El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha sentado un precedente jurídico y político indispensable para la salud democrática del país. Al confirmar que Rafael López Aliaga no podrá asumir la Alcaldía de Lima, como tampoco podrán hacerlo otros exalcaldes en similar situación, el máximo organismo electoral ha hecho valer la prohibición constitucional de la reelección inmediata. Pese a los sofisticados artilugios legales y a la estrategia de Renovación Popular de inscribirlo como primer regidor, con la plaza de alcalde dejada vacante de facto para forzar una sucesión, el JNE ha puesto el espíritu de la Constitución por encima de las trampas normativas.
La maniobra que intentaron López Aliaga y decenas de alcaldes en todo el país no era otra cosa que una reelección encubierta. El artículo 194 de nuestra Carta Magna es tajante: prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes. Postular deliberadamente a una regiduría para ascender de inmediato al sillón municipal constituía un fraude a la ley, un atajo diseñado para sacarle la vuelta al mandato constitucional mediante una lectura perversa e hiperliteral del derecho a ser elegido.
El JNE ha actuado con la firmeza que las circunstancias exigían. Al negar las credenciales de alcalde a quienes pretendieron burlar la norma, la institución rescata un principio básico de la democracia: la alternancia en el poder. Permitir que López Aliaga gobernara Lima desde la regiduría, por la vía de la sucesión, habría abierto un forado legal peligroso. Cualquier autoridad subnacional habría quedado habilitada para perpetuarse en el cargo a través de testaferros políticos o de listas armadas a su medida.
La gran crítica que cabe hacerle al JNE, sin embargo, es la de la oportunidad. Emitir un pronunciamiento técnico y definitivo cuando el proceso electoral ya concluyó y el escrutinio está prácticamente al 100% genera un clima innecesario de incertidumbre y desazón ciudadana. Las reglas de juego debieron quedar zanjadas, con esta misma claridad, antes de que los ciudadanos acudieran a las urnas. Así se habría evitado que miles de limeños votaran por una fórmula cuyo desenlace legal ya se anticipaba conflictivo. Esta demora resquebraja la sobriedad del organismo, el principio de oportunidad y la propia imagen del JNE. Pronunciarse después de la votación deja la impresión de una revancha política, algo impropio de una institución que debe mantenerse ajena a toda opinión política.
Lima enfrenta ahora un escenario inédito. López Aliaga solo conservará su puesto de regidor y la alcaldía deberá ser asumida por quien le sigue en la lista. La resolución nos deja una lección republicana fundamental: la Constitución no es un texto maleable al antojo de las ambiciones personales. Quienes aspiran a gobernar las instituciones deben ser los primeros en respetar sus límites legales, sin trampas ni atajos.
Lo más probable es que el lunes, a primera hora, los abogados de todos los candidatos que no podrán asumir sus alcaldías presenten hábeas corpus, acciones de amparo, denuncias contra el Pleno del JNE y querellas individuales, todo en «defensa de sus derechos constitucionales». Para el JNE el tema queda zanjado; para los candidatos reeleccionistas, en cambio, la novela judicial recién comienza. No sería extraño que a Roberto Burneo y a los demás miembros del Pleno los empapelen con denuncias por todos lados.
En resumen, el JNE impidió la reelección encubierta. Estaremos atentos a las reacciones de ambas partes. Hasta la próxima semana, mis amigos de La Primera.
