La sentencia se suma a la crisis interna de APP tras su fracaso en las elecciones generales.
El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo condenó a César Acuña Peralta, líder del partido Alianza para el Progreso (APP), excandidato presidencial y exgobernador regional de La Libertad, a un año y seis meses de prisión suspendida por el delito de violación a la libertad de trabajo. La resolución, dictada por la jueza Katherine Dora Granda Fernández el 20 de mayo de 2026, se conoció públicamente recién el 3 de agosto, tras el acceso de distintos medios al expediente judicial 03174-2024-58-1601-JR-PE-02.
El origen del caso
El proceso se originó en el incumplimiento de una sentencia laboral firme que reconocía a la docente cesante Flor de María Saldaña Plasencia el pago de una bonificación por preparación de clases y evaluación, equivalente a S/ 88.525,35 más intereses legales. Según la resolución judicial, el Gobierno Regional de La Libertad fue requerido para cumplir con ese pago mientras Acuña ejercía como gobernador regional, bajo apercibimiento de denuncia penal, pero la autoridad no ejecutó ni programó el desembolso pese a haber sido válidamente notificada, según concluyó el juzgado. Tras el fallecimiento de la docente, su hijo, Luis Novoa Saldaña, continuó el proceso legal en calidad de sucesor procesal.
Los términos de la condena
La jueza Granda impuso a Acuña una pena de un año y seis meses de prisión suspendida, reducida desde los dos años inicialmente previstos por el tipo penal, debido a que el sentenciado no registra antecedentes penales y superaba los 65 años de edad al momento de los hechos. El fallo establece además reglas de conducta que Acuña deberá cumplir durante el periodo de prueba: no variar de domicilio sin autorización judicial, no cometer un nuevo delito de naturaleza similar y presentarse cada 30 días ante la Oficina de Control para informar sobre sus actividades. La resolución también ordena el pago de S/ 97.377,88 a favor de Luis Novoa Saldaña, monto que comprende la deuda laboral original de S/ 88.525,35 y una reparación civil de S/ 8.852,53, que deberá abonarse en tres cuotas mensuales de S/ 32.459,29 una vez que la sentencia quede consentida.
La defensa y la reacción de Acuña
La defensa de Acuña estuvo a cargo del abogado Luis Valdez, excongresista y secretario general de Alianza para el Progreso, quien argumentó durante el juicio oral que su patrocinado no podía ser considerado responsable del incumplimiento porque la ejecución de las resoluciones laborales dependía de distintas oficinas administrativas del Gobierno Regional de La Libertad y de la Procuraduría Pública Regional, y no exclusivamente del gobernador como máxima autoridad política. Valdez sostuvo, además, que Acuña nunca fue notificado válidamente con el mandato judicial, y citó la Resolución N.º 02, emitida el 25 de junio de 2026 por la Tercera Sala Especializada Laboral de La Libertad, para argumentar que las comunicaciones judiciales se dirigieron a un domicilio distinto al real de su patrocinado. La jueza Granda desestimó ese argumento al señalar que el Quinto Juzgado de Trabajo Permanente ya había evaluado previamente el cuestionamiento sobre la notificación y concluido que esta se realizó conforme a las reglas vigentes. El propio César Acuña rechazó la sentencia a través de un comunicado, en el que sostuvo que durante el proceso se vulneraron sus derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, cuestionó la imparcialidad de la magistrada y anunció acciones legales contra los funcionarios de la Junta Nacional de Justicia y del Ministerio Público que participaron en el caso.
La consecuencia política inmediata
Un día después de emitida la sentencia, el 21 de mayo de 2026, César Acuña reapareció públicamente para anunciar que no postularía a la reelección como gobernador regional de La Libertad. Esa decisión no fue enteramente voluntaria: la legislación electoral peruana prohíbe que postulen a cargos de elección popular las personas con sentencias penales de primera instancia, aun cuando estas no se encuentren firmes, por lo que la sola existencia del fallo bloqueó cualquier intento de Acuña de buscar un nuevo mandato regional.
Situación procesal
La sentencia corresponde a un fallo de primera instancia. La defensa de Acuña interpuso un recurso de apelación que ya fue admitido y que, según el propio Acuña, deberá resolverse en los próximos días ante una Sala Penal de Apelaciones, instancia que determinará si el fallo se confirma, se revoca o se modifica. Mientras se resuelve esa apelación, la condena no tiene carácter definitivo.
Contexto: la reorganización de Alianza para el Progreso
La condena se conoce en medio de un proceso de reorganización interna de Alianza para el Progreso, luego de que Acuña quedara fuera de competencia en las elecciones generales del 12 de abril de 2026 al no alcanzar el porcentaje de votos necesario, con un resultado adverso incluso en su bastión regional de La Libertad, lo que además provocó la pérdida de la inscripción del partido y su ausencia de representación en el nuevo Congreso bicameral. En mayo de 2026, el secretario nacional de organización de la agrupación, Humberto Acuña —hermano de César Acuña—, había anunciado que el partido evaluaba reestructurarse y no descartó un cambio de denominación, y precisó que ningún integrante de la familia Acuña sería la cara visible de la organización ni participaría como candidato en las elecciones regionales y municipales de octubre de 2026.
Implicancias y escenarios posibles
El desenlace de la apelación presentada por la defensa de Acuña determinará si la condena de un año y seis meses de prisión suspendida queda firme o si es revocada o modificada por una instancia superior. De confirmarse la sentencia, el líder de Alianza para el Progreso deberá cumplir las reglas de conducta impuestas y afrontar el pago dispuesto a favor del hijo de la docente agraviada, en un contexto en el que el propio Acuña ha anunciado que impulsará acciones legales contra los funcionarios involucrados en el proceso, alegando una vulneración de su derecho de defensa.
Panorama
Con una condena de primera instancia a un año y seis meses de prisión suspendida por incumplir una sentencia laboral firme durante su gestión como gobernador regional de La Libertad, César Acuña enfrenta un nuevo proceso judicial que su defensa ya ha apelado, mientras el líder de Alianza para el Progreso rechaza el fallo y anuncia acciones legales contra los funcionarios que participaron en el caso.
