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En un gesto sin precedentes de unidad regional, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) se ha pronunciado firmemente en defensa del Cusco ante el prolongado conflicto por la recuperación del hotel Sanctuary Lodge, ubicado dentro del Santuario Histórico de Machupicchu.
El documento, que reúne las voces de los gobernadores de todo el país, no solo es una muestra de solidaridad institucional, sino una advertencia política sobre los límites de la concentración del poder económico y judicial frente a las aspiraciones descentralistas del Perú profundo.
Más que un hotel: el símbolo de una lucha histórica
El Sanctuary Lodge, operado durante décadas por la empresa Belmond Hotels S.A., no es un alojamiento cualquiera. Su localización estratégica —a escasos metros del ingreso a la ciudadela de Machupicchu— lo convierte en uno de los activos turísticos más codiciados del país. Pero para el Gobierno Regional del Cusco y buena parte de su ciudadanía, representa algo más profundo: la posibilidad de que los recursos estratégicos de la región sean gestionados por sus propios habitantes, no por intereses foráneos.
“La recuperación del Sanctuary Lodge no es un acto administrativo. Es un acto de reivindicación histórica, de reparación frente al centralismo que ha negado a Cusco la posibilidad de decidir sobre su patrimonio”, sostuvo el gobernador Werner Salcedo Álvarez en una reciente entrevista.
El conflicto legal: presiones, arbitrajes y poder corporativo
El conflicto se agravó tras las acciones judiciales emprendidas por Belmond Hotels S.A., que ha recurrido a mecanismos legales nacionales e internacionales —incluyendo arbitrajes— para impedir la reversión del hotel al Estado y, específicamente, al Gobierno Regional del Cusco. La ANGR denunció en su pronunciamiento el uso de “argucias judiciales y presiones desproporcionadas”, que buscan preservar una concesión cuestionada en su legitimidad y duración.
Según fuentes del gobierno regional, el contrato original de concesión está siendo revisado por contralorías y juristas que argumentan que su continuidad limita el principio de soberanía territorial y atenta contra el interés público. Belmond, por su parte, ha defendido su permanencia asegurando que invierte en sostenibilidad y promueve el turismo de lujo, aunque voces locales denuncian que los beneficios de esa actividad no se traducen en inversión tangible para la región.
Criminalización de autoridades: la otra cara del conflicto
En paralelo, diversas autoridades del Cusco —entre ellas el propio gobernador, alcaldes y líderes comunales— han sido objeto de investigaciones y medidas judiciales que desde la ANGR se perciben como un intento de intimidación. El pronunciamiento lo deja claro: “Rechazamos enérgicamente todo acto de amedrentamiento y criminalización”, señalando que ejercer la defensa del patrimonio regional no puede ser penalizado en una democracia que se dice descentralista.
El trasfondo: descentralización versus centralismo económico y judicial
El caso del Sanctuary Lodge ha revivido un debate estructural que atraviesa al Perú desde hace décadas: ¿qué significa realmente la descentralización? Si las regiones no pueden decidir sobre sus propios activos, gestionar recursos estratégicos o revertir concesiones cuestionadas, ¿qué tipo de autonomía les queda?
Para los gobernadores regionales, el conflicto representa una línea de quiebre. “La descentralización no puede ser solo retórica. Necesitamos instituciones nacionales que respeten el derecho de las regiones a decidir su destino económico y cultural”, declaró uno de los firmantes del pronunciamiento.
Llamado internacional y consecuencias futuras
En su cierre, el comunicado de la ANGR invita a organismos internacionales —como UNESCO, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y relatorías de la ONU— a vigilar el caso de cerca. No solo por tratarse de un bien ubicado dentro de un Patrimonio Mundial de la Humanidad, sino por el riesgo que implica cualquier acción que menoscabe los derechos colectivos de los pueblos originarios y las autonomías regionales.
La disputa por el Sanctuary Lodge ha dejado de ser un litigio por un inmueble turístico. Hoy es un símbolo de la lucha por la descentralización real, por el respeto a la soberanía territorial del Cusco, y por el derecho de las regiones a decidir sobre los destinos de sus recursos. En medio de presiones corporativas, demandas judiciales y tensiones políticas, el caso se perfila como una prueba de fuego para el modelo de gobernanza territorial en el Perú contemporáneo.
