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Máxima autoridad del Ministerio Público afronta denuncias en ambas instituciones
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, concluirá su gestión el próximo mes de julio. Sin embargo, existe el riesgo de que pueda hacerlo meses antes debido a investigaciones que están en manos de dos entidades: el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)y el Congreso.
El presidente del CNM, Guido Aguila –quien es el ponente en el caso del fiscal– acaba de emitir un informe de hechos que, según el funcionario, consiste en un recuento de la denuncia que realizó la congresista no agrupada Yeni Vilcatoma contra Pablo Sánchez.
“Yo lo que he hecho es un resumen de toda la denuncia de la doctora [Vilcatoma] y lo he repartido entre los consejeros. En lo que hemos quedado es en que analicen los hechos y que cada uno lleve [al pleno] su propia ponencia”, declaró.
Según Aguila, el caso del fiscal de la Nación se estaría viendo a fines de este mes, de acuerdo con la agenda del pleno y antes de que concluya su gestión.
Por otro lado, las denuncias ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, impulsadas por el fujimorista Daniel Salaverry y por la propia Vilcatoma –por una supuesta inacción en las investigaciones del Caso Odebrecht– aún mantienen en vilo la situación de Pablo Sánchez.
En declaraciones a este Diario, la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra –a quien se le encargó realizar un informe de hechos y proponer si proceden o no las denuncias– dijo que realizará dicha tarea cuando sea notificada de su designación.
Bartra aseguró que, “a diferencia de otras instituciones”, su opinión no obedecerá a “una venganza y actuará objetivamente”.
Cabe recordar que Fuerza Popular fue el principal impulsor de la denuncia constitucional contra Sánchez. El Ministerio Público tiene abiertas diversas investigaciones a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a su ex secretario general Joaquín Ramírez, a congresistas y a otros militantes.
Sin embargo, Pablo Sánchez ha evitado tener enfrentamientos con el fujimorismo.
Incluso ya habría tomado la decisión de inhibirse de evaluar la situación de los nueve congresistas fujimoristas que, según un informe realizado por el fiscal José Pérez Gómez, incurrieron en delito de “violencia contra la autoridad” al supuestamente obstaculizar su labor durante el allanamiento que realizó a dos locales de Fuerza Popular, el 7 de diciembre del 2017.
Esta decisión obedecería a que el fiscal de la Nación no quiere entrar en un conflicto de intereses al resolver la situación de algunos congresistas que figuran entre los que están investigándolo en el Congreso. El caso de dichos parlamentarios pasaría a manos del área de denuncias contra altos funcionarios.
