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Ex mandataria es acusada por millonarios sobornos y le dictan un embargo por 4 mil millones de pesos
El juez federal Claudio Bonadio ordenó el procesamiento y prisión preventiva de la ex presidenta argentina Cristina Fernández Kirchner, por considerarla “jefa de una asociación ilícita”. La ex mandataria es acusada de haber recibido millonarios sobornos, según el megacaso denominado “cuadernos de la corrupción”, el mismo que salió a la luz gracias a las revelaciones del chofer Oscar Centeno.
A pesar de la orden judicial, ella no puede ser detenida por el momento debido a sus fueros como senadora. Es decir, para que la orden de prisión preventiva se haga efectiva, Cristina Fernández debe perder la inmunidad parlamentaria que goza actualmente por ser miembro del Senado.
Según informaron fuentes del caso, el magistrado federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento por “asociación ilícita” contra ella -cuya detención dependerá de que dos tercios de los senadores aprueben su desafuero- y diversos miembros de su Ejecutivo, así como contra varios de los empresarios sospechosos de haber pagado coimas para favorecerse con contratos durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).
Asimismo, Claudio Bonadio le dictó un embargo por 4 mil millones de pesos a la expresidenta amparado en los testimonios de empresarios pero también de ex funcionarios que se declararon como arrepentidos. Sin embargo, la medida también alcanza al exministro Julio De Vido y dichos empresarios.
Según los “cuadernos de la corrupción”, la administración de Fernández Kirchner habría incurrido en el cobro de sobornos para la adjudicación de contratos con el Estado. La ex mandataria, por su parte, ha calificado todo el proceso como una muestra de “la utilización del Poder Judicial como un instrumento de persecución y proscripción de dirigentes populares”.
Claudio Bonadio considera que Cristina Fernández Kirchner era jefe del entramado que supuestamente estaba integrado por su fallecido esposo y ex mandatario, Néstor Kirchner, y el exministro de Planificación, Julio de Vido. Un grupo de empresarios “arrepentidos” han testificado en el caso, así como ex funcionarios como José López y Claudio Uberti, quienes están en calidad de “imputados colaboradores”.
La orden de procesamiento de Claudio Bonadio también alcanzó a las siguientes personas del mundo empresarial: Aldo Roggio, Carlos Wagner, el primo del Presidente, Angelo Calcaterra, Gabriel Romero, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain fueron procesados por el juez. Javier Sánchez Caballero, hombre de confianza de Mauricio Macri y ex empleado de IECSA fue beneficiado con la falta de mérito.
