La Presidencia del Consejo de Ministros sustentó el paquete penal tras realizar coordinaciones con la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El pedido comprende 66 medidas y plantea otorgar facultades al Ejecutivo durante 120 días.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que la solicitud de delegación de facultades legislativas presentada ante la Cámara de Diputados busca endurecer las normas contra la extorsión, el sicariato, la minería ilegal y los delitos informáticos.
Durante una entrevista concedida a Canal N el 28 de agosto de 2026, el jefe del gabinete explicó que el paquete penal fue elaborado después de coordinaciones con la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. La propuesta forma parte de un pedido que reúne 66 medidas y solicita facultades legislativas por un plazo de 120 días calendario.
Seguridad ciudadana como eje del pedido
La Presidencia del Consejo de Ministros presentó el proyecto de ley ante la Cámara de Diputados el 28 de agosto. La seguridad ciudadana y el orden interno constituyen los principales ejes de la solicitud.
La delegación de facultades es un mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico peruano mediante el cual el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a emitir decretos legislativos sobre materias específicas y durante un periodo determinado. Una vez vencido el plazo, esa potestad retorna al Parlamento.
Además del componente penal, la propuesta comprende medidas destinadas a fortalecer las micro y pequeñas empresas, promover el empleo, modificar aspectos del régimen tributario, impulsar el desarrollo productivo, simplificar trámites y avanzar en una reforma estructural del Estado.
Coordinaciones con las instituciones de seguridad y justicia
Galarreta señaló que, antes de presentar el proyecto, el Ejecutivo sostuvo reuniones con la Dirección Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Según el premier, estas coordinaciones permitieron identificar los vacíos legales que el paquete busca corregir. También respondió a las críticas por el tiempo empleado en preparar la iniciativa y aseguró que el documento pasó por distintas revisiones técnicas.
El jefe del gabinete expresó su confianza en que la Cámara de Diputados respaldará el pedido, especialmente las medidas relacionadas con la atención de emergencias, la seguridad ciudadana y el orden interno.
Galarreta estimó que existe una mayoría favorable a la propuesta y recordó que el Congreso conservará su facultad de fiscalizar los decretos legislativos que emita el Ejecutivo.
Consultado sobre una eventual reducción o fusión de ministerios, aclaró que ese asunto no se encuentra actualmente en la agenda del Gobierno.
Medidas contra el crimen organizado
El paquete penal plantea modificar las normas destinadas a combatir la extorsión, el sicariato, la minería ilegal y los delitos informáticos.
Entre las propuestas se encuentra establecer un marco legal que permita considerar a determinadas organizaciones criminales como organizaciones terroristas. También se busca regular la legítima defensa mediante una presunción de inocencia respecto de la racionalidad del medio empleado.
La iniciativa incluye, además, cambios en el sistema penitenciario. Uno de ellos permitiría, de manera excepcional, la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa y el apoyo operativo de los establecimientos penitenciarios.
Alcance institucional y económico
Si la Cámara de Diputados aprueba la delegación, el Poder Ejecutivo podrá emitir decretos legislativos únicamente sobre las materias autorizadas y durante los 120 días solicitados.
Las modificaciones relacionadas con las organizaciones criminales, la legítima defensa y la intervención de las Fuerzas Armadas en los penales involucrarán directamente a la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Galarreta aseguró que estas instituciones participaron en las coordinaciones previas.
El componente económico podría introducir cambios en el régimen tributario, las obligaciones de los contribuyentes, el funcionamiento de las MYPE, la promoción del empleo y la simplificación de procedimientos administrativos.
El alcance concreto de esas medidas se conocerá cuando se publiquen los respectivos decretos legislativos, siempre que el Parlamento apruebe la delegación.
La decisión queda en manos del Congreso
La Cámara de Diputados deberá evaluar el proyecto y podrá aprobarlo íntegramente, excluir determinadas materias, modificar el plazo solicitado o rechazarlo.
El premier subrayó que, incluso si se conceden las facultades, el Congreso mantendrá intacta su función de control político y fiscalización sobre las normas que dicte el Ejecutivo.
Hasta el cierre de esta edición, la Cámara de Diputados no había establecido una fecha para debatir la solicitud.
Panorama
El pedido de delegación comprende 66 medidas y plantea otorgar facultades legislativas al Ejecutivo durante 120 días calendario. Su componente penal está orientado principalmente a combatir la extorsión, el sicariato, la minería ilegal y los delitos informáticos.
La PCM sostiene que las propuestas responden a vacíos legales identificados en coordinación con las principales instituciones de seguridad y justicia. La decisión sobre las materias autorizadas y la duración definitiva de la delegación corresponde ahora a la Cámara de Diputados.
