Tras el fallo de 2025 sobre la Ordenanza 610/MM, una inmobiliaria denunció nuevas trabas a tres proyectos de vivienda social.
La fiscalía anticorrupción investiga al alcalde de Miraflores, Carlos Canales, y a cuatro funcionarios municipales por presuntas trabas a tres proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS). La investigación se abrió a partir de una denuncia de HL Desarrollos Inmobiliarios, según una disposición fiscal del 17 de julio de 2026 citada por Perú21. La municipalidad rechaza la acusación.
El caso surge después de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional, en 2025, parte de la Ordenanza 610/MM: la que permitía suspender los efectos de una licencia o el inicio de una obra mientras el Ministerio de Vivienda evaluaba un pedido municipal de nulidad. El fallo mantuvo la facultad de fiscalización posterior de la comuna.
LO QUE ESTABLECIÓ EL TC
La Ordenanza 610/MM, aprobada por Miraflores en 2023, encargó a la Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas revisar posteriormente todos los informes técnicos favorables emitidos por revisores urbanos. También estableció mecanismos para suspender licencias y obras mientras el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) resolvía los pedidos de nulidad de esos informes.
Ante una demanda de la Defensoría del Pueblo, el TC declaró fundada en parte la impugnación mediante la Sentencia 16/2025. Consideró válida la fiscalización posterior, pero anuló las disposiciones que permitían la suspensión durante la evaluación del ministerio. El fallo no prohibió toda intervención municipal frente a proyectos VIS: delimitó cómo puede ejercerse esa intervención.
En un pronunciamiento anterior, de 2023, el TC había establecido que la zonificación y el planeamiento urbano son competencias municipales. A la vez, advirtió que los gobiernos locales no pueden usar esas competencias para obstaculizar inconstitucionalmente el desarrollo de viviendas de interés social.
LA DENUNCIA DE LA INMOBILIARIA
HL sostiene que sus tres proyectos en Miraflores contaban con autorizaciones del MVCS y que la comuna les impuso trabas administrativas. También denunció que se le exigieron «compensaciones» para permitir la continuidad de las obras. Son afirmaciones de la empresa que la investigación fiscal deberá esclarecer.
Según HL, el edificio de su proyecto en la avenida Paseo de la República está terminado, pero no puede entregarse porque aún no obtiene la conformidad de obra municipal. Los otros dos proyectos se ubican en las calles Shell y Gervasio Santillana. Su abogada, Liliana Campos, afirmó que uno de los obstáculos es la exigencia de acreditar que los proyectos corresponden a la modalidad VIS y señaló que algunas constructoras han acudido al Poder Judicial.
LOS INVESTIGADOS
De acuerdo con la disposición citada por Perú21, la investigación comprende, además de Canales, a Martín Quevedo y Bryan Suárez, vinculados a la Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas; al especialista legal Eduardo Díaz Andía; y a la arquitecta verificadora Zoila Moscoso. La información publicada no precisa los delitos atribuidos a cada investigado. La apertura de una investigación no constituye una declaración de culpabilidad.
LA POSICIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica de Miraflores, negó a Perú21 que la denuncia tenga fundamento. Afirmó que la controversia responde a la negativa municipal a autorizar, según su descripción, un edificio de 36 pisos en un terreno de 500 m², por el impacto que tendría en la zona.
Respecto de las «compensaciones», sostuvo que la comuna planteó un aporte voluntario al distrito como alternativa a la demolición de construcciones que considera ilegales. También reconoció que algunos proyectos VIS continuaron después de que sus casos llegaron a instancias judiciales. Corresponde a la fiscalía determinar qué ocurrió en los proyectos denunciados por HL.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
La controversia se inscribe en una disputa más amplia sobre la vivienda social en Lima. La Ordenanza Metropolitana 2361-2021 regula este tipo de proyectos, pero excluyó de su ámbito de aplicación al Área de Tratamiento Normativo III, que comprende Miraflores y otros sectores de la ciudad, con las excepciones previstas en la propia norma. Los posteriores fallos del TC delimitaron las competencias nacionales y municipales; ninguno resolvió por anticipado la situación particular de los tres proyectos de HL.
OTROS FRENTES DE LA GESTIÓN
Esta no es la primera investigación fiscal conocida que comprende a Canales. En septiembre de 2025, el Ministerio Público informó que la fiscalía ambiental había abierto una investigación preliminar por la construcción de una caseta de serenazgo en el parque Leoncio Prado. Aquel expediente se refiere a hechos distintos de los denunciados por HL. No se ha verificado una conclusión pública de esas diligencias.
IMPLICANCIAS Y PRÓXIMOS PASOS
La nueva investigación comprende a funcionarios del área municipal que la Ordenanza 610/MM encargó de fiscalizar los informes de los revisores urbanos. Esa coincidencia administrativa no demuestra por sí sola que se haya incumplido el fallo del TC ni que se haya cometido un delito. La fiscalía deberá examinar las actuaciones concretas denunciadas por HL.
A tres meses de concluir el mandato de Canales, permanece abierta la controversia por los tres proyectos: la inmobiliaria denuncia trabas y mantiene que su edificio de Paseo de la República espera la conformidad de obra; la municipalidad defiende sus decisiones. Los plazos y los delitos específicos de la investigación anticorrupción no constan en la información pública consultada.
