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El Congreso de la República podría volver a deliberar sobre la inhabilitación de altos funcionarios de la política peruana tras la presentación de seis solicitudes de reconsideración.
Durante la sesión plenaria del 30 de abril de 2025, se sometió a votación la denuncia constitucional que buscaba inhabilitar por 10 años al expresidente Francisco Sagasti, pero la moción no alcanzó la mayoría calificada. Con 61 votos a favor, frente a los 66 requeridos, la propuesta fue archivada.
La acusación contra Sagasti se fundamentaba en su decisión, durante su gestión como presidente de transición, de disponer el retiro de 18 altos mandos de la Policía Nacional del Perú en noviembre de 2020. Se le imputaban presuntas infracciones a los artículos 45, 139 y 172 de la Constitución, así como el delito de abuso de autoridad. A pesar de que el Congreso aprobó la acusación en sí, permitiendo que el Ministerio Público investigase el caso, la falta de votos impidió que se impusiera la sanción de inhabilitación.
No obstante, los congresistas Jorge Montoya (Honor y Democracia) y Alejandro Muñante (Renovación Popular) han impulsado la presentación de solicitudes de reconsideración para volver a someter la votación de la inhabilitación contra Sagasti. Estas gestiones buscan que se reevalúe el proceso, argumentando que la convocatoria inicial se vio afectada por factores como la baja conectividad de algunos legisladores durante una sesión en vísperas de un fin de semana largo.
Este tipo de peticiones no se limita únicamente al caso de Sagasti. En total, se han interpuesto seis solicitudes de reconsideración también contra otros altos funcionarios, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra, el exprimer ministro Salvador del Solar y los exministros del Interior, Vicente Zeballos y José Elice. Cada uno de estos casos enfrenta sus respectivos procesos, donde la discusión gira en torno a la forma en que se aplican las sanciones por presuntas infracciones constitucionales y actos de abuso de autoridad.
En respuesta a las acusaciones, Francisco Sagasti remitió una carta al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en la que rechazó enérgicamente las imputaciones y calificó el procedimiento como una «distorsión evidente de lo establecido en nuestra Constitución». Estas declaraciones reafirman la postura del expresidente, que sostiene tanto su inocencia como la inadecuación de la medida sancionadora planteada.
La reapertura del debate sobre estos casos podría tener repercusiones significativas en el panorama político del país. Si las solicitudes de reconsideración llegan a ser aprobadas por la Mesa Directiva del Parlamento, es probable que se convoque una nueva sesión para someter a votación nuevamente las inhabilitaciones. Este escenario mantiene a la polémica en el centro de la agenda legislativa y plantea la posibilidad de que se impongan sanciones que, de concretarse, afectarían la carrera política de figuras que han tenido un rol decisivo en la historia reciente del Perú.
