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El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, propuso ante la Fiscalía levantar el secreto de sus comunicaciones y entregar su pasaporte, en el marco de la investigación por fallas logísticas en las elecciones del 12 de abril, mientras la PNP intensifica controles para evitar una eventual salida del país.
El proceso electoral peruano atraviesa una etapa de revisión y tensión institucional tras las incidencias registradas durante la jornada del 12 de abril. En este contexto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, ha adoptado una postura de colaboración activa con las autoridades fiscales.
Según un documento presentado por su defensa legal, Corvetto solicitó formalmente autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, así como la entrega de su pasaporte, en calidad de testigo dentro de la investigación. En el oficio, el funcionario expresó su “total disponibilidad” para contribuir con el esclarecimiento de los hechos y pidió que se establezca una fecha para formalizar dichas medidas ante el despacho fiscal.
La investigación se centra en las demoras y fallas en la distribución del material electoral, un aspecto que ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia operativa del sistema. Paralelamente, el Jurado Electoral Especial (JEE) ha iniciado el recuento de votos, un proceso que será determinante para definir qué candidaturas avanzarán a la segunda vuelta presidencial.
En el mismo documento, Corvetto rechazó la solicitud de detención preliminar planteada por la Policía Nacional del Perú (PNP), calificándola como un “despropósito”. Argumentó que sus desplazamientos son permanentemente monitoreados por personal de Seguridad del Estado, lo que —según indicó— descarta cualquier riesgo de fuga.
No obstante, la PNP dispuso reforzar los controles en aeropuertos, fronteras y puntos de vigilancia mediante una orden interna emitida el 18 de abril. Esta medida involucra a diversas direcciones especializadas, incluyendo la Dirnos, la Dirnic y unidades de inteligencia, en el marco de una investigación por presunta colusión agravada que alcanza a funcionarios del sistema electoral.
En paralelo, los pedidos de nulidad de votos presentados por el partido Renovación Popular han comenzado a ser desestimados debido a la falta de sustento probatorio y el incumplimiento de requisitos administrativos, lo que reduce el margen de controversia en torno a los resultados preliminares.
El escenario electoral se mantiene en evaluación institucional, con un proceso de recuento en marcha y una investigación fiscal abierta. La colaboración anunciada por el jefe de la ONPE y las acciones de control adoptadas por la PNP configuran un contexto de vigilancia y verificación que marcará el desarrollo de las próximas etapas del proceso.