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La investigación atribuye a la presunta organización el direccionamiento de 63 contratos por más de S/1,4 millones. El gobernador afronta investigación por colusión y organización criminal y permanece no habido.
El Ministerio Público investiga al gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión, al señalarlo como supuesto líder de la red denominada “Los Socios del Callao”, que habría direccionado 63 contrataciones en el Gobierno Regional y el Cafed por más de S/1,4 millones en favor de dos proveedores. El lunes 15 de diciembre se ejecutó un megaoperativo con allanamientos a 27 inmuebles y a oficinas del Gore Callao, además de detenciones preliminares a funcionarios y servidores por 15 días. La diligencia incluyó el levantamiento del secreto de las comunicaciones para incautar y revisar equipos y mensajería. Castillo, según el reporte fiscal citado, permanece no habido desde hace cuatro días, pese a una orden de detención preliminar; el texto también sostiene que la PNP habría demorado seis días en ejecutar la medida desde que fue declarada fundada el 9 de diciembre.
Antecedentes y contexto del hecho
El caso se inscribe en un patrón recurrente de investigaciones por presuntas irregularidades en compras públicas: fragmentación de adquisiciones y contrataciones por montos que permitirían evadir procesos de selección. En este expediente, la tesis fiscal sostiene que el esquema operó mediante órdenes de compra y de servicio iguales o inferiores a 8 UIT, lo que habría reducido controles y competencia. El foco está puesto en áreas claves para la ejecución del gasto —logística, contrataciones y almacén— y, de forma paralela, en el Cafed Callao, que también habría replicado el mecanismo.
La tesis fiscal: estructura y roles atribuidos
De acuerdo con el documento fiscal reseñado, Castillo Rojo habría direccionado contrataciones mediante un circuito interno encabezado por el asesor FAG Jimmy Whu Cárdenas y la jefa de Logística del Gore, Hiromi Zúñiga Jáuregui, quienes —según la imputación— coordinaban la tramitación de requerimientos y la emisión de órdenes en favor de dos proveedores.
La investigación describe un flujo operativo: entrega de requerimientos, solicitud de cotizaciones, elaboración de cuadros comparativos y generación/suscripción de órdenes de compra y servicio por especialistas y coordinadores del área. En ese marco, se menciona al coordinador/supervisor de contrataciones por montos sin proceso de selección, Wilmer Meza, y a especialistas que intervinieron en la tramitación.
En el Cafed Callao, la Fiscalía señala que se habría actuado con coordinadores de logística —Walter Ipince y Óscar Arias Acuña— y especialistas en contrataciones, con el mismo objetivo: orientar expedientes hacia los proveedores investigados.
Cifras, montos y adjudicaciones bajo investigación
El Ministerio Público atribuye a la presunta red el direccionamiento de 63 adjudicaciones en el periodo indicado en el texto, con un monto total superior a S/1.400.000.
- A favor de Luis Blanco Cabrera: se mencionan 37 adjudicaciones (34 órdenes de compra y 3 de servicio) por S/874.575, con pagos que habrían oscilado entre S/100 y S/39.350.
- A favor de Rafael Moscaisa Gutiérrez: se consignan 19 adjudicaciones (16 órdenes de compra y 3 de servicio) por S/518.525, con montos entre S/5.030 y S/39.500.
- En el Cafed Callao: se detallan siete contrataciones por montos menores, divididas entre ambos proveedores (el texto menciona, entre otros, órdenes por S/16.250 para uno y S/15.725 para el otro).
Más allá del total, el punto de fricción señalado por Fiscalía es el modus operandi: recurrir repetidamente a montos por debajo del umbral de selección, sosteniendo un circuito administrativo que —si se confirma— habría permitido sostener una “línea” de compras en favor de proveedores específicos.
“Elementos de convicción” y medidas de investigación
El megaoperativo del 15 de diciembre incluyó allanamientos en varios distritos de Lima y Callao y en oficinas del Gore. La diligencia incorporó el levantamiento del secreto de las comunicaciones con alcance a dispositivos (laptops, USB, celulares, computadoras) y aplicaciones de mensajería y redes sociales, según el reporte incluido en el texto.
En paralelo, se dispuso detención preliminar por 15 días para un grupo de servidores y funcionarios. Castillo figura entre los comprendidos por la medida, aunque el informe señala que no fue ubicado y que su condición de no habido se mantiene.
Testigos y control interno: las “voces” que refuerzan o tensionan el caso
El documento fiscal mencionado recoge declaraciones de presuntos testigos. Entre ellas, la de un trabajador del Gore que habría señalado que Whu Cárdenas era “la caja chica” del gobernador, y otra de un exgerente regional que afirmó que Whu actuaba con conocimiento y coordinación de Castillo y Zúñiga. Estas afirmaciones, por su naturaleza, se mantienen en el plano de declaraciones y forman parte del soporte que la Fiscalía dice usar para sustentar su imputación.
Además, se menciona al Órgano de Control Institucional (OCI) respecto de observaciones sobre la contratación de Whu, planteando dudas sobre el cumplimiento de requisitos y la relación entre su perfil y las funciones en la entidad. Este elemento introduce un segundo carril institucional: no solo el presunto direccionamiento, sino también el diseño de nombramientos y accesos a puestos sensibles para el control del gasto.
Qué se compraba: el detalle que vuelve verificable el rastro
La relación de bienes y servicios mencionada incluye adquisiciones heterogéneas: desde pizarras y puertas de vidrio, hasta mesas, merchandising, indumentaria para eventos y material publicitario. Este inventario importa por una razón práctica: permite a la Fiscalía contrastar entregables, almacén, conformidades y trazabilidad de cada orden.
En esa línea, el texto atribuye al encargado de almacén un rol presunto de evitar observaciones, lo que, de confirmarse, cerraría el circuito: compra–recepción–conformidad.
Implicancias políticas e institucionales
El caso abre impactos inmediatos en tres planos:
- Gobernabilidad regional: un gobernador investigado por presunta organización criminal y colusión enfrenta presión política y administrativa, incluso si no existe sentencia, por el nivel del señalamiento fiscal y la ejecución de medidas intrusivas (allanamientos y levantamiento de comunicaciones).
- Confianza en compras públicas: la tesis de fraccionamiento por 8 UIT reaviva cuestionamientos sobre la eficacia de controles preventivos y la vulnerabilidad de logística/contrataciones.
- Ejecución de medidas judiciales: el propio texto introduce un punto especialmente sensible: la supuesta demora en ejecutar la detención preliminar y la condición de “no habido”, lo que suele alimentar interrogantes sobre coordinación operativa y eficacia policial.
Próximas acciones y escenarios posibles
En lo inmediato, el curso del caso dependerá de:
- Lo hallado en los allanamientos y la cadena de custodia de dispositivos y documentos incautados.
- El resultado del levantamiento del secreto de las comunicaciones y si aparecen coordinaciones compatibles con la tesis fiscal.
- La situación legal de los detenidos preliminares y eventuales requerimientos de prisión preventiva o comparecencia.
- La ubicación de Castillo, dado que el reporte lo presenta como no habido, y las acciones de búsqueda asociadas.
Panorama
La investigación fiscal sobre “Los Socios del Callao” sitúa a Ciro Castillo Rojo como presunto líder de una red que habría direccionado contrataciones por más de S/1,4 millones mediante compras fraccionadas y un circuito interno de logística y contrataciones. Con allanamientos, detenciones preliminares y levantamiento del secreto de comunicaciones en marcha, el expediente entra en una fase donde la evidencia documental y digital será determinante para confirmar o descartar la hipótesis del Ministerio Público, mientras el gobernador permanece no habido según el reporte fiscal citado.
