Economía peruana en “modo zombi” por crisis política persistente

Crecimiento se desacelera mientras la inestabilidad erosiona el potencial y frena decisiones de inversión.

Perú enfrenta un escenario en el que la persistente crisis política ha comenzado a impactar su desempeño económico, reduciendo su ritmo de crecimiento y evidenciando limitaciones estructurales, pese a mantener estabilidad macroeconómica y atraer inversión extranjera.

Durante décadas, Perú fue considerado un referente en América Latina por su disciplina macroeconómica, estabilidad monetaria y capacidad de crecimiento sostenido. Este desempeño se apoyó en reformas estructurales implementadas a inicios de siglo, que permitieron consolidar una economía abierta y atractiva para la inversión extranjera.

Sin embargo, este modelo ha comenzado a mostrar signos de desgaste en un contexto marcado por la inestabilidad política. La sucesión de gobiernos —con ocho presidentes en pocos años— ha dificultado la continuidad de políticas públicas, generando incertidumbre entre los actores económicos.

Especialistas como el economista Armando Mendoza señalan que la idea de que la economía peruana es inmune a la política resulta incompleta. Según explica, el país opera actualmente en un “modo zombi”, con crecimiento sostenido pero por debajo de su potencial, debido a la falta de dirección política clara.

Las cifras respaldan esta percepción. Tras registrar tasas de crecimiento cercanas al 4% anual durante dos décadas, el ritmo se ha desacelerado significativamente desde 2018. Desde 2022, el crecimiento promedio se ubica en torno al 2,3%, lejos de niveles que permitirían una reducción más acelerada de la pobreza y una mejora sustantiva del empleo formal.

A pesar de este escenario, Perú mantiene fortalezas estructurales relevantes. La estabilidad del sol, la autonomía del Banco Central de Reserva y la solidez de las cuentas fiscales continúan siendo factores que sostienen la confianza de los inversionistas. No obstante, analistas advierten que estas condiciones no son suficientes para impulsar un crecimiento más dinámico sin un entorno político predecible.

La volatilidad institucional también impacta sectores clave como la minería, donde los proyectos requieren planificación de largo plazo. La rotación constante de ministros y autoridades complica la toma de decisiones y limita la ejecución de inversiones estratégicas.

El impacto de la crisis política quedó evidenciado en 2023, cuando la economía se contrajo en un contexto de protestas tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo. Este episodio reflejó la vulnerabilidad del crecimiento frente a choques políticos internos.

Asimismo, desafíos estructurales como la minería ilegal —que habría generado exportaciones cercanas a US$11.500 millones— y la persistente percepción de corrupción agravan el panorama económico, afectando la competitividad y la institucionalidad del país.

De cara a 2026, el Banco Central proyecta un crecimiento cercano al 2,9%, condicionado por factores externos como el conflicto en Medio Oriente y la evolución de los precios internacionales de materias primas. A nivel interno, el proceso electoral introduce un elemento adicional de incertidumbre.

Panorama

La economía peruana mantiene bases macroeconómicas sólidas, pero enfrenta el desafío de superar la inestabilidad política que limita su potencial de crecimiento. El resultado del actual ciclo electoral será determinante para definir si el país logra retomar una senda de expansión sostenida o prolonga su actual dinámica de crecimiento moderado.