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El Tribunal Constitucional (TC) del Perú anuló la prisión preventiva de 24 meses que pesaba sobre Vladimir Cerrón, expresidente y fundador de Perú Libre, al declarar fundada una demanda de hábeas corpus presentada por su defensa. La decisión, adoptada por el pleno del máximo intérprete de la Constitución mediante la Sentencia 166/2026, fue emitida el 3 de julio pasado, aunque se conoció públicamente recién el 21 y 22 de julio. Con este fallo, Cerrón —prófugo de la justicia desde octubre de 2023 por el proceso que se le sigue por presunta organización criminal y lavado de activos— podrá continuar la investigación bajo comparecencia, sin la orden de captura que lo mantenía en la clandestinidad.
El proceso contra Cerrón se originó en el denominado caso Los Dinámicos del Centro, en el que la Fiscalía le atribuye haber liderado una presunta organización criminal que, de acuerdo con la imputación fiscal, habría operado desde el Gobierno Regional de Junín para gestionar de manera irregular licencias de conducir y cobrar cuotas a trabajadores de esa entidad. En diciembre de 2023 y enero de 2024, el Poder Judicial sustituyó una medida de comparecencia con restricciones por la prisión preventiva, decisión que Cerrón evadió al no presentarse ante las autoridades, lo que derivó en su inclusión en la lista de requisitoriados del Ministerio del Interior. Pese a una intensa búsqueda, la Policía Nacional nunca logró ubicarlo. En junio y julio de 2025, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazaron, respectivamente, sendas solicitudes de la defensa para variar la prisión preventiva por una comparecencia restringida, resoluciones que fueron las cuestionadas ante el TC.
La ponencia estuvo a cargo del magistrado Pedro Hernández Chávez y contó con el respaldo de sus colegas Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia y Gustavo Gutiérrez Ticse, mientras que Luz Pacheco, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich emitieron votos singulares en contra. La mayoría del colegiado concluyó que las resoluciones judiciales cuestionadas incurrieron en una motivación insuficiente al momento de rechazar el cambio de la medida restrictiva, lo que representa una vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, conexo al derecho a la libertad personal.
Según el razonamiento del TC, los jueces no explicaron de manera adecuada por qué el peligro de fuga se mantenía vigente pese a que dos decisiones judiciales previas habían favorecido a Cerrón, y precisó que la sola condición de nunca habido no constituye, por sí misma, un argumento válido para sustentar el peligro procesal, en especial cuando el propio mandato de detención que se buscaba evadir terminaría siendo anulado. El tribunal también advirtió sobre los riesgos de que los procesos penales sean utilizados con fines de persecución política, aunque no se pronunció de manera específica sobre si ello ocurrió en el caso concreto.
En consecuencia, el TC declaró nulas la Resolución 8 del 3 de junio de 2025 y la Resolución 3 del 4 de julio de ese año, que habían rechazado y confirmado, respectivamente, la negativa a variar la medida. Por conexión, también anuló la Resolución 4 del 18 de diciembre de 2023 y la Resolución 2 del 15 de enero de 2024, que en su momento sustituyeron la comparecencia por la prisión preventiva. El colegiado no dispuso una liberación automática ni sin condiciones: ordenó al órgano jurisdiccional competente dictar nuevas medidas cautelares alternativas y proporcionales que garanticen la presencia de Cerrón en el proceso sin recurrir a la privación de su libertad.
Tras conocerse el fallo, Cerrón se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que el tribunal ordenó su libertad por haber sido objeto de una arbitrariedad judicial y no por acuerdos irregulares, y sostuvo que ese proceso incidió negativamente en su desempeño durante las recientes elecciones generales. El recurso de hábeas corpus había sido presentado por el abogado José Enrique Llumpo Agapito contra la resolución de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que en su momento había declarado improcedente la demanda antes de que el caso llegara al TC. De acuerdo con fuentes consultadas por medios locales, la misma sesión del pleno resolvió en sentido favorable un recurso similar vinculado al expresidente Ollanta Humala.
Cerrón, exgobernador regional de Junín y fundador de Perú Libre —partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia en 2021—, permaneció prófugo durante casi tres años, desde octubre de 2023. Pese a esa condición, postuló como candidato en las elecciones generales de este año, aunque no pudo participar en los debates presidenciales. Su agrupación no logró obtener representación en el nuevo Congreso bicameral instalado tras esos comicios. El proceso que originó su prisión preventiva se sustenta en imputaciones de organización criminal y lavado de activos vinculadas a la gestión regional que encabezó en Junín.
La decisión del TC no cierra el proceso penal en curso contra Cerrón, que continúa por los delitos de organización criminal y lavado de activos, pero cambia sustancialmente su situación procesal: de la clandestinidad y la orden de captura pasará a enfrentar la investigación en libertad, bajo las medidas restrictivas que determine el Poder Judicial en cumplimiento de lo ordenado por el TC. La resolución reabre además el debate público sobre los criterios que emplean los tribunales peruanos para justificar o levantar la prisión preventiva, en particular respecto del peso que debe otorgarse a la condición de no habido como indicio de riesgo de fuga.
Con el fallo del Tribunal Constitucional, Vladimir Cerrón deja la clandestinidad que mantuvo desde octubre de 2023 y continuará el proceso por el caso Los Dinámicos del Centro bajo comparecencia, mientras el Poder Judicial define las nuevas medidas restrictivas que deberán reemplazar a la prisión preventiva anulada. La decisión, adoptada por una mayoría de cuatro votos frente a tres discrepancias dentro del propio tribunal, se suma a un contexto político marcado por la reciente instalación del nuevo Congreso bicameral y por el debate sobre el manejo judicial de los procesos vinculados a Perú Libre.