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El veterano periodista denuncia un proceso sistemático de captura del Estado por redes de poder que buscan desactivar los mecanismos de control judicial y asegurar la impunidad de sus operadores políticos.
El reconocido periodista César Hildebrandt advirtió en su última columna que la crisis del Ministerio Público no es un fenómeno aislado, sino una etapa avanzada de un proceso estructurado de demolición institucional. Según el director del semanario Hildebrandt en sus trece, un entramado mafioso —con ramificaciones políticas, mediáticas y económicas— estaría ejecutando una estrategia para eliminar cualquier resistencia a sus intereses dentro del sistema de justicia peruano.
Una captura del Estado en curso
Para Hildebrandt, el Perú atraviesa actualmente su momento de mayor degradación democrática desde la caída del régimen de Alberto Fujimori en el año 2000. Pero con una diferencia fundamental: mientras el fujimorismo se sostenía en la concentración vertical del poder, la mafia actual actúa desde adentro, ya no necesita encubrirse ni operar desde las sombras.
“Hoy ya no son intermediarios: ellos son el poder. Han convertido al Congreso en su aparato operativo y al Ejecutivo en un instrumento decorativo”, denuncia el periodista.
Esta red de intereses —a la que Hildebrandt denomina “la mafia gobernante”— tendría como principal objetivo la neutralización de las instituciones autónomas que históricamente han servido como contrapeso democrático: el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y organismos técnicos como la Contraloría o la SUNEDU.
El Ministerio Público como campo de batalla
La disputa por el control del Ministerio Público, marcada por la inestabilidad interna y la suspensión de Patricia Benavides, se ha convertido en un frente crucial de esta ofensiva institucional. Hildebrandt advierte que el eventual retorno de Benavides no sería un hecho aislado, sino una operación de restauración política liderada por quienes buscan impedir investigaciones sensibles y proteger redes de corrupción enquistadas en el Estado.
“Es vital que Patricia Benavides, alias Vane, no regrese a la Fiscalía que embarró protegiendo a su hermana y encabezando un movimiento cuyo único objetivo fue tumbarse al gobierno de Castillo”.
Más allá de su rol en la caída del expresidente Pedro Castillo —a quien Hildebrandt también ha criticado por su ineptitud—, el periodista sugiere que Benavides fue la punta de lanza de una estrategia de desmantelamiento del sistema anticorrupción, al utilizar su cargo como mecanismo de persecución política y blindaje interno.
Retroceso legal: leyes anuladas y normas desmontadas
Uno de los aspectos más preocupantes señalados en el artículo es el desarme legal de los instrumentos de lucha contra el crimen organizado. Hildebrandt menciona la derogación o debilitamiento de normas clave como:
- La extinción de dominio, que permitía recuperar bienes obtenidos ilícitamente.
- Las reglas para allanamientos fiscales y judiciales, que han sido reformadas para dificultar investigaciones complejas.
- Las reformas procesales que priorizaban la celeridad en casos de corrupción y lavado de activos.
“La restitución de estas normas hace temblar a procesados y procesables de toda laya. Los que se beneficiarán con la próxima amnistía, ¿qué no harán para evitar que nuevas fuerzas ganen las elecciones y fumiguen el país?”.
Este retroceso legal, según Hildebrandt, se articula con una ofensiva mediática y política contra jueces, fiscales, magistrados o periodistas que aún conservan independencia de criterio, generando un ambiente de hostilidad y persecución hacia quienes intentan fiscalizar el poder.
Elecciones 2026: el miedo a perder el control
El periodista expresa escepticismo sobre la posibilidad de un cambio político real en los próximos comicios. Considera que el sistema está diseñado para impedir la alternancia de poder mediante campañas de desinformación, manipulación de normas electorales y la consolidación de un electorado fragmentado y desmovilizado.
“La mafia sueña con una sucesión cómplice. Porque se le va la vida en este empeño. Porque la cárcel le pisa los talones a demasiados”.
Para Hildebrandt, incluso si una candidatura limpia y reformista lograra imponerse en las urnas, enfrentaría desde el primer día una maquinaria institucional dispuesta a obstaculizar su gestión. De allí que la única vía posible para el rescate democrático pase, según su diagnóstico, por el fortalecimiento del Poder Judicial y la defensa activa de la legalidad internacional.
Reflexión final: resistir desde el margen
Lejos del optimismo ingenuo, Hildebrandt no oculta su desesperanza. Pero tampoco renuncia a la posibilidad de resistencia. Hace un llamado a los sectores todavía independientes —en la judicatura, en el periodismo, en la sociedad civil— para que no abandonen la defensa del Estado de derecho, incluso frente a la impunidad sistematizada.
“Es importante que el Poder Judicial siga demostrando independencia de criterio aferrándose al marco jurídico internacional. Es importante que sigamos resistiendo”.
Su mensaje es claro: el Perú está en disputa, y esa disputa no se dará solo en las urnas, sino en las salas de audiencias, en los medios de comunicación, en las calles y en las instituciones que todavía no se han rendido.
El artículo de César Hildebrandt representa una advertencia severa sobre el deterioro institucional que amenaza con vaciar la democracia peruana de sus contenidos esenciales. No es una denuncia puntual, sino la radiografía de un proceso político corrosivo que se despliega bajo apariencias legales. Si el país quiere recuperar su rumbo, no bastará con votar: habrá que defender lo que aún no ha sido capturado.
