En una entrevista con Canal N, el alcalde de Magdalena rechazó la acusación de Renovación Popular y también cuestionó la actuación tardía del JNE.

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, calificó de «mamarracho jurídico» la denuncia constitucional presentada por Renovación Popular contra Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por la decisión sobre el retorno de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima. En una entrevista con Canal N, sostuvo que no corresponde acusar a una autoridad por aplicar la prohibición constitucional de reelección inmediata.
Su rechazo a la denuncia no supuso un respaldo sin reparos al organismo electoral. Allison también cuestionó que el JNE no hubiera fijado su postura antes de las elecciones y atribuyó tanto a López Aliaga como al tribunal responsabilidad por la controversia. Para el alcalde, la validez del criterio y la oportunidad de su anuncio son asuntos distintos.
Por qué rechaza la denuncia
Allison argumentó que la prohibición de reelección inmediata también debe impedir que una autoridad vuelva a la misma alcaldía mediante la sucesión municipal. «Denunciar a una autoridad por hacer cumplir la ley no tiene ningún asidero legal ni lógico». Esa es su interpretación del conflicto y el fundamento de su rechazo a la acusación contra Burneo.
El alcalde negó que el titular del JNE hubiera usurpado funciones y sostuvo que la denuncia no debería prosperar. Además, cuestionó lo que describió como una forma de hacer política basada en la confrontación y el insulto. Sus afirmaciones expresan una valoración política y jurídica de la iniciativa, no una decisión sobre su admisibilidad o sobre las responsabilidades de Burneo.
El reproche al JNE por la demora
Allison sostuvo que un pronunciamiento anterior a los comicios habría permitido que candidatos y ciudadanos conocieran las reglas con anticipación. Aunque defendió que el JNE hiciera cumplir la Constitución, consideró que la falta de una definición oportuna contribuyó a la controversia sobre quién puede asumir una alcaldía.
En esa línea, responsabilizó a López Aliaga y al organismo electoral por la crisis y se incluyó, junto con otros candidatos, entre los afectados por la incertidumbre. Su crítica a la oportunidad del fallo no cambia el núcleo de su posición: considera que la prohibición de reelección inmediata debe prevalecer frente a la pretensión de regresar al cargo mediante el reemplazo del alcalde.
Qué cuestiona Renovación Popular
La denuncia surge del criterio que, incluido en el material de base, impide a quienes fueron alcaldes volver inmediatamente al cargo como primeros regidores en el periodo 2027-2030. La información identifica la Resolución N.° 4557-2026-JNE y señala que la decisión alcanza a López Aliaga y a otras veinte autoridades.
Renovación Popular sostiene que el JNE añadió un impedimento que no figura en la regulación de la sucesión municipal y alteró el orden de reemplazo de su lista. Según el mismo reporte, doce legisladores suscriben la denuncia, que pide la destitución de Burneo y su inhabilitación por diez años por presunta usurpación de funciones, abuso de autoridad e infracciones constitucionales. Son imputaciones de los denunciantes, no responsabilidades establecidas.
Lo que la denuncia puede cambiar
Los constitucionalistas Domingo García Belaunde y Alejandro Rospigliosi consideraron que la acusación no prosperaría. Rospigliosi sostuvo que aplicar la prohibición de reelección inmediata no constituye una infracción constitucional. García Belaunde advirtió que una eventual destitución de Burneo no otorgaría por sí misma la alcaldía a López Aliaga. Esas son sus evaluaciones jurídicas, no un resultado parlamentario.
Así, Allison plantea dos cuestionamientos distintos: rechaza la denuncia contra Burneo por considerar que sancionaría el cumplimiento de la Constitución y reprocha al JNE no haber aclarado antes su criterio. La controversia mantiene separados el debate sobre la sucesión en la alcaldía y la evaluación de la acusación.







