
Es debido a esta recomendación que el presidente Ollanta Humala habría tomado la decisión de no promulgar el tratado de extradición con Francia, pese a que ya había sido aprobado por el pleno del Congreso.
Según la versión del Ejecutivo, el informe del Ministerio de Justicia “advierte una contradicción entre el tratado y la legislación francesa”, pues está última permite que una persona que no tiene la nacionalidad francesa al momento de cometer un delito, y que la adquiere después de ese acto, no pueda ser extraditada.
Este hecho habría generado, como argumenta el propio informe, “incertidumbre respecto a la ejecución del tratado”.
No obstante, para el experto en derecho internacional Gattas Abugattas, este informe genera, por decir lo menos, sospechas. “Nunca he visto un caso en donde, ya habiendo sido aprobado por el pleno, un ministerio cambie de opinión y dé marcha atrás. Este argumento se ha podido utilizar antes”, manifestó.
El pleno aprobó el tratado el pasado 19 de noviembre sin realizar ninguna modificación, sin embargo, antes de que fuera enviado al Parlamento para su aprobación, el Minjus y diversos sectores (reunidos en una comisión multisectorial) ya habían dado su opinión favorable al texto propuesto por el Ejecutivo.
