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La coordinadora de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada advierte que recientes normas obstaculizan la persecución penal y favorecen a redes delictivas.
La fiscal superior Fany Quispe Farfán, coordinadora de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, denunció que un conjunto de leyes promulgadas por el Congreso en los últimos dos años ha debilitado gravemente la capacidad del Ministerio Público para investigar y desarticular organizaciones criminales. La funcionaria calificó el impacto de dichas normas como “devastador” para la lucha contra el crimen organizado.
Normas que limitan la acción fiscal
Desde que asumió su cargo en enero de este año, Quispe ha identificado al menos cinco grupos normativos que dificultan la persecución penal. Una de las leyes más cuestionadas es la Ley 30077, que restringe la definición de organización criminal a delitos con penas mínimas de cinco años, excluyendo así conductas como la usurpación, trata de migrantes, delitos ambientales y de corrupción.
“Antes se consideraba delito grave aquel que superaba los cuatro años de pena mínima. Ahora muchas actividades criminales quedan fuera del enfoque de crimen organizado, lo que limita nuestras herramientas”, explicó la fiscal en entrevista con La República.
Otra disposición criticada por la fiscal es la Ley 32326, que modifica el régimen de Extinción de Dominio. La nueva norma exige que los bienes ilegales solo puedan ser incautados tras sentencia firme, lo que, según Quispe, impide neutralizar con prontitud las economías ilícitas.
Restricciones a herramientas clave
La coordinadora también advirtió sobre los efectos de la reducción de plazos para el uso de herramientas fundamentales como las interceptaciones telefónicas y la colaboración eficaz.
“La interceptación telefónica solo puede autorizarse por 60 días, renovables por una única vez. Eso nos deja con 120 días, que resultan insuficientes para desarticular estructuras complejas”, señaló. Esta herramienta permitió desmantelar redes como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, integrada por altos funcionarios del sistema judicial y político.
En el caso de la colaboración eficaz, la Ley 31990 establece un plazo máximo de ocho meses para la corroboración de los testimonios, lo cual, según Quispe, obstaculiza procedimientos que requieren cooperación internacional, levantamiento de secretos bancarios y otras diligencias extensas. “La corroboración no es otra cosa que investigación. Limitar su plazo, sin justificación clara, pone en riesgo procesos claves”, precisó.
Impacto estructural en el sistema penal
La fiscal Quispe también expresó su preocupación por la Ley 32130, que permite la apelación del auto de enjuiciamiento, figura que antes no existía. “Después de una etapa intermedia donde ya se debatió técnicamente, esta norma permite que los imputados dilaten innecesariamente los procesos. En la práctica, facilita estrategias para lograr la prescripción”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó una nueva disposición que permite sustituir penas privativas de libertad por arresto domiciliario en personas mayores de 80 años. Según la fiscal, esta medida desconoce que en el crimen organizado, la edad no limita la capacidad de delinquir.
Contexto político y consecuencias institucionales
Si bien la fiscal evitó atribuir directamente estas reformas a intereses políticos específicos, sí reconoció una coincidencia entre la modificación de normas y los procesos en curso. En el caso “Cócteles”, que involucra a la excandidata Keiko Fujimori, el Ministerio Público cuenta con cerca de una decena de colaboradores eficaces. La bancada de Fuerza Popular impulsó los cambios en la ley sobre esta figura procesal.
“No sé quiénes redactaron ni votaron estas leyes. Lo que puedo afirmar es que todas imponen obstáculos al trabajo de los fiscales”, declaró Quispe.
Escenarios futuros y advertencia institucional
La fiscal señaló que estas normas no solo afectan a su despacho, sino a todas las fiscalías del país. “Se trata de un patrón de normas que reducen la eficacia del sistema penal, debilitan la respuesta frente al crimen organizado y alientan la impunidad”, advirtió.
Por el momento, el Ministerio Público no ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra dichas leyes. Sin embargo, la fiscal Quispe subrayó que las consecuencias ya se evidencian en la práctica diaria: casos paralizados, investigaciones truncas y organizaciones delictivas con mayor margen de acción.
Análisis final Las reformas legislativas impulsadas por el Congreso han generado alarma entre fiscales encargados de combatir estructuras criminales. Mientras las organizaciones ilegales diversifican sus operaciones, las fiscalías enfrentan nuevas barreras normativas. La alerta lanzada por la fiscal Fany Quispe representa un llamado de atención sobre el equilibrio entre reformas legales y la necesidad de preservar herramientas eficaces para enfrentar el crimen organizado.
