Por demás sospechoso resulta que entre los candidatos presidenciales que poseen acciones en alguna compañía no figure César Acuña de Alianza para el Progreso (APP); sobre todo porque según los estados financieros de la Universidad César vallejo (UCV) al 2014, el valor patrimonial de las acciones de dicha casa de estudios asciende a más de 587 millones de soles. Esta cifra no incluye el valor de las participaciones que el candidato de APP mantiene en las universidades Señor de Sipán y Autónoma del Perú, que también son de su propiedad. Entonces la pregunta que cabe es ¿dónde está la participación de Acuña en las acciones de la UCV? ¿De dónde entonces procede su patrimonio millonario? ¿De dónde la plata como cancha? Si bien el candidato presidencial por APP declaró ser dueño de ocho terrenos, nueve inmuebles, entre casas y departamentos, 110 vehículos, incluso un estadio de fútbol, no consignó en su hoja de vida cuántas acciones tiene en la UCV y en el resto de su consorcio educativo, “olvido” que las Fiscalía de Lavado de Activos deberían tomar en cuenta. Acuña tampoco reveló los millonarios montos que recibe en donaciones de sus propias universidades. Solo dice que a nivel de empresas hay accionistas y algunos accionistas donan sus ganancias, pero que eso no es ilegal. Según declaró ante la Fiscalía de Lavado de Activos, ha re recibido S/88’722,000 “por donaciones de los accionistas” de las universidades César Vallejo y Señor de Sipán, del 2011 al 2014. Esto, según explica el propio Acuña ante el Ministerio Público, luego un “acuerdo privado” entre los accionistas para que “cedan todas sus utilidades” a favor del político apepista. Al respecto, el personero legal de APP, Carlos Gonzales, dijo que toda la información que presentaron ante el JNE es la que exigía la norma. “Hemos llenado el formulario de manera escrupulosa y con la asesoría de un contador. Eso es todo lo que tengo que decir”, refirió. Pero Acuña no es el único que no ha cumplido con informar las acciones que posee en organizaciones. Hernando ‘Nano’ Guerra García, candidato a la presidencia por Solidaridad Nacional, también omitió reportar esa información. Él es titular de Nano Guerra-García E.I.R.L., compañía fundada en el 2010 y que se dedica a la asesoría de negocios. Otro es el ex alcalde de Los Olivos Felipe Castillo (Siempre Unidos). Él fue uno de los últimos en inscribir su candidatura presidencial y registró ante el jurado que trabaja como director de la compañía Especialidades Médicas Los Olivos. Consultado sobre quién era el dueño de esta empresa, Castillo dijo, en un inicio, que era él y luego se retractó y señaló que se la había traspasado a sus hijas. “Es una cosa pequeña”, indicó. NADA TRAANSPARENTES Según el reglamento de la Ley de Partidos Políticos, la declaración de bienes y rentas de los candidatos debe ser igual a la presentada por los funcionarios públicos. Según la norma aplicable a dichos funcionarios (DS N° 080-2001 PCM), estos deben informar sobre sus bienes (lo que ya de por sí incluye cualquier acción o participación en empresas) así como “todo aquello que reporte un beneficio económico”. Cabe precisar que los bienes incluyen cualquier activo en el Perú o en el extranjero. Para el ex secretario general del JNE Roque Bravo, el objetivo de la norma es claro: “La idea es que la ciudadanía conozca cuál es el patrimonio real de una persona que aspira a ejercer un cargo. No solamente se debe consignar el valor nominal [de las acciones o de la empresa], sino el comercial”, acotó.