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Partidarios de reemplazar la Constitución chilena, heredada de la dictadura, blandían este jueves banderas nacionales y gritaban “Sí se puede” frente a La Moneda, sede presidencial, mientras al oriente de la capital los partidarios de mantener el actual texto realizaban una caravana.
Chile puso punto final así a una campaña electoral de dos meses, marcada por la pandemia, los estragos económicos derivados de la cuarentena y una crisis social sin parangón desde el retorno a la democracia, con multitudinarias marchas y graves desmanes, que provocaron una treintena de muertos y miles de heridos.
El plebiscito del domingo fue consensuado el pasado noviembre por casi todos los partidos como salida al “estallido social” y tenía que celebrarse en abril, pero fue aplazado por la pandemia, que alcanzó su pico en junio y ya deja casi medio millón de infectados y cerca de 13.800 muertos.
Para los partidarios del “Apruebo”, la actual Constitución es “ilegítima” por su origen dictatorial -aunque en democracia fue reformada decenas de veces-, además de ser la causante de las desigualdades del país por fomentar la privatización de servicios básicos.
“Gracias a los jóvenes tenemos plebiscito. Ellos no solo saltaron los torniquetes del metro, sino que dijeron basta”, dijo a Efe la jubilada Magdalena Álvarez, en referencia a las primeras protestas de los estudiantes contra la subida en la tarifa del suburbano hace un año, que derivaron luego en la revuelta.
“Ojalá la educación sea accesible para la gente y haya una verdadera inversión del Estado”, añadió a Efe la profesora Claudia Martínez.
Sus detractores, sin embargo, creen que los problemas de Chile se solucionan con nuevas leyes, y no cambiando la Constitución, y defienden que lo último que necesita el país en estos momentos es una “hoja en blanco”, que genere “incertidumbre” y “desaliente las inversiones”.
