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El Congreso de la República ha presentado cuatro mociones de censura contra el primer ministro Gustavo Adrianzén, luego del asesinato de 13 mineros en Pataz, en la región La Libertad.
La medida surge tras la indignación generada por la respuesta del Ejecutivo ante el secuestro y posterior asesinato de los trabajadores, un hecho que ha puesto en tela de juicio la gestión del Gobierno en materia de seguridad.
El origen de la crisis
El 30 de abril, Adrianzén negó en conferencia de prensa que existiera información verificada sobre el secuestro de los mineros. Sin embargo, cinco días después, los cuerpos fueron hallados sin vida y con signos de tortura en un socavón cercano a las operaciones de la empresa minera Poderosa. La falta de acción inmediata por parte del Gobierno ha sido duramente criticada por diversos sectores políticos y sociales.
Las mociones de censura
Las mociones de censura han sido impulsadas por distintas bancadas, entre ellas Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Podemos Perú, Acción Popular y Renovación Popular. La primera en ser admitida a trámite fue la multipartidaria, liderada por Edward Málaga y Roberto Sánchez, que logró 35 firmas, superando el mínimo requerido de 33.
Los argumentos para la censura incluyen:
- Incapacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana.
- Falta de liderazgo y gestión en el Ejecutivo.
- Respaldo a exministros cuestionados.
- Deficiencias en la respuesta ante el asesinato de los mineros en Pataz.
La postura del Gobierno
La presidenta Dina Boluarte ha defendido públicamente a Adrianzén, minimizando su responsabilidad en la crisis. “El crimen de Pataz no se resolverá sacando al premier”, afirmó en conferencia de prensa. Sin embargo, la presión política sigue en aumento, y el Congreso podría definir su futuro en los próximos días.
La moción de censura contra Gustavo Adrianzén refleja el descontento del Congreso y la ciudadanía ante la gestión del Gobierno en materia de seguridad. Con tres mociones ya admitidas a trámite, el primer ministro enfrenta una posible destitución en el Pleno. La decisión final dependerá de si logra reunir los 66 votos necesarios para mantenerse en el cargo.
