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El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, lanzó una contundente advertencia al Parlamento tras la presentación de cuatro mociones de censura en su contra, derivadas de su presunto manejo deficiente de la crisis de inseguridad vinculada al asesinato de 13 mineros en Pataz.
En un escenario de creciente tensión política, el primer ministro señaló que, en caso de ser retirado del cargo y de que se niegue la cuestión de confianza al eventual presidente del nuevo gabinete ministerial, la presidenta de la República, Dina Boluarte, tendría la facultad constitucional de disolver el Congreso.
Advertencia en medio de la crisis política
Durante una conferencia de prensa, Adrianzén subrayó que la recomposición del Gobierno implica la obligación del sucesor de presentarse en un plazo de 30 días ante el Congreso para obtener el voto de confianza. «Imagínate que, por un instante, que censurado Adrianzén, al entrante no le den la confianza. A partir de ese momento, la presidenta de la República, constitucionalmente, puede disolver el Congreso», manifestó en tono de alerta.
El mandatario argumentó que esta medida respondería a la necesidad de evitar una crisis mayor en un contexto de inseguridad ciudadana que, según él, deterioraría la gobernabilidad del país. «¿Cuánto bien le hace al país y a la gobernabilidad que se genere, por la caída del Presidente del Consejo de Ministros, una crisis ministerial en la que todo el gabinete tenga que renunciar como lo manda la constitución?», cuestionó Adrianzén, haciendo eco de un clima de inestabilidad que, de materializarse, podría desencadenar un escenario de doble gabinete censurado.
Aspectos constitucionales y comparación con casos previos
El primer ministro se amparó en la carta magna para justificar sus declaraciones, recordando que, según la Constitución, la presidenta no puede disolver el Congreso hasta un año antes de culminar su mandato. Esto sitúa el límite máximo para una medida de ese tipo en julio de 2025, mientras que se encuentra en pleno mes de mayo, lo que, según Adrianzén, abre la puerta a que tal situación se configure en breve.
Además, el titular de la PCM comparó su situación con las concurreces de censura enfrentadas por Juan José Santiváñez y Rómulo Mucho, exministros del Interior y de Energía y Minas, respectivamente, quienes fueron removidos por el Congreso tras cuestionarse su gestión en momentos críticos, como el manejo de la lucha contra la criminalidad. «Se promueve una censura que difícil ligazón tuvo con aquella interpelación, la que respondía más de 150 preguntas. Ya no pienses en Adrianzén, piensa en lo que le pasó a Santiváñez hace unas semanas y a Rómulo Mucho otras semanas atrás», afirmó.
Asimismo, el primer ministro dejó claro que su vocación a renunciar es «absoluta y permanente» y que, de encontrar que dar un paso al costado implicaría una mejora en la situación, no dudaría en hacerlo. Estas declaraciones se enmarcan en un esfuerzo por justificar la política de censuras en su contra, en medio de un escenario en que el manejo de la seguridad y la gobernabilidad del país se han vuelto temas prioritarios.
Reacciones desde el Congreso
En respuesta a la advertencia, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, calificó las declaraciones de Adrianzén como «opiniones, conjeturas y comentarios» sin sustento real, señalando que, jurídicamente, no existe posibilidad de disolver el Parlamento en las circunstancias actuales, dado que las elecciones ya están convocadas para abril del 2026.
«Para nosotros, lo que marca la ley y la Constitución es el derecho de los congresistas al control político y eso es lo que vamos a ejercer el próximo jueves», afirmó Salhuana, en un tono que buscaba restar importancia a las afirmaciones del titular del Consejo de Ministros.
La confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo se intensifica en un contexto de crisis de seguridad y de incertidumbre sobre la estabilidad del Gobierno. La advertencia de Gustavo Adrianzén sobre la posibilidad de que la presidenta Dina Boluarte disuelva el Congreso en caso de una censura efectiva refleja la gravedad del clima político actual y resalta el riesgo de una recomposición del gabinete en plena coyuntura de inseguridad. Mientras el debate continúa en el Parlamento, las próximas decisiones serán cruciales para definir el rumbo de la gobernabilidad del país.
