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Hoy 16 de julio, se reactivó el juicio contra Keiko Fujimori y otros cuarenta acusados relacionados con el caso Cócteles. La audiencia se está desarrollando en una nueva ubicación para evitar las interrupciones ocasionadas por el ruido de los seguidores de los investigados.
En esta sesión, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional autorizó a las defensas a presentar sus argumentos legales. Giulliana Loza, la abogada defensora de Keiko Fujimori, denunció la táctica de la fiscalía y destacó la ausencia de pruebas contundentes contra su defendida. Por otro lado, la Fiscalía expuso que posee más de 5,900 pruebas incriminatorias contra Fujimori y los demás inculpados, incluyendo testimonios, documentos escritos, correos electrónicos y grabaciones que evidencian vinculaciones entre ellos, así como entre el partido Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces SAC. El fiscal José Domingo Pérez ratificó el pedido de una condena de treinta años y diez meses de prisión para la lideresa del partido Fuerza Popular.
El partido Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C., propiedad de Mark Vito, están señalados de servir como instrumentos para el lavado de dinero. En su planteamiento, Pérez pide la disolución de MVV por sospecha de estar implicada en el blanqueo de contribuciones no registradas ante la ONPE. Se informó que entre el 2014 y 2018, MVV concretó diecinueve contratos inmobiliarios por un valor total de 72.2 millones de dólares, obteniendo beneficios que superaban los 2.1 millones de dólares para Mark Vito Villanella.
La controversia del caso Cócteles ha tenido un impacto considerable en la política peruana, incrementando la conversación pública entorno a la corrupción y la integridad del sistema judicial del país. El progreso de las indagaciones y procesos judiciales permanece de gran importancia a nivel nacional e internacional, reflejando su importancia para la democracia y estructura gubernamental del país.
