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La Sala Penal Especial concluyó que el expresidente y sus exministros participaron en distintos niveles de coordinación para intentar quebrar el orden democrático.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó este 27 de noviembre al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, tras determinar su participación en la planificación y coordinación del intento de ruptura del orden constitucional ocurrido el 7 de diciembre de 2022 en Lima. El tribunal también impuso penas a los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Aníbal Torres.
Antecedentes y contexto del caso
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anunció públicamente la disolución del Congreso, la reorganización del sistema judicial y la instauración de un “gobierno de excepción”. Minutos después de su mensaje, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y diversas instituciones del Estado desconocieron la medida por considerarla inconstitucional. El entonces mandatario fue detenido ese mismo día.
Tras su destitución, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar que posteriormente derivó en acusaciones formales por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Por estos hechos, el Ministerio Público solicitó inicialmente 34 años de prisión para Castillo.
Fundamentos de la sentencia y responsabilidades asignadas
Durante la lectura del fallo, la jueza suprema Norma Carbajal precisó que el tribunal consideró acreditado que Pedro Castillo lideró la coordinación del plan destinado a quebrar el orden constitucional y que sus entonces ministros participaron en distintos niveles para facilitar el intento.
“La Fiscalía ha pedido 11 años y 5 meses de cárcel; el tribunal considera que dicha pena es legal, proporcional y es la que debe imponerse”, señaló Carbajal.
“El mensaje a la Nación fue una manifestación de que Castillo arrogó el ejercicio de poder”, añadió.
La Sala Penal Especial también determinó las siguientes condenas:
- Betssy Chávez (expresidenta del Consejo de Ministros): 11 años, 5 meses y 15 días de prisión como coautora del delito de conspiración para la rebelión.
- Willy Huerta (exministro del Interior): 11 años, 5 meses y 15 días de prisión.
- Aníbal Torres (expremier): 6 años y 6 meses de prisión.
Además, el tribunal impuso dos años de inhabilitación para Castillo para ejercer cualquier cargo público.
Pedidos adicionales, apelaciones y acciones previas a la sentencia
Horas antes de conocerse el fallo, el expresidente presentó una solicitud para declarar la nulidad absoluta del proceso y pidió la inhibición de tres magistrados —Norma Carbajal, José Neyra Flores e Iván Guerrero— alegando supuesta vulneración a su derecho al juez natural y parcialidad en el proceso. La Sala declaró improcedentes dichos pedidos.
Por su parte, las defensas legales de Betssy Chávez y Willy Huerta anunciaron que evaluarán los recursos impugnatorios correspondientes ante la Corte Suprema.
Situación migratoria y medidas sobre Betssy Chávez
Tras la lectura de la sentencia, el Poder Judicial dispuso la ubicación y captura nacional e internacional de Betssy Chávez. La ex primera ministra se encuentra desde el 3 de noviembre en la embajada de México en Lima, a la espera de un salvoconducto que le permita salir del país, siguiendo un proceso de solicitud de asilo político.
El Gobierno peruano aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la autorización o rechazo del salvoconducto solicitado por el Estado mexicano.
Reacciones institucionales y efectos políticos
La sentencia se produce en un contexto marcado por debates sobre la estabilidad institucional, la actuación de las autoridades en la crisis de 2022 y el alcance de la responsabilidad penal de los altos funcionarios del Estado.
En el Congreso, la Comisión Permanente aprobó recientemente la inhabilitación por 10 años de Willy Huerta por su actuación en los hechos del 7 de diciembre.
Diversos especialistas en derecho constitucional señalaron que el fallo reafirma la posición del Estado peruano respecto a la defensa del orden democrático y el respeto a la separación de poderes. Sin embargo, las defensas de los sentenciados han insistido en la existencia de supuestas vulneraciones procesales, las cuales podrían ser alegadas en eventuales apelaciones.
Escenarios y próximas acciones
El siguiente paso procesal corresponde a la evaluación de eventuales recursos de apelación ante la Corte Suprema. En paralelo, el Ministerio Público mantiene investigaciones adicionales por presuntos delitos de corrupción que involucran a Castillo durante su mandato.
En el caso de Betssy Chávez, el Gobierno deberá definir si concede o rechaza el salvoconducto solicitado por México, lo que podría generar repercusiones diplomáticas.
Panorama
Con la sentencia dictada por la Sala Penal Especial, Pedro Castillo y tres de sus exministros enfrentan penas de prisión efectiva por su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022. El caso continúa abierto a nuevas etapas judiciales, mientras las instituciones evalúan las implicancias políticas, diplomáticas y legales del fallo.
