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El hallazgo de los cuerpos de 13 mineros asesinados en Pataz, La Libertad, ha sacudido al país y ha puesto en el centro del debate la seguridad en las zonas mineras.
Los trabajadores, secuestrados desde el 25 de abril, fueron encontrados sin vida en un socavón cercano a las operaciones de la empresa minera Poderosa. Según los familiares, las víctimas fueron atadas de pies y manos y algunas habrían sido torturadas antes de su ejecución.
Familiares exigen justicia
Los familiares de los mineros han exigido al Gobierno que asuma la responsabilidad y cubra los gastos funerarios. Sin embargo, hasta la fecha, ni el gobernador regional César Acuña ni la presidenta Dina Boluarte han emitido pronunciamientos claros sobre el caso.
«Me duele e indigna el asesinato de 13 trabajadores en Pataz. Mi solidaridad con sus familias. Exijo justicia y todo el peso de la ley», expresó Acuña en su cuenta de X (antes Twitter).
Críticas a la respuesta del Gobierno
El alcalde de Pataz, Aldo Mariños, criticó la falta de acción del Ejecutivo y calificó los estados de emergencia como «papeles engaña pueblo que no dan resultados». En una reunión con Boluarte, Mariños insistió en que la violencia en la región sigue en aumento y que las medidas tomadas hasta ahora han sido insuficientes.
Por otro lado, el Congreso ha comenzado a impulsar una moción de censura contra el primer ministro Gustavo Adrianzén, quien previamente había minimizado el secuestro de los mineros. La congresista Susel Paredes cuestionó la falta de información del Ejecutivo y señaló que el Gobierno no tiene control sobre el territorio.
El impacto de la minería ilegal
El asesinato de los mineros ha reavivado el debate sobre la minería ilegal y la falta de regulación en el sector. La empresa Poderosa ha instado al Gobierno a replantear su estrategia para enfrentar la criminalidad en Pataz, señalando que la violencia en la zona sigue impune.
La tragedia en Pataz ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores mineros frente a la criminalidad organizada. Mientras los familiares exigen justicia, el Gobierno enfrenta críticas por su falta de respuesta. La inseguridad en las zonas mineras sigue siendo un problema urgente que requiere medidas concretas para evitar que hechos como este se repitan.
